Desde Guadalajara, integrantes de la Organización Interamericana de defensoras y defensores de audiencias realizaron su declaratoria anual. SinEmbargo reproduce el mensaje íntegro. 

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Las defensoras y defensores de las Audiencias, del Público, Ouvidurias y del Televidente, así como especialistas de los derechos de las audiencias y referentes de organizaciones sociales, en reunión en el V Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, bajo el marco de TVMorfosis, declaramos:

-Que a pesar de los lineamientos internacionales y los compromisos asumidos por los Estados en materia de Derechos Humanos, en los últimos años se ha recrudecido la crisis política, económica y social de la región con un notorio deterioro del Estado de Derecho.

-Que el aumento de la concentración comunicacional; la derogación y los intentos de acotar las legislaciones promotoras del derecho humano a la comunicación; el control gubernamental y la precarización de los medios públicos, y las constantes estrategias de silenciar las voces opositoras, conspira contra las democracias.

-Que la falta de políticas públicas de desconcentración comunicacional, promoción de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, de pueblos originarios, sistemas públicos y universitarios, recrudece la crisis.

Que fenómenos como las falsas noticias o fake news, y el control algorítmico de acceso y distribución de la comunicación, generan nuevas exclusiones sociales, políticas y comunicacionales, que deben ser tenidas en cuanta para la elaboración de acciones específicas.

Que en ese escenario de vulneración de derechos, los retrocesos en la regulación bajo el pretexto de una legislación actual y convergente ponen en riesgo los derechos de las audiencias, conquistados en el siglo XXI.

-Que frente a esta realidad, las Defensorías de las Audiencias se convierten en una herramienta clave en este mundo analógico que convive, interactúa y confluye con la era digital.

-Que con su capacidad dialógica y pedagógica, de la que da cuenta numerosas experiencias en la región, las nuevas Defensorías de las Audiencias de América Latina se proponen como puente y enlace estratégico de los ciudadanos para la democratización de la comunicación.

Por lo anterior, como camino hacia la protección y promoción y de la grave vulneración de derechos de las audiencias reclamamos:

– En Argentina, el urgente cumplimiento de la legislación vigente (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522; Ley de Argentina Digital 27.078), dejando sin efecto toda intervención arbitraria de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y procediendo al inmediato nombramiento de una Defensora o Defensor tal como señala la LSCA, a través del Congreso de la Nación Argentina, con garantías de participación de las audiencias.

Exigimos la desgubernamentalización de la ENACOM y toda institucionalidad del campo comunicacional. Asimismo requerimos medidas efectivas que garanticen la sustentabilidad de los medios comunitarios, alternativos y populares, así como de pueblos originarios, universitarios y públicos; la distribución equitativa y no discriminatoria de la publicidad oficial; el cese de persecuciones y detenciones arbitrarias en el campo comunicacional, así como el cierre de distintos medios.

– En Brasil, con la Ley de Creación de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC) se había conseguido institucionalizar la Ouvidoria para constituirse en mediadora de las audiencias con los concesionarios y productores de contenidos de los medios públicos. Esto fue una conquista significativa en el sentido de hacer cumplir la independencia de las defensorías frente a la empresa de radiodifusión y la relación con el Estado.

Sin embargo, en el 2018 la Ouviduria de la EBC pasó por una grave crisis porque los preceptos legales que la definen no están siendo respetados; en este sentido, reclamamos el cumplimiento de las normativas previstas en la ley, dentro de los criterios técnicos y discursivos de calidad, con respecto a los principios constitucionales, a los derechos humanos, a la diversidad e independencia editorial de gobiernos.

– En Colombia el proyecto de ley de modernización del sector presentado por el gobierno nacional en el 2018, si bien actualiza algunos conceptos relacionados con la convergencia de medios, plataformas digitales y la brecha digital, genera dudas sobre la continuidad y fortalecimiento de la TV pública, sus contenidos, la autonomía y pluralismo, derechos de las audiencias y la financiación.

Presenta un enfoque instrumentalista y un retroceso en los principios constitucionales que originaron un ente regulatorio independiente y plural para definir las políticas del sector audiovisual.

Proponemos una revisión del proyecto desde el enfoque de los derechos fundamentales de las audiencias, el desarrollo cultural, la identidad nacional en los contenidos y el diálogo permanente con las audiencias, independientemente del soporte tecnológico.

– En México, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 31 de octubre de 2017, deja en la indefensión a las audiencias al debilitar la protección y garantía correspondientes a sus derechos y al trabajo autónomo e independiente de las y los titulares de las defensorías de las audiencias. Por lo tanto, reiteramos nuestra exigencia para dar marcha atrás a esta contrarreforma y garantizar el ejercicio efectivo de los preceptos reconocidos en la Constitución y la correspondiente Ley Reglamentaria en materia de derechos de las audiencias.

– En Chile, el abrupto cierre del debate sobre una nueva Constitución de origen democrático que reemplace la actual, proveniente de la dictadura, redundó en cerrar también la discusión sobre la garantía efectiva de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como derecho colectivo, desplazando con ello la discusión sobre los derechos de las audiencias. Las recientes campañas mediáticas en altos escenarios de concentración continúan estigmatizando, invisivilizando o de plano excluyendo a actores sociales como los pueblos de origen mapuche, las mujeres, los y las estudiantes, entre otros. Urge modificar la ley 19.733 conocida, como Ley de Prensa, y avanzar hacia una legislación que regule la concentración medial e instale los derechos de las audiencias como una deuda de la democracia.

De igual manera, demandamos el reconocimiento de la comunicación como derecho humano, con políticas públicas de redistribución informativa y de protección de grupos históricamente vulnerados.

Exigimos que se ponga fin a prácticas de persecución ideológica y laboral, así como la difusión de discursos de odio, sobre todo, por parte de funcionarios y funcionarias públicas.

Reclamamos el respeto de derechos de las mujeres de vivir una vida libre de violencias en todos los ámbitos, incluyendo el comunicacional, con medidas efectivas para alcanzar la equidad entre géneros.

Nos pronunciamos por la defensa de la preservación y ejecución de los derechos de las infancias, hoy reconocidas sólo discursivamente, ya que no se plasman en contenido y programación mediática.

Invitamos a las organizaciones sociales, académicas e instituciones de derechos humanos y comunicación a que se sumen a la promoción de espacios de formación y alfabetización mediática e infocomunicacional.

Asimismo, convocamos a licenciatarias y concesionarias de radio y televisión, a medios gráficos y digitales de América Latina a fundar y fortalecer Defensorías de los Públicos, autónomas, independientes, con presupuesto propio, misiones y funciones determinadas para poder realizar su labor dialógica y pedagógica.

Por último, reafirmamos que las Defensoras y Defensores deben tener una reconocida trayectoria en el campo de la comunicación, no sólo en el ámbito profesional sino también en el académico; un compromiso efectivo con los derechos humanos y una profunda vocación y respeto y defensa de los valores democráticos.