La Reforma Judicial se discutirá desde el 3 de septiembre en la próxima legislatura, en la que Morena tiene asegurada la mayoría en la Cámara de Diputados y está a un voto en el Senado. Si bien es la prioridad, no es la única que impulsarán los nuevos legisladores, quienes recibirán 19 dictámenes ya aprobados en comisiones; solo uno tendrán que volver a plantearse: el de la Reforma Electoral, en el cual la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo presentará una nueva iniciativa.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).— La próxima legislatura arrancará ya con una ruta trazada. La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido a los legisladores del oficialismo iniciar, desde el próximo martes, la discusión de la Reforma Judicial. Si bien se trata de la iniciativa más ambiciosa que impulsa la llamada Cuarta Transformación, no es la única.
El Congreso hereda, por ejemplo, la discusión de otros dictámenes ya aprobados en comisiones, como el de la Reforma Laboral para reducir la jornada a 40 horas; al menos 100 nombramientos pendientes, incluidos los de ocho magistrados electorales federales, 49 magistrados de tribunales estatales y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros cargos; así como la aprobación de los 19 dictámenes aprobados del paquete de reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, los relacionados con la desaparición de organismos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
La LXV Legislatura concluye sus trabajos el 31 de agosto de 2024, dejando una serie de reformas trascendentales para el país. Por lo tanto, la próxima legislatura, impulsada por Morena y Claudia Sheinbaum, priorizará el paquete de reformas constitucionales presentado por el Presidente en febrero pasado, consideradas clave para consolidar su legado político y blindar la “Cuarta Transformación de México”.
De las iniciativas enviadas por el mandatario nacional en febrero, la mayoría quedaron ya dictaminadas, es decir listas para discutirse, con excepción de la Reforma Electoral, que volverá a ser presentada por Sheinbaum Pardo. Mientras tanto, otras ya están listas para ser tratadas en el pleno, como es el caso de la Reforma Judicial, informó el diputado Hamlet García, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en entrevista con SinEmbargo.
“Quedó nada más pendiente la reforma en materia electoral; todo lo demás avanzó en el nivel constitucional. El lunes antes de la medianoche aprobamos el dictamen de la reforma judicial”, expresó el legislador.
La Reforma Político-Electoral, uno de los proyectos prioritarios del Presidente López Obrador, quedará en suspenso de momento. Dicha reforma, llamada también el Plan A, proponía, por ejemplo, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales —legisladores que llegan al Congreso sin ser votados—, disminuir el porcentaje para que una Consulta popular sea vinculante y que los consejeros y magistrados electorales sean electos por medio del voto popular.
Aunque se espera que será un tema central, ya que es parte de los planteamientos esenciales de Andrés Manuel López Obrador, dicha reforma se replanteará en otra iniciativa, según adelantó en conferencia de prensa el pasado 28 de agosto la propia Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y Ricardo Monreal, próximo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
“Hay 20 reformas que envió el Presidente, entre ellas está la Reforma Electoral, que es la única que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictaminó; en realidad son 19. Quedaría la Reforma Electoral para un replanteamiento después. Ya, cuando entre, el 1 de octubre, estaré enviando lo que me corresponde como Presidenta constitucional”, indicó Sheinbaum el martes.
El Diputado Hamlet García explicó en entrevista que esta reforma no se dictaminó debido a que su discusión no solo correspondía a la Comisión de Puntos Constitucionales, sino también a la Comisión de Reforma Político-Electoral y a la Comisión de Gobernación, que debían emitir sus opiniones. Sin embargo, dos de estas comisiones ya habían cerrado sus sesiones, lo que impidió avanzar en su dictaminación.
García Almaguer explicó que los esfuerzos se enfocaron en la Reforma Judicial y en la organización de las elecciones judiciales, una tarea que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta situación generó cuestionamientos sobre por qué los magistrados de la Sala Superior permanecerán en sus cargos hasta 2027, una decisión justificada porque deben calificar las elecciones de jueces, magistrados y ministros en los próximos años.
“En el caso de la Reforma Electoral, se tendría que discutir no solo por la Comisión de Puntos Constitucionales, sino por la Comisión de Reforma Político-Electoral; para eso fue creada. Y en la Comisión de Gobernación también tendría que haber una opinión. Entonces, las otras dos comisiones ya habían cerrado sus puertas y, además, nos enfocamos en la parte judicial y todo lo que te comenté. Por otro lado, para poder organizar y calificar la elección judicial, el Estado mexicano tiene que desarrollarlo a través de las instituciones que existen, que son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo.
