No obstante que es un tema primordial para el país y más aún en la relación México-Estados Unidos, poco se ha dicho en últimas fechas con relación al futuro de la política migratoria mexicana en el “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación (4T). Claudia Sheinbaum ha sido escueta en este sentido y parece que espera más bien el resultado de las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos para delinear una política clara y fijar una postura sobre este tema desde el Gobierno mexicano. Llama la atención el poco interés parece haber generado esta discusión tan fundamental entre el equipo de la nueva Presidenta. También sorprende que un Gobierno que se ostenta como férreo defensor de la soberanía de México, de los paisanos en Estados Unidos (que tanto contribuyen a nuestro país con remesas) y de las minorías en general, haya sido tan poco contundente, timorato y servil ante las exigencias de Estados Unidos en este tema tan capital.

El balance en el tema migratorio para el Gobierno de López Obrador no es precisamente positivo y su desempeño en esta área parece tener más obscuros que claros. En realidad, el Gobierno de la 4T se ha ceñido en lo general a las exigencias de su vecino del norte y ha ajustado su política migratoria en función de lo que le han impuesto desde Washington. Por otro lado, no se avanzado de manera contundente en la defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos; tampoco se logró influir en ninguna política específica de aquel país para brindar más certeza jurídica a nuestros connacionales. La política migratoria mexicana tiene varias vertientes porque es un país de origen, tránsito y destino para personas migrantes.

En estos últimos seis años se avanzó muy poco en la defensa de los derechos de los migrantes (mexicanos y extranjeros), pero sí se ayudó de forma muy especial a avanzar las agendas de los grandes capitales y del Gobierno de los Estados Unidos en su política doble-cara—aparentemente esquizofrénica, pero muy conveniente a los intereses de sus élites económicas que requieren de una fuente inagotable de mano de obra barata y sin derechos. Es decir, México, una vez más, hizo el trabajo sucio para su vecino del norte y siguió fungiendo como su “patio trasero”.

El Gobierno de nuestro país aceptó, sin chistar, el programa “Quédate en México” (los Protocolos de Protección Migratoria o MPP); envió a la Guardia Nacional a la frontera sur y expulsó migrantes de su territorio en las ocasiones que así se lo exigía la nación vecina; además, encomendó a las fuerzas armadas la vigilancia en rutas migratorias. Cabe destacar, que durante el 1er Piso de 4T, el Gobierno mexicano gastó innumerables recursos para avanzar las agendas de Estados Unidos en materia migratoria, sin recibir mucho apoyo financiero por parte de esa nación y a cambio de un poco de independencia para tomar decisiones internas en el marco del meteórico avance del partido Morena.

Mientras tanto, en Estado Unidos, demócratas y republicanos hacen como que se pelean y difieren sobre el tema, pero en realidad ponen en escena un burdo espectáculo para mantener el status quo.

Es decir, la supuesta pelea entre políticos estadounidenses de los dos bandos mantiene una parálisis o estancamiento legislativo que no deja opción más que para la acción diferida a la deportación—a través de las peticiones de asilo. Entretanto, ese país tiene una fuente inagotable de mano de obra joven y con mucha iniciativa, que ha pasado las pruebas físicas más duras, para hacer a América Grande. Mientras tanto, los solicitantes de asilo no acumulan antigüedad, ni tienen acceso a los beneficios que les corresponderían por ley, si el sistema les permitiera regularizar su situación migratoria.

El sistema migratorio estadounidense—y el global en general—opera con la misma lógica que beneficia a las élites y al gran capital, mientras que los políticos de todas las ideologías montan un burdo espectáculo que deja en la indefensión a millones de personas. Al mismo tiempo, países como México o Marruecos entregan su soberanía y operan como patios traseros de los imperios o como vasallos de los grandes intereses capitalistas. Recordemos que la política migratoria mexicana no se diseña en la Ciudad de México, es hecha en los Estados Unidos y dictada desde Washington DC.

Eso pasaba antes y sucede ahora mismo. Se vislumbra que dichas tendencias se mantengan estables en el segundo piso de la 4T. Es posible que Francisco Garduño—el polémico director del INAMI que sigue aún en su puesto aunque enfrenta un proceso judicial por lo ocurrido en la estación migratoria bajo su mando en 2023, donde murieron 40 migrantes extranjeros encerrados bajo llave—se mantenga en su misma posición hasta noviembre. Una vez llevada a cabo la elección general estadounidense, el Gobierno mexicano recibirá (y acatará, como siempre) órdenes en materia migratoria de la nueva persona que tomará el bastón de mando en el vecino país del norte. Es hasta entonces que se espera que la Presidenta Claudia Sheinbaum haga explícita la política migratoria mexicana—que, como vemos, siempre está “hecha en América”.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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