En México estamos a punto de perder dos derechos constitucionales. Una reversión grave en la construcción de un auténtico Estado de derechos, donde estos sean exigibles y la organización estatal disponga de mecanismos para el acceso universal a ellos. Si se consuma la demolición del INAI, los mexicanos perderemos en los hechos dos derechos fundamentales en cualquier democracia: el derecho a la información pública y el derecho a la protección de nuestros datos personales.

Crecí en un periódico. Desde niño pasé horas a lado de mi padre en la redacción de El Día, diario del que era subdirector y que era el vocero de la izquierda leal al régimen (ya desde entonces había quienes se consideraban de izquierda y apoyaban al régimen personalista y arbitrario porque ahí estaban representados los intereses populares). Ahí me dedicaba a leer periódicos y revistas y a escuchar las decisiones editoriales que mi padre transmitía a los reportero y redactores. Conocí, así, a fondo los entresijos de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Se trataba de un mecanismo de control basado en las subvenciones públicas –ya fueran a través de gasto de publicidad o directamente como complemento salarial a los reporteros y regalos costosos a los directivos–, condonación de impuestos, de las cuotas del IMSS y créditos enormes del monopolio del papel, PIPSA, de propiedad estatal y controlado directamente por el gobierno en turno.

No había necesidad alguna de censura previa y había cierto grado de libertad de opinión, pero existían reglas no escritas que los periódicos de la época seguían sin chistar. La primera era que al Presidente de la República no se le criticaba, tampoco a su familia. El Señor del Gran Poder era intocable. Una caricatura considerada ofensiva podía significar el cierre de una publicación, como le ocurrió a la revista Política al principio del gobierno de Díaz Ordaz. Pero la forma de desaparecerla no era prohibiéndola, sino cortándole el suministro de papel.

La segunda regla era que tampoco se tocaba a los generales, ni se indagaba sobre a qué se dedicaba el ejército. Un manto de opacidad cubría la mayoría de las acciones y prácticas de los militares. Y la tercera era que el gobierno tenía el monopolio sobre la información pública: esta era de su propiedad, y solo se conocían los datos que el gobierno quería publicar, en los anexos de los informes presidenciales y a través del organismo de estadística, el cual estaba también dirigido y controlado por el gobierno en turno.

En los tiempos del PRI, los únicos escándalos de corrupción que se publicaban eran los fabricados o, con frecuencia, simplemente desenmascarados por el nuevo gobierno para castigar a políticos del gobierno anterior caídos en desgracia, y convertirlos en ejemplo de cómo, ahora sí, el nuevo Señor Presidente iba a ser implacable con la corrupción.

El gobierno informaba solo lo que consideraba que podía convertirse en logro, con frecuencia cargada de hipérboles verbales y numéricas. Los datos estaban hechos para resaltar la de por sin inmarcesible imagen presidencial. La redición de cuentas se constreñía en la Contaduría Mayor de Hacienda, un órgano controlado por la llamada Gran Comisión de la Cámara de Diputados, órgano de control presidido por el líder de la bancada del PRI, abrumadoramente mayoritaria.

El primer gran paso en el sentido de democratización más profundo que dio el régimen de la transición, uno de sus innegables méritos, fue, primero, establecer las reglas y el mecanismo de acceso a la información pública federal y, después, reformar el artículo VI constitucional para hacer sujetos obligados a todas las dependencias del Estado, tanto federales como locales, las empresas productivas del Estado y los organismos autónomos, y de toda aquella organización que reciba recursos públicos.

Ese derecho se hizo plenamente efectivo. El sistema nacional de transparencia ha logrado avances enormes y el acceso a la información pública es muy amplio. Y el órgano garante ha sido fundamental para conocer sobre la operación general del Estado, sobre los contratos públicos, sobre salarios y prestaciones de los funcionarios, sobre el índice de letalidad de las fuerzas armadas durante sus operaciones, sobre la “estafa maestra”, sobre la Casa Blanca o sobre el escándalo impune de Segalmex. De lo general a lo particular la información que genera el Estado pasó de ser propiedad del gobierno en turno a ser propiedad común de la sociedad. El INAI ha sido el mecanismo a través del cual la ciudadanía ha podido ejercer su derecho.

Para los medios de comunicación eso implicó un cambio que algunos supieron aprovechar. Se comenzó a hacer periodismo de investigación con datos verificables y no solo a partir de las filtraciones informales de los funcionarios a los reporteros. Se ha hecho buen periodismo en casos emblemáticos gracias al INAI. También la investigación académica se ha nutrido del acceso universal a la información que genera el Estado y sus adláteres, para elaborar un retrato más fiel de la realidad mexicana y para sustentar sus proposiciones.

Pero el INAI también ha garantizado un derecho individual fundamental: el derecho a la protección de su información personal, de la parte de su intimidad, de la cual es propietario, pero que provee al Estado y a particulares para acceder a servicios y bienes. Y también para hacer que se reconozca la propia identidad en casos de confusión de nombres. Yo fui testigo hace unos años de cómo mi madre pudo finalmente, gracias a una resolución de consejo del INAI, poner los recibos del agua a su nombre legal con sus dos apellidos, pues no podía hacer ningún trámite ni reclamación ante el sistema de aguas de la Ciudad de México porque en los recibos aparecía con “de Romero”, como se acostumbraba todavía en la década de 1960 en los trámites oficiales, cuando no contábamos con documentos de identidad fiables y homogéneos.

En fin, el órdago destructor se va a cargar a un sistema que ha ampliado sustancialmente los derechos y libertades y que contribuyó a que nuestra enclenque democracia diera resultados tangibles. Es un despropósito que solo muestra el talante autoritario del Gran Líder y de la coalición de poder formada en torno a él y que ahora tendrá a Claudia Sheinbaum como vocera. Con la desaparición del INAI los mexicanos seremos bastante menos libres.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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