¿En dónde termina la libertad de expresión? ¿Y la de manifestación? ¿Será en el punto donde comienza la libertad de tránsito o donde deben ser defendidas las garantías de las otras y los otros? ¿O frente al riesgo inminente de violencia o afectación de los derechos patrimoniales y políticos?

Las manifestaciones son instrumento fundamental para expresar demandas, inquietudes y opiniones. El desafío radica en encontrar equilibrio entre el ejercicio de los derechos del conjunto de la comunidad.

Las formas de contención o distensión incluyen defender a la sociedad democrática y, al mismo tiempo, impedir afectación de las libertades de las y los demás.

Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. Hasta en Berlín dejan a los nazis manifestarse, pero van acordonados y rodeados de policías para evitar desbordamientos hacia adentro y desde adentro con respecto a las personas que no son nazis contemporáneos.

Un enfoque ético en la contención parte del principio de proporcionalidad, una actuación de las autoridades en función del tamaño, comportamiento y riesgo de la movilización. En la Ciudad de México, la disolución del grupo de granaderos —en diciembre de 2018 cuando Claudia Sheinbaum, la ahora Presidenta, asumió la Jefatura de Gobierno— tuvo como finalidad garantizar el respeto a los derechos humanos y desarrollar estrategias basadas en el agrupamiento femenil o técnicas de encapsulamiento.

Mientras en ciudades europeas o sudamericanas aún privilegian el uso de la fuerza frente a las manifestaciones —empleo de tanquetas de agua, balas de goma o intervención de grupos antimotines—, la capital nacional desarrolla un modelo de gestión para evitar la confrontación, incluso contrastante con otras entidades.

Ocurrió este domingo afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde policías encapsularon, sin tocar ni con el pétalo de una rosa diría un clásico romántico, a trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes protestaban contra la Reforma Judicial.

Frente a estas técnicas hay otras de quienes aducen falta de respeto a los valores atribuidos sesgadamente a una comunidad. Persisten prácticas policiales para el desalojo por la fuerza, incluso con perros, como las exhibidas el viernes pasado en Querétaro en contra de un grupo de vendedores ambulantes de origen Ñañhu, como parte del operativo “Centro Histórico” para “liberar” las calles del comercio informal.

Respecto de lo sucedido en Querétaro la oposición no dijo ni pío. En relación con el “encapsulamiento”, donde no se tocó a nadie, hubo varias, aunque marginales, expresiones.

Sostengo, como lo ha promovido la Jefa de Gobierno, Clara Brugada —en el cerco para permitir el ingreso de las escuderías del Gran Premio de México no hubo “represión ni golpes”— que el cuidado de la intervención instruido por ella equilibra libertades y derechos, aún en la amplia complejidad del evento a resguardar.
En Querétaro podrían aprender de la CdMx, salvo si está encapsulado el razonamiento.

@guerrerochipres

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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