Por Kathia García Rodríguez y Marcia Itzel Checa Gutiérrez*
Hace unas semanas, se viralizó un video en el que una competidora de Somalia ocupa más del doble de tiempo que sus contrincantes para completar los 100 metros en los Juegos Mundiales Universitarios de Chengdu. Días después, se descubrió que la Asociación Deportiva Universitaria de Somalia no existe y que la competidora somalí tenía nula preparación, pues no es corredora y su participación fue el resultado de un acto de abuso de poder y nepotismo, al ser sobrina de la presidenta de la Federación de Atletismo de Somalia. Esta penosa situación trae a la memoria lo que ocurre de manera constante cuando los procesos de designación de altas responsabilidades públicas son opacos y no garantizan la idoneidad de los perfiles, de ahí el llamado persistente del Observatorio de Designaciones Públicas (ODP): sin cuotas ni cuates/cuatas.
A lo largo de la actual legislatura se ha hecho patente el inexistente compromiso con la obligación legal de designar, más de 100 procesos pendientes, cada día de rezago y de una vacante más confirma esta afirmación; la falta de nombramientos ha sido una vía para debilitar el funcionamiento de instituciones clave para los controles democráticos y la protección de los derechos humanos.
El próximo 1° de septiembre, dará inicio un periodo ordinario más de sesiones en el Congreso de la Unión y el acumulado de designaciones pendientes sobrepasa todos los límites. La Comisión Permanente no fue capaz de resolver ninguna [1] ni se recibieron las propuestas que le correspondían al Ejecutivo Federal.
Del universo que damos seguimiento en el ODP [2], se registran 17 procesos inconclusos que se arrastran de tiempo atrás: tres vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (una desde 2016 y dos a partir de junio de este año); tres vacantes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (de 2018, 2019 y 2020) y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (una de 2020 y dos de 2021); una en el Tribunal Superior Agrario [3] (desde 2021), mismo caso que el Consejo de la Judicatura Federal; dos vacantes en la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (de 2021 y 2022); una vacante en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022) y las tres más sonadas (2022 y 2023) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
A lo anterior, se suman seis procesos de designación más que por ley deben darse en lo que resta del año, a saber: en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (una); en la Comisión Reguladora de Energía (dos); en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (una) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (dos), que por cierto va arrancando. Un total de 23 designaciones por resolverse en este próximo periodo de sesiones, más un paquete cuantioso de 44 magistraturas electorales y 71 administrativas de salas regionales y/o tribunales estatales que no han avanzado. Es decir, 138 designaciones pendientes sin considerar el rezago que hay también en órganos consultivos.
Este rezago no es casual, representa una omisión totalmente deliberada, intencional y alevosa, bastan las declaraciones públicas de legisladores/legisladoras y el Ejecutivo Federal en contra de la existencia de ciertos órganos autónomos, en las que han dejado clara su intención de desaparecerlos, razón por la que se han suspendido sus designaciones paulatinamente. Estas omisiones legislativas no son acciones inofensivas, el no cumplir con algo que de manera explícita se está constitucionalmente o legalmente obligado [4], entorpece seriamente las labores de dichas instituciones. El ejemplo más vehemente es el del INAI, que acumuló más de 8000 recursos de revisión sin poder solventar y que ahora gracias a la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán atenderse.
Estas omisiones repercuten también en el ejercicio de los derechos humanos que tenemos todas las personas. Por lo que es fundamental que el incumplimiento sostenido por parte de las autoridades involucradas tenga consecuencias. En el ejemplo referido inicialmente de Somalia, la funcionaria que cometió dicho acto fue destituida, sanción que parece sumamente lejana en el contexto mexicano, pero que nos llama fuertemente a trazar nuevas reglas para los procesos de designación de altas responsabilidades públicas, unas basadas en estándares de transparencia y máxima publicidad, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad. Que resuelvan las más de cien designaciones pendientes no es una opción sino una obligación constitucional para asegurar, a su vez, la protección y garantía de los derechos de todas las personas a partir del buen funcionamiento de las instituciones.
#SinCuotasNiCuates
- La Comisión Permanente tiene facultades para resolver las designaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Tribunal Superior Agrario.
- Este universo se compone por 19 instituciones federales que comprenden 125 designaciones, a saber: Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Reguladora de Energía; Fiscalía General de la República; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Tribunal Superior Agrario; Auditoría Superior de la Federación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Está pendiente la definición del estatus de una vacante en el Tribunal Superior Agrario, pues, aunque existe una propuesta del Ejecutivo Federal (desde el pasado 14 de febrero) para dos personas magistradas, oficialmente se tiene registro de una sola vacante. A través de la solicitud de información 330029723000127 se requirió información sobre cuál magistratura concluiría su responsabilidad y el motivo, pero no se otorgó la información requerida; se espera la resolución del recurso de revisión.
- Rodrigues Machado, Marcia, “Inconstitucionalidade por omisso”, Revista da Procuradoria Geral do Estado de So Paulo, núm. 30, diciembre de 1988, p. 42.
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* Kathia e Itzel son integrantes del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
