Dos de los grupos de búsqueda más grandes de la entidad, Asociación Todos Somos Erick Carrillo y Colectivo Madres hasta Encontrarte, tienen sus propias cifras con base en las familias que se suman a las búsquedas en distintas zonas. Durante el año, el colectivo tijuanense contabiliza 2 mil desaparecidos, mientras que las madres tecatenses actualmente buscan a 104 personas no localizadas o desaparecidas.
Guanajuato, 29 de noviembre (Zeta).– La impunidad en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en Baja California es el principal factor para que este delito se siga replicando en la entidad. Las oficinas de atención de la Fiscalía General del Estado (FGE) reciben en promedio 15 reportes al día por este tipo de crímenes.
De acuerdo con estadísticas de la propia FGE y de colectivos de búsqueda, sólo en 2022 se contabilizan más de 20 mil personas desaparecidas o no localizadas en la entidad. Los municipios donde se presenta el mayor número de personas en esa condición, son de mayor a menor grado: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.
Autoridades locales no se dan abasto para atender a las familias de las víctimas, pero tampoco hay capacitación en perspectiva de género para atender los reportes por parte de agentes del Ministerio Público, funcionarios que revictimizan e incluso criminalizan a las personas desaparecidas, aseguran colectivos consultados por Zeta.
No sólo es eso. Las autoridades no dan seguimiento a las carpetas de investigación ni generan indicios para la búsqueda, para judicializar a los sospechosos de la desaparición de algún ciudadano de Baja California; pero esto no únicamente lo señalan colectivos de búsqueda, sino las propias estadísticas de la FGE.
De acuerdo con información proporcionada a Zeta a través de una solicitud de información por medio de Plataforma Nacional de Transparencia, del 1 de enero al último día de febrero de 2022, se iniciaron 14 mil 891 carpetas de investigación por ese delito.
Mientras que de enero de 2020 a marzo de 2022, se tenían contabilizadas 291 mil 624 carpetas de investigación. De este universo, sólo 33 presuntos delincuentes fueron judicializados, 21 vinculados a proceso y, de estos, 13 fueron detenidos: once en Tijuana y dos en Playas de Rosarito, según la FGE.
Como muestra de la problemática, basta analizar el primer bimestre de 2022, en el que Tijuana abrió 6 mil 602 carpetas de investigación; Mexicali, 4 mil 682; Ensenada, 2 mil 101; Playas de Rosarito, 631; Tecate, 598; San Quintín, 192 y San Felipe 83. En ese lapso se judicializaron sólo cinco casos, en dos hubo detenidos y vinculados a proceso.
Por otro lado, en su Informe sobre Desapariciones en Baja California, la organización Elementa Derechos Humanos expone que de acuerdo a estadísticas de la FGE, de 2007 al 31 de diciembre de 2021 se contabilizaron 14 mil 426 personas desaparecidas en BC. Mientras que en el mismo lapso, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó mil 154 víctimas.
Dos de los grupos de búsqueda más grandes de la entidad, Asociación Todos Somos Erick Carrillo y Colectivo Madres hasta Encontrarte, tienen sus propias cifras con base en las familias que se suman a las búsquedas en distintas zonas. Durante el año, el colectivo tijuanense contabiliza 2 mil desaparecidos, mientras que las madres tecatenses actualmente buscan a 104 personas no localizadas o desaparecidas.
CRIMEN E IMPUNIDAD, LAS CAUSAS
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se han interpuesto quejas contra servidores públicos por la incompetencia para atender las denuncias de personas desaparecidas y porque algunos han participado en este tipo de delito, el cual se cataloga como desaparición forzada.
El caso más reciente es el de José Alberto Cantero, detenido y posteriormente desaparecido por los agentes de la Policía Municipal de Tijuana, Martín Trinidad Martínez, de 36 años, y Esteban Heriberto Galaz Gómez, de 29. Ambos fueron vinculados a proceso el 27 de septiembre.
Pero no ha sido el único. De acuerdo con testimonios recabados por Zeta en el Centro Apoyo Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) y en entrevistas con líderes de los colectivos de búsqueda, la participación de agentes de seguridad es más frecuente de lo que se podría imaginar.
Por ejemplo, cuatro jóvenes en Tecate fueron desaparecidos tras ser detenidos y llevados ante el Ministerio Público; se informó que los habían dejado en libertad, pero nunca se supo más de ellos.
Por otra parte, el señor Eddie Carrillo apuntó que durante 2019 y 2020, época en que Jaime Bonilla Valdez gobernaba Baja California y Arturo González Cruz el municipio de Tijuana, había muchos casos en los que la Policía había participado activamente en la desaparición de alguna persona.
