El GIEI presentó este día un nuevo informe en que reveló que el Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la Noche de Iguala, pues durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas al grupo criminal Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los estudiantes y “de dónde había que mandar a los jóvenes”.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), alertaron sobre decisiones inexplicables que ha tenido la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa.
En entrevista con Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, los integrantes del GIEI vieron con preocupación que fiscales ajenos a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que no conocen el caso de los 43 normalistas, pidieran 83 órdenes de aprehensión con fundamento y luego solicitaran la revocatoria de 21 de ellas.
Beristain cuestionó que se haya tenido conocimiento de lo que estaba pasando en tiempo real durante la Noche de Iguala y no hubiera una acción en ese momento ni después: “Los resultados de esas escuchas se pusieron a disposición de la investigación de la FGR y eso es lo que duele, nosotros alertamos sobre eso, esas son las cuestiones que hay que resolver y también hay que volver a considerar una mayor apertura de esos archivos porque ahí hay intervenciones telefónicas parciales, que tengamos más acceso a la información, porque eso es información determinante para la búsqueda de los desaparecidos”.
Los expertos indicaron que luego de realizar las nuevas diligencias pudieron confirmar que sí hubo un “bloqueo de la acción” hacia la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, lo que provocó que tuviera que iniciar de cero las pesquisas.
“Lo que sí es evidente es que hay un bloqueo de la acción de la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa que venía investigando. Dar la vuelta a una situación que venía de lejos, el uso de la tortura en los casos que llevaron a la liberación de muchos detenidos supuso resetear de nuevo la investigación, volver a empezar otra vez y en ese camino estaba la unidad y ha sido parte del trabajo del GIEI en este tiempo. La intervención de la propia unidad supone un bloqueo de esa investigación y sabemos que es un tema de estructuras que las estructuras no se cambian solamente porque haya una nueva unidad de investigación”, comentó Beristain.
Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain indicaron que a pesar que desde su creación UEILCA ha estado acompañada del GIEI, no ha dejado de estar rodeada por funcionarios y gente que vienen de un antiguo sistema.
“Esa unidad ha tenido el acompañamiento, el seguimiento, el apoyo del GIEI para poder hacer su trabajo de la manera más correcta posible, pero alrededor hay muchos funcionarios, muchas gentes que vienen de un antiguo sistema y no sabemos en qué medida eso está influyendo o no en lo que está pasando. Lo que sí está pasando es que hay una influencia negativa en el desarrollo de la investigación y estamos en un momento crucial que está por verse si el derecho a la verdad y la justicia que ha ido avanzando poco a poco y ha ido dando pasos significativos, tenemos un mayor esclarecimiento de pruebas que no sabíamos hace años, tenemos pruebas, tenemos peritajes, tenemos otras evidencias que se han ido acumulando, las maneras de hacer eso son maneras que no responden al derecho y no responden a la cualidad de la investigación que ya se tiene”, añadió el experto.
Claudia Paz y Paz insistió a su vez en que es preocupante que fiscales ajenos a la la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa ejecuten las órdenes de aprehensión. “Que todo esto se realizase por personal fuera de la unidad especializada, son conductas y actuaciones que por lo mínimo deben ser explicadas”, dijo Paz y Paz.
Los expertos indicaron también que su relación con el Fiscal Alejandro Gertz Manero “ha sido muchísimo menos” que lo que hubieran querido, pues sólo han tenido un encuentro con él de manera virtual.
“Nosotros solicitamos días antes de presentar este informe una entrevista con él, justamente para explicarle nuestras preocupaciones, nos dijeron que en octubre, no tenemos una fecha exacta”, dijo Claudia Paz y Paz.
El GIEI presentó este día un nuevo informe en que reveló que el Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la Noche de Iguala pues durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los estudiantes y “de dónde había que mandar a los jóvenes”.
En conferencia de prensa, los integrantes del GIEI indicaron que había una relación directa entre miembros del Ejército, policías y criminales. Además, que Guerreros Unidos, familiares de los 43, y policías locales y estatales en la región eran vigilados por la Sedena con el programa de espionaje Pegasus.
Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain afirmaron que efectivos del CISEN y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) grabaron actos de tortura durante la investigación y dijeron que todo el proceso de desaparición de los 43 jóvenes tuvo seguimiento, en tiempo real, de elementos de inteligencia. Los estudiantes, en particular, eran espiados desde adentro, con infiltrados en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El GIEI indicó que desde febrero de 2022 entregaron un informe al Gobierno federal en el que daba a conocer que, después de que les fueron abiertos los archivos de la Sedena, descubrieron que el Centro Regional de Inteligencia Militar existía desde el 2014, situación que se negó durante la administración de Enrique Peña Nieto que aseguró que inició operaciones en 2015, y que en ese centro se realizaron los monitoreos.
Además, detallaron, tuvieron conocimiento de que las intercepciones a las comunicaciones comenzaron desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2014, lo que confirmaría que algunos de los jóvenes seguían con vida días después de su desaparición.
El GIEI también reveló que en los archivos que le abrió la Sedena se encontraron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que muestran la relación que existía entre el grupo criminal con militares, en concreto con el Capital José Martínez Crespo y el Coronel Rafael Hernández e incluso con personal de la Marina, que aún no se ha investigado; así como con presidentes municipales y policías locales.
