La falta de vigilancia en transacciones bursátiles, el vacío de Estado y la “asociación mafiosa” entre gobierno y criminales impide detectar cómo y a través de quiénes los cárteles compran estos bonos.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Los cárteles de la droga en México tienen parte de la responsabilidad en la abultada deuda pública, gracias a la compra de bonos y al poco control que existe sobre quiénes compran estos instrumentos, advirtió Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia.
Afirmó que el poco control que existe en los sistemas bursátiles sobre quiénes son los tenedores de bonos de deuda del sector público, y la falta de herramientas que permitan a la ciudadanía “auditar” constantemente al a funcionarios y gobiernos, permiten este tipo de inversión ilícita.
“Es necesario hacer una auditoría a la deuda pública – que en el caso de México supera los 7 billones de pesos– porque no en pocas ocasiones estos grupos criminales son los que compran, a través de empresas o personas ‘legales’ estos bonos que coloca el gobierno”, expresó en entrevista con SinEmbargo.
“La deuda pública son pedazos de papel que se venden en un mercado y si el mecanismo de compra venta no es transparente ni está debidamente regulado, la colocación de bonos del gobierno a tasas obscenas, en muchos casos, son un ejemplo muy claro de que son usados [los bonos] por empresas vinculadas con los cárteles”, expresó.
–¿Estamos hablando de que bonos de deuda del gobierno están en manos de los cárteles?
–Así es, a través de empresas legales, de bonos legales; cuando ves que la deuda publica aumenta exorbitantemente, como sucedió en Coahuila o Chiapas, te vas a dar cuenta que la delincuencia organizada se convierte en tenedores de bonos. Entre un 20 y 40 por ciento de las transacciones que hace la delincuencia organizada son financieras, el resto son transacciones criminales no financieras, respondió.
EL VACÍO DE ESTADO
Explicó que en la economía, la delincuencia organizada invade dos espacios: el de las empresas que producen bienes tangibles y mercados financieros. “La delincuencia organizado desde sus distintos mercados invade, en gran medida, las compañías agropecuarias en las que la familia de Guzmán Loera [El Chapo] tiene muchas propiedades… es una telaraña muy compleja que involucra a actores políticos y a empresarios legalizados”.
“México ha progresado de a poquito, cumpliendo con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero en la economía real, que alcanza al otro 60 por ciento de las transacciones criminales, hay un vacío de Estado porque no hay regulaciones que impidan que sigan transfiriéndose propiedades, a través de notarios, a la delincuencia organizada, como hacían los Zetas, que te iban a visitar y te decían: ‘si no me escrituras esta propiedad mañana con este notario, te matamos a toda tu familia’ y todo esto no se está investigando porque el gobierno se niega a realizar recomendaciones patrimoniales a través de la minería de datos –un campo de las ciencias de la computación que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos–. Si esa minería de datos la llevas el DF, te vas encontrar grandes transacciones patrimoniales criminales”, expresó el experto en temas de seguridad.
Lo anterior, continuó, es ejemplo de que el lavado de dinero producto del narcotráfico no sólo se da a través de grandes empresas o instituciones financieras como los bancos HSBC y Citibank –ambos envueltos en escándalos relacionados con el dinero de los cárteles de la droga– sino también vía los gobiernos.
“Existe siempre ese pacto de impunidad mafiosa, que he venido diciendo desde hace varios años, que impide que otros países implementen mecanismos como en Colombia, y eso permite que no haya corresponsabilidad entre los países para que no se activen este tipo de mecanismos”, lamentó.
MEXICO ES UNA GANGA PARA LOS CÁRTELES
En su más reciente libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, Buscaglia cita una investigación de los científicos Walker y Unger, quienes concluyeron que desde Sinaloa se habían presuntamente realizado transacciones por mil 100 millones de dólares hacia Estados Unidos, tan sólo en 2008, es decir poco más de 11 millones de dólares diarios.
El informe precisa que los lavadores diseñaron cajas especiales, del tamaño de la ventanilla de una caja de banco, para que los cajeros pudieran llevar los recursos directo a la bóveda de la sucursal en cuestión.
Por otro lado, expuso, el vacío de Estado que existe en México, hace al país uno de los más baratos para los grupos de la delincuencia organizada y lamentó que hasta ahora, el gobierno priista no haya mostrado disposición para cambiar las cosas, a pesar de que el Presidente se ha comprometido a implementar unidades de investigación patrimonial autónomas de todos los estados.
En el caso de México, reprochó el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga funciones muy acotadas para analizar la deuda pública, lo que impide que se establezca quiénes, cómo, cuándo y dónde adquirieron los bonos de deuda del gobierno.
“Tampoco hay corresponsabilidad en aplicar los mecanismos penales: en México existe la negligencia criminal que es tan alevosa que no castiga a los bancos que tiene transacciones ilícitas, pero también la ASF debería involucrarse más para investigar la deuda pública en todos los niveles de gobierno”, dijo en entrevista.
En su libro, Buscaglia hace referencia a que desde 1994 existen análisis de miles de expedientes judiciales en los que dan cuenta de las ventajas comparativas que tiene el crimen organizado en al menos 111 países.
Uno de los mecanismos para evitar el lavado de dinero en el que consideró que México ha fallado es el establecimiento de mecanismos de auditoría ciudadana, es decir, que un solo ciudadano, y no un grupo de personas de la sociedad civil, puedan en cualquier momento, establecer a través de información pública el origen y la ruta del dinero tanto de los gobiernos de cualquier nivel como del de servidores públicos.
A pesar de que existen organizaciones civiles que ya han tratado de dar seguimiento al tema de transparencia de las finanzas públicas, afirma que estos esquemas son limitados y el “vacío de Estado” facilita el ocultamiento de información.
Puso ejemplos como el de Brasil en ciudades como Porto Alegre, la Asamblea Ciudadana es la encargada de auditar el presupuesto público, “la sociedad mexicana se tiene que juntar para hacer algo más para que se comience a ver qué políticos son los que van a resistirse”.
A juicio de Buscaglia, una auditoría ciudadana, aplicada por personas capacitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sería la verdadera Revolución Zapatista Mexicana, porque permitiría auditar temas para confirmar cuestiones como el que 8 de cada 10 pesos de las campañas políticas son de procedencia ilícita.
