En horas, a mediados del año, en plena noche y madrugada, decenas de familias salieron de sus comunidades en Sinaloa amenazadas por grupos armados. Así, niños, mujeres y ancianos “bajaron” a la cabecera municipal de Concordia, a Mazatlán y Villa Unión para pedir ayuda desesperada. Comunidades como Chirimoyos, La Petaca, Santa Rita, Potrerillos, la Capilla del Taxte, El Aserradero del Batel, Pánuco y Santa Lucía, se quedaron solos.
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Por Belizario Reyes
Sinaloa/Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Este 2017, la delincuencia organizada impuso su “hegemonía” en la sierra de Concordia, ante el vacío de poder y el abandono de las autoridades, coinciden grupos civiles y desplazados.
En horas, a mediados del año, en plena noche y madrugada, decenas de familias salieron de sus comunidades amenazadas por grupos armados.
Así, niños, mujeres y ancianos “bajaron” a la cabecera municipal de Concordia, a Mazatlán y Villa Unión, para pedir ayuda desesperada.
Comunidades como Chirimoyos, La Petaca, Santa Rita, Potrerillos, la Capilla del Taxte, El Aserradero del Batel, Pánuco y Santa Lucía, se quedaron solos.
El Gobierno municipal de Concordia, encabezado por José Felipe Garzón López, censó a mil personas que migraron por la inseguridad.
Se trató de la cifra más alta de desplazados en una sola acción en los últimos años en Sinaloa.
Días después el Subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que esos desplazamientos se debían a un rumor sobre la presencia de grupos armados en Concordia.
De inmediato, las víctimas lo refutaron.
“No son rumores, es una realidad, quien diga que es mentira, miente él, ¿usted cree que nosotros vamos a dejar nuestras casas, nuestra estabilidad, todo por sufrir en otro lado?, no señor, es 100 por ciento realidad (que los amenazaron para abandonar sus casas, sus tierras y animales)”, dijeron desplazados.
El 28 de julio, casi quince días después, ocho personas fueron asesinadas cerca del poblado El Aserradero de El Batel, cinco de ellas decapitadas, todas originarias de la comunidad Potrerillos, lo que agravó el desplazamiento forzado.
El 22 de agosto en el Centro de Adiestramiento Militar de El Salto, Durango, los gobernadores de Sinaloa y Durango, Quirino Ordaz Coppel y José Rosas Aispuro Torres, se reunieron con el entonces Comandante de la Tercera Región Militar, General Juan Ernesto Bernal Reyes, y acordaron implementar un plan de acción para rescatar Concordia y reforzar la seguridad en los límites de ambas entidades.
Determinaron la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas y la recuperación económica de la región, una de ellas en Concordia, Sinaloa, y las otras dos en San Dimas y El Salto, Durango, pero la racha violenta continuó.
Con apoyo de camiones para el traslado y el reforzamiento de la seguridad en la región, en las semanas y meses siguientes algunas familias regresaron a sus comunidades, otras más permanecieron en los lugares a donde llegaron en condición de desplazados, donde reciben apoyo de algunas autoridades.
El presidente del Frente Amplio Mazatleco, Arturo Lizárraga Hernández, agrupación que junto con la Asociación de Médicos Cirujanos de Sinaloa apoya a las familias desplazadas, dijo que en esta temporada de fiestas decembrinas se estimaba que un 60 por ciento de las familias que fueron desplazadas de sus comunidades, ya regresarían a sus hogares, al menos temporalmente.
“Y van a ver nada más qué es lo que pasa, cómo están sus pertenencias, sus propiedades, sus casas”, expresó Lizárraga Hernández.
Pero dijo que por las condiciones de inseguridad que todavía prevalecen en la zona, como el asesinato en semanas anteriores de dos personas en Copala, se prevé que a inicios de 2018 nuevamente varias familias regresarán a los lugares donde han vivido desplazados en los últimos meses: Concordia, Villa Unión a diversas colonias y fraccionamientos de Mazatlán.