El Diputado enfatizó que la Reforma Electoral sigue siendo un tema pendiente y que deberá ser abordada en el próximo periodo de sesiones.
INTENSO INICIO DE PERIODO LEGISLATIVO
El próximo mes de septiembre será clave para los nuevos legisladores, ya que dentro de los principales pendientes estará el análisis de los 19 dictámenes de reformas constitucionales que les heredará la actual legislatura, entre ellos, las reformas al Poder Judicial, la eliminación de los organismos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Además, se cruzará con el inicio de la discusión del Presupuesto de Egresos 2024.
El Diputado Hamlet García explicó que la próxima legislatura deberá establecer un calendario para discutir en el pleno las iniciativas dictaminadas por los legisladores salientes. Sin embargo, advirtió que un aspecto que podría complicar el primer periodo es la posible aparición de un proceso burocrático al discutir las reformas pendientes, si la Suprema Corte de Justicia busca intervenir en todas las reformas. García mencionó que algunos integrantes del Poder Judicial federal han intentado asumir competencia sobre la reforma constitucional, señalando posibles vicios de forma y sugiriendo que el fondo de la reforma aún podría ser revisado.
Lo anterior, dijo, tomando en cuenta la dificultad de abordar la Reforma judicial debido a un criterio establecido por la Suprema Corte, el cual requiere que transcurran 24 horas entre la declaratoria de publicidad de un dictamen y su discusión en el pleno. Por lo que el legislador advirtió que, si se aplica este criterio a las demás reformas constitucionales, los legisladores tendrán un septiembre muy ocupado.
Por otra parte, la Cámara de Diputados y el Senado deberán coordinarse para avanzar en las comisiones, especialmente la de Puntos Constitucionales del Senado, que será la primera en conformarse. Asimismo, recalcó la importancia de ajustar la legislación secundaria y de aprobar los recursos necesarios en el presupuesto para que las reformas sean efectivas.
Especialistas coincidieron en que las prioridades de la próxima legislatura se centrarán principalmente en torno a las reformas estructurales que forman parte del paquete de 20 iniciativas enviadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero, entre las que destacan la reforma del Poder Judicial, la reforma a los órganos constitucionales autónomos, la discusión sobre la militarización del país a través de la Guardia Nacional y una reforma electoral.
“Los primeros temas que abordará la próxima legislatura, o ya vemos que están y lo ha dicho todo el mundo, son la Reforma Judicial, pero, por ejemplo, a corto plazo tienen que aprobar el presupuesto que se envía, es decir, el estudio del Paquete Económico que en su momento someterá a consideración el propio Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se manifiesta en la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos. Por lo tanto, aquí veremos cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum dimensiona el futuro gobierno, cómo dimensiona las tareas prioritarias en nuestro país, y a partir de ese presupuesto nos podremos dar cuenta de dónde pondrán los énfasis, los matices, y qué otras áreas no serán importantes para el gobierno de Claudia Sheinbaum”, expresó en entrevista el analista político Jorge Aljovín.
Al respecto, el especialista Sergio Barcena, director de Buró Legislativo, organización que se dedica al estudio de la productividad parlamentaria en México, indicó que, aunque aún no se conocen todos los detalles del próximo paquete económico, se espera que este mantenga la línea de austeridad republicana como uno de sus ejes centrales. Las asignaciones presupuestarias y las políticas de gasto seguirán la narrativa de ahorro y recorte de fondos a sectores que Morena considera no prioritarios.
LOS OTROS GRANDES TEMAS
Además de las reformas pendientes, la nueva legislatura deberá dar urgencia a cambios propuestos por la Presidenta electa, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, lo cual requerirá una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para que esta secretaría sea una realidad, se deberá extinguir el Instituto de las Mujeres y convertirlo en una secretaría, lo que implicará un ajuste legal significativo, de acuerdo con lo señalado por el legislador Hamlet García.
Otro punto similar es la elevación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a nivel de secretaría, y la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para trasladar la educación superior a esta nueva entidad. Estas iniciativas aún no están formalmente planteadas en documentos, pero se espera que se incluyan en los proyectos legislativos prioritarios.
