La aplicación efectiva de la Ley y los cambios urgentes a las políticas públicas para proteger el medio ambiente en México son parte del decálogo presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental de cara a la COP13. “Creemos que debemos tener el presupuesto y los fondos que se requieren para cuidar el capital natural, hay que cuidar el capital natural porque es de lo que dependemos. Toda la actividad económica y humana depende de la naturaleza”, expuso Gustavo Alanís, director del Cemda.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– México requiere un mayor presupuesto, planeación a largo plazo, inclusión social, transparencia, aplicación efectiva de la Ley y visión transversal en materia ambiental y de conservación de la diversidad biológica, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Por ello, propuso un decálogo, ya que, consideró, “el país continúa arrastrando rezagos importantes en materia de protección de su biodiversidad y patrimonio biocultural”.
En entrevista para SinEmbargo, Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda, destacó la necesidad de revisar si temas como la calidad del aire y del agua, el manejo de residuos sólidos y la conservación de especies son prioritarios y están siendo atendidos por las autoridades, de cara a la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 2 al 17 de diciembre próximos.
En México, aseguró, “en materia ambiental hay una gran cantidad de obstáculos que no permiten que la Ley se aplique y se cumpla de manera efectiva […] La legislación es amplia y basta; sin embargo, dista mucho de su cumplimiento efectivo”.
Por ello hizo un llamado a establecer legalidad en temas de materia ambiental “porque la Ley se hizo para cumplirse, no para negociarse”, en ese sentido aseguró que quienes no cumplan con la Ley ambiental deberán ser sancionados.
A través de un comunicado, la organización destacóique para lograr el cuidado de la riqueza natural se requiere el trabajo en conjunto del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil a fin de que México pueda ser capaz de cumplir con las denominadas Metas de Aichi, del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, mismo que busca detener la pérdida de diversidad biológica, asegurar que para 2020 los ecosistemas sigan suministrando servicios esenciales y así contribuir al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza.
“Creemos que debemos tener el presupuesto y los fondos que se requieren para cuidar el capital natural, hay que cuidar el capital natural porque es de lo que dependemos. Toda la actividad económica y humana depende de la naturaleza”, dijo el abogado Alanís al respecto.
El decálogo que será entregado a la Semarnat y será presentado durante la Convención sobre Diversidad Biológica (COP13) incluye otorgar mayores recursos públicos, así como personal suficiente y capacitado, ya que, criticó, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 redujo los recursos que se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un 37 por ciento con relación al año anterior y sumado a ello, el sector ha sufrido una baja de casi el 50 por ciento en dos años.
“Esto manda un claro mensaje de que la protección al medio ambiente no se encuentra necesariamente dentro de las prioridades nacionales. Supone además, un enorme reto para fortalecer a instituciones tan fundamentales como lo es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”, planteó la ONG.
En el mismo sentido, Alanís cuestionó el recorte al presupuesto y comentó que es necesario fortalecer a las instituciones “que no tienen el suficiente dinero ni el suficiente personal ni la infraestructura para hacer su trabajo. Tenemos que dotarlas de todas las herramientas que requieren para que puedan hacer su trabajo de manera eficiente”.
El segundo punto señala la necesidad de expedir los decretos pendientes de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus programas de manejo, incluyendo estatales y municipales, ya que en la actualidad, sólo el 60 por ciento, o sea, 107 de las ANP en el país cuenta con programas de manejo formulados y publicados; sólo 20 disponen de programas elaborados, pero no publicados, y 55 no cuentan con el instrumento.
“México debe cumplir con la Recomendación 26/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expidiendo los programas de manejo de las ANP, particularmente Yum Balam, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec, Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano y el Corredor Biológico Chichinautzin. Asimismo, siguen pendientes de publicación los Decretos de Área Natural Protegida de la Sierra La Giganta-Guadalupe en Baja California Sur y del Desierto Semiárido de Zacatecas, ambos en categoría de Reserva de la Biósfera”, urgió.
