En entrevista con “Los Periodistas”, Hamlet García Almaguer afirmó que el proyecto de González Alcántara Carrancá busca comparar el régimen democrático en el que actualmente se encuentra el país con una rebelión.
Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales al tiempo que habla de “rebelión” para deslegitimar al gobierno, afirmó Hamlet García Almaguer, Consejero nacional de Morena.
En entrevista con “Los Periodistas”, el exdiputado federal aseguró que el proyecto es también una amenaza directa hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues compra el discurso de que en México existe un régimen dictatorial.
—¿Es una amenaza del Ministro al Gobierno, directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum?, se le preguntó.
—Claro. Está comprando ese discurso del régimen dictatorial, antidemocrático. Siguen en este discurso de la dictadura y van enfilando hasta este momento.
“El proyecto tiene un cúmulo se maromas que nunca antes había visto. Yo les aseguro que si fuera una reforma que tocara la integración del Poder Ejecutivo o que tocara la integración del Poder Legislativo ni se meterían o si fuera un caso de los derechos de los trabajadores o del derecho al agua, pero en este caso es evidente que sí tienen un conflicto de interés”.
García Almaguer afirmó que el proyecto de González Alcántara Carrancá busca comparar el régimen democrático en el que actualmente se encuentra el país con una rebelión.
“Otra ofensa al pueblo de Mexico, y esta sí me parece muy grave, está en la página 50. Está comparando una rebelión, un régimen antidemocrático que modifica principios sustanciales de la constitución con lo que se está haciendo ahora. Todo deriva de la Reforma Judicial, que ya es texto constitucional, de la democracia pura. Aquí el Ministro está comparando una rebelión con un régimen democrático”.
El exlegislador lamentó que el proyecto de González Alcántara Carrancá trate de deslegitimar el mandato popular de más de 36 millones de mexicanos que respaldaron el llamado Plan C de Morena.
“A los 36 millones de mexicanos que votaron el 2 de junio, que lo hicieron conscientemente, les está diciendo que son menos que los mexicanos que votaron por el Constituyente de 1917. Evidentemente es un atentado en contra del movimiento, en contra del expresidente López Obrador, en contra de la Presidenta Sheinbaum, en contra de la mayoría porque está pretendiendo deslegitimar o comparar como si esto fuera un régimen transitorio de revuelta o de usurpación, como algo que hubiera llegado por la vía de las armas y no de las urnas al poder. Para ellos no existe hoy un régimen democrático, no es un régimen que haya obtenido un triunfo legítimo”.
Este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el proyecto que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según el Ministro, la reforma viola principios esenciales de independencia y separación de poderes.
El proyecto plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales, pero avala la de ministros de la Corte, así como la de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Se declina conocer de ese régimen (elección de ministros) en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”, se lee en el proyecto.
En el documento se afirma que no existen causales legales que les impidan pronunciarse sobre la Reforma Judicial, como lo ha declarado la Presidenta y los partidos de la Cuarta Transformación.
El proyecto propone invalidar varios artículos y fracciones sobre el proceso electoral judicial, lo que dejaría sin poder aplicar la reforma, al menos en 2025. De aprobarse por la SCJN, quedaría anulada, manteniendo la autonomía actual del sistema judicial. Lo anterior, significaría que la reforma promovida por Morena y sus aliados no podría avanzar, al vulnerar las garantías fundamentales de imparcialidad.
Y al anular la reforma, evitaría que jueces y magistrados estén sujetos a controles políticos en sus nombramientos y sanciones. De esta manera, también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantendría su autonomía, lo que -aseguran- garantizaría la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y Legislativo.