Aunado a ello, la próxima legislatura también deberá abordar las prioridades que establezca Claudia Sheinbaum al iniciar su gestión, entre las cuales se encuentran los derechos sociales y humanos. Con un especial interés en la universalización de la atención médica y la eficiencia del sistema de salud, se buscará garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos.
Jorge Aljovín y Sergio Barcena coincidieron en que Sheinbaum buscará dar continuidad a las reformas de López Obrador, con especial atención a la ley secundaria de la Guardia Nacional, pero también en temas sociales.
Barcena señaló que los dos grandes temas para Morena serán los derechos sociales y humanos, con un enfoque en el derecho al agua, vivienda y la atención médica universal. “El talón de Aquiles será qué tan eficiente puede ser el sistema de salud”, mencionó Barcena, destacando que este es un tema prioritario para Claudia Sheinbaum. También se enfocarán en los derechos de minorías, particularmente pueblos indígenas y personas con discapacidad.
“Los dos grandes temas son derechos sociales y humanos, sobre todo concentrados en temas de derecho al agua, vivienda y salud, sobre todo la atención médica. Creo que algo que tiene pendiente Morena, que importa mucho a Claudia Sheinbaum, es el tema de atención médica, es la universalización y qué tan eficiente puede ser el sistema. Ese va a ser el talón de Aquiles y esa es una de las reformas que traen pendientes”, expresó Barcena.
FUERA DE LA AGENDA DE MORENA
La nueva legislatura también deberá abordar reformas no incluidas en la agenda de la Cuarta Transformación, como la reducción de horas laborales, el sistema de cuidados y ajustes al Infonavit y fondos de pensiones. Estas reformas, aunque no sean prioritarias para Morena, son fundamentales para mejorar las condiciones laborales y de vida en México, explicaron los expertos.
Entre los temas urgentes, Hamlet García coincidió con Barcena en que está la necesidad de discutir la Ley General de Aguas, la prohibición de concesiones en áreas con estrés hídrico y el fracking. También indicó que se deberá revisar la legislación para permitir una redistribución de las facultades de órganos autónomos hacia secretarías federales, lo que requerirá cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
“Sobre el tintero, por ejemplo, está la Ley General de Aguas, que es una discusión relevante para el próximo sexenio y va de la mano con la iniciativa del Presidente de prohibir la emisión de concesiones en zonas con estrés hídrico y la prohibición del fracking. Prácticamente, de ahí se van a desglosar muchas oportunidades de legislación secundaria que quedaron pendientes”, dijo.
Sergio Barcena agregó como pendientes una reforma fiscal, pues será crucial para mantener los programas sociales de Morena. “Morena necesita ampliar la base tributaria o aumentar impuestos, y esa es una prioridad.”
En ello coincidió Jorge Aljovín, quien señaló que Morena ha evitado abordar reformas urgentes como la fiscal, que podría ser crucial dada la cláusula de “sunset” incluida en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), la cual permite revisar sus términos hacia 2026.
Aljovín subrayó que uno de los mayores pendientes del Congreso actual ha sido la falta de cumplimiento de sus obligaciones constitucionales al no llenar vacantes clave en diversos órganos del Estado. Esto incluye dos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, posiciones en las salas regionales y comisionados del INAI, entre otros órganos autónomos. Esta falta de acción refleja la polarización y la falta de habilidad para negociar entre el oficialismo y la oposición.
Además de estas vacantes, persisten otras reformas pendientes, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y otras iniciativas que quedaron relegadas ante la prioridad de las grandes reformas estructurales propuestas por el gobierno.
“Me parece que el gran pendiente que ha dejado este Congreso es no cumplir con sus obligaciones constitucionales de al menos nombrar a quienes deben ocupar la titularidad de los distintos órganos del Estado mexicano”, detalló.
La LXV Legislatura concluyó sin realizar varios nombramientos clave, entre los cuales destacan ocho magistrados del TEPJF, tres comisionados del INAI, 49 magistrados de tribunales electorales estatales, 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consejeros del Sistema de Radiodifusión Pública y del órgano evaluador de la educación, publicó esta semana Excélsior. De acuerdo con la nota del periódico, durante su mandato, el Senado violó la Constitución en 48 ocasiones, aprobó 35 leyes impugnadas y dejó vacantes en siete instituciones del Estado. También se registraron escándalos de corrupción y controversias entre sus miembros.