Asimismo, hizo un llamado a elaborar en el corto plazo los ordenamientos ecológicos locales y regionales necesarios para proteger los ecosistemas existentes en el territorio nacional, ya que, explicó, dichos instrumentos permiten contar con la información sobre la capacidad de carga de cada uno de ellos y así controlar los proyectos de desarrollo en los territorios en cuestión.
“En el país son muy pocos los ordenamientos ecológicos locales que se han expedido (recordemos que estos son vinculantes) y por ende, es imperioso que las autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto”, pidió.
El cuarto punto del decálogo de Cemda plantea la relevancia de reducir el número de especies en riesgo y recuperar aquellas en peligro de extinción, pues, subraya que a pesar de que el Gobierno mexicano ha establecido como meta de política pública evitar la pérdida de biodiversidad, especies como la vaquita marina, la tortuga caguama y el águila real han sufrido decremento en sus poblaciones.
“Ante este panorama, es prioritario implementar medidas para evitar la fragmentación o destrucción de su hábitat original, el aprovechamiento intensivo, el tráfico ilegal, la introducción de especies invasoras y exóticas, entre otras”, destacó.
Otra de las urgencias se centra en adoptar medidas legislativas, administrativas y políticas, suficientes, necesarias, oportunas y progresivas para regular la actividad pesquera, lo que incluye reorientar subsidios hacia una gestión sustentable; incorporar la gestión en los Programas de Ordenamiento Ecológicos Marinos; aumentar la cobertura de áreas marinas protegidas al 10 por ciento de la zonas marinas y costeras mexicanas.
En el mismo punto solicita sumar a la legislación instrumentos de política para el manejo pesquero basado en derechos de propiedad, o su equivalente, sobre áreas definidas; separar la función de otorgamiento de concesiones y permisos pesqueros de la de inspección, vigilancia y sanción; incorporar mecanismos reales de participación pública en la gestión pesquera, entre otros. Todo ello, recomendó, dentro de un proceso amplio y transparente de consulta pública a todos los grupos interesados, especialmente los pescadores.
Además, exhortó a reducir las presiones por la actividad humana en los arrecifes de coral. “Como ejemplo de esta necesidad urgente están el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), amenazado por la construcción de la ampliación del Puerto de Veracruz y el desarrollo masivo costero desordenado que vulnera la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano”, señaló Cemda.
El séptimo punto urge a revisar y/o expedir un marco jurídico que proteja adecuada y progresivamente la biodiversidad y el patrimonio biocultural de México, por ello, la ONG recordó que el pasado 25 de octubre se presentó en el Senado de la República la iniciativa que expide la Ley General de Biodiversidad y subrayó la importancia de mantener un diálogo entre los distintos sectores para enriquecer el texto y realizar la consulta a las comunidades indígenas.
De igual manera pide velar por el efectivo cumplimiento de la legislación en materia ambiental. “Es urgente fortalecer los instrumentos existentes para la toma de decisiones así como lo relativo a los procedimientos de inspección-vigilancia y sanción. Las autoridades fiscalizadoras en materia ambiental (como son la Profepa, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y las procuradurías estatales), deben ser robustecidas en razón de que su buena operación desincentivará la comisión de infracciones y delitos en materia ambiental, así como el incumplimiento de la legislación ambiental”, señaló.
Además destacó la urgencia de modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con el objetivo de garantizar el derecho al medio ambiente desde el estándar más alto de protección. “Desde el punto de vista social y de conservación, el principal reto es lograr equilibrio entre las partes que participan, así como buscar congruencia y coordinación entre los programas de protección a los ecosistemas, con los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, y las dependencias de los tres niveles de Gobierno”, se lee en el decálogo.
Finalmente, subraya la importancia de incluir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como eje articulador y transversal de toda la política pública, lo cual incluye a las actividades agropecuarias, pesqueras, silvícolas, mineras, energéticas, de desarrollo urbano y turístico.
El abogado hizo un llamado a que la Semarnat incluya el decálogo en sus planes de trabajo y “a que vean el tema ambiental con transversalidad, ya que no sólo le corresponde a Semarnat, sino tiene que ver con todas las dependencias federales”.