“Algunos casos, creo, sí se llegaron a judicializar, pero no han detenido a nadie. La mayoría quedó en denuncia, bueno, los que decidieron denunciar, porque amenazaban a las familias para no hacerlo y muchas no lo hicieron, pero sí estaba pasando”, apuntó el fundador de Asociación Todos Somos Erick Carrillo, quien desde 1 de junio de 2019 busca a su hijo desaparecido en Tijuana.
Mónica Mariscal, fundadora de Colectivo Madres hasta Encontrarte y madre de David Alberto Manjares Mariscal, desaparecido desde el 1 de julio de 2019, comentó que la FGE apoya en el momento de las búsquedas, pero realmente no investigan; prácticamente quienes realizan el trabajo, son las familias de las personas desaparecidas.
También los ministerios públicos generan impunidad, por falta de perspectiva de género y de empatía con las familias de las víctimas: “Cuando llegamos al MP a preguntar sobre nuestra carpeta de investigación, sobre los avances en ésta, los agentes nos preguntan ‘¿Usted que ha sabido?’. Se quedan con la información que uno les da y ya no investigan. Cuando uno levanta el reporte, le dicen a uno que espere 72 horas para ver si nuestra hija no se fue con el novio”, declaró.
Esto último ha sido negado tanto por la fiscal especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, Adriana Lizárraga González, y el comisionado de Búsqueda de Baja California, Rafael Hernández Murrieta, quienes en entrevista para Zeta, aseguraron que las primeras horas de una desaparición son fundamentales.
La mayoría de las desapariciones se llevan a cabo por parte grupos del crimen organizado, quienes se disputan las zonas de venta y distribución de drogas y otro tipo de mercancías, siendo las personas en zonas rurales o poco urbanizadas las que presentan el mayor número de personas desaparecidas.
Hay tres grupos que tienen a Baja California sumergido en la violencia: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa -dividido entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”- y Cártel Arellano Félix (CAF).
Las víctimas varían en edad y sexo, no hay un patrón específico, la persona más joven desaparecida tiene 14 años y la más adulta 65, de acuerdo con fuentes de las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz en la entidad.
En el caso de Tecate, gran porcentaje de las víctimas no estaban vinculadas con el crimen organizado, algunas fueron desaparecidas cuando se dirigen al trabajo, a la escuela o a realizar algún mandado, detalló la señora Marcela Mora.
Por otro lado, Eddie Carrillo apunta a que algunos de los jóvenes son desaparecidos por estar en el lugar no indicado con personas que pudieran tener algún vínculo con la delincuencia. “Antes, sólo se llevaban a la persona con la que tenían problema, pero ahora agarran a todos los que están con esa persona, aunque no tengan vela en el entierro, o sea, inocentes, y tienen el mismo destino”, declaró.
SÓLO 15 POR CIENTO DE LOS DESAPARECIDOS, SON ENCONTRADOS
El padre de Erick Carrillo asegura que en Tijuana, en promedio se desaparece a cerca de 3 mil 500 personas, sólo el 15 por ciento es localizado, en su mayoría sin vida.
Aunque en la actual administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda y con Ricardo Iván Carpio Sánchez como titular de la FGE, se han comprometido e ido transformando -para bien- el proceso de búsqueda y de atención, la impunidad persiste.
Lo anterior, reiteró, porque la FGE no está investigando a los sospechosos de las desapariciones, ni los paraderos de las víctimas.
“Desde 2019 voy casi diario a la Unidad de Desaparecidos y he podido observar la incapacidad, la incompetencia que tienen algunos agentes del Ministerio Público, lo que genera malas o nulas investigaciones, provocando impunidad. Digo esto sin demeritar el esfuerzo que esta administración realmente ha puesto para atendernos”, apuntó.
Finalmente, Mónica Mariscal informó a Zeta que durante 2022 han logrado localizar a 10 personas desaparecidas, con vida, y encontrado a otras 48 víctimas en restos óseos en fosas en el territorio de Baja California. De los que se encontraron con vida, cinco estaban en la indigencia, y otros se encontraban en prisiones del Estado.
Los principales lugares donde se presenta la desaparición de personas, son La Rumorosa, El Hongo y Cerro Azul, zonas rurales y en la periferia de Tijuana y Tecate. Mientras que la mayoría de los hallazgos los han hecho sobre la carretera a Laguna Hanson, Cañón Manteca, Peña Blanca, Ejido Felipe Ángeles, Mi Ranchito, Loma Toba, entre otras.
“Nosotros sólo pedimos encontrar a nuestros familiares, no más, para poder darles santa sepultura y puedan descansar en paz. No buscamos venganza, no queremos problemas, sólo quiero a mi hijo de vuelta”, concluyó la señora Mónica.
OPACIDAD
Zeta solicitó al área de Comunicación Social de la FGE, incluso al fiscal Ricardo Carpio, datos actualizados de las personas desaparecidas o no localizadas en Baja California, pero hasta al cierre de edición, no quisieron -o no pudieron- dar respuesta a dicha solicitud.
