El Presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo cumplir su compromiso de reducir la incidencia homicida en su segundo año de Gobierno. La tasa de asesinatos en México es cinco veces más alta que la media internacional. Y ya se superó la barrera de las 100 muertes violentas por día. Pese al presunto despliegue de la Guardia Nacional en las zonas conflictivas, los estados con mayor violencia de sangre continúan siendo los mismos de los años recientes. Activistas en el tema de seguridad aseguran que no existe el punto de inflexión anunciado por el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo.
Por Rosario Mosso Castro
Tijuana, Baja California (ZETA).– Con 34 mil 679 homicidios dolosos en su primer año de Gobierno, el 1 de noviembre de 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las cifras mortales se maquillaban en los gobiernos anteriores, y que necesitaba un año más para dar resultados.
Sin embargo, el próximo martes 1 de septiembre del 2020 presentará el informe de su segundo año de Gobierno, y las ejecuciones siguen en aumento, por lo que -de nuevo- será una asignatura pendiente para el mandatario.
Al comparar los primeros ocho meses de ambos años, se contempla que los 23 mil 48 decesos violentos de 2019, están por debajo de los 23 mil 340 víctimas del 2020. Esos casi 300 muertos, representan un leve incremento de poco más del 1 por ciento. Pero no se puede pasar por alto que este aumento se da con respecto al año con más homicidios registrados en el país, mismo que ya había presentó una crecida del 2.5 por ciento con respecto al 2018.
La crecida de los asesinatos en los últimos cuatro años en el país, se ha dado de la siguiente manera: 28 mil 871 en 2017; 33 mil 734 en 2018; 34 mil 672 en 2019; 22 mil 508 en los primeros ocho meses del 2020.
Además, hay más muertos y menos carpetas iniciadas con relación al año pasado, lo que significa que este año hubo más homicidios múltiples.
De acuerdo a cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el día 25, el mes de agosto acumulaba dos mil 14 homicidios, que sumados a los 58 mil 058 muertos contabilizados en los 18 meses previos, dan un total de 60 mil 72 muertes violentas en lo que va del sexenio de López Obrador. Un número incluso mayor a las 41 mil 13 muertes de los dos primeros años de su antecesor Enrique Peña Nieto.
Cantidad que seguramente aumentará cuando se hagan las correcciones previo a la publicación oficial de los asesinatos del mes de agosto, porque las cifras son imprecisas. Como ejemplo, en este registro preliminar, la SESNSP indica que el estado de Baja California registra 133 asesinatos; pero de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía del Estado al 26 de agosto, la entidad suma 204 homicidios, 135 solo en Tijuana.
Frente a estas estadísticas, el compromiso de bajarle un 50 por ciento los delitos en los próximos cuatro años, lo que incluye reducir las muertes violentas a la mitad, se contempla poco probable, sin importar que la meta haya sido incluida en el Programa Sectorial Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicado en el Diario Oficial al principio del pasado mes de julio.
Menos aún si se contempla que en lo que va del año, el promedio ha sido de 95 muertes violentas diarias; sin embargo, en los primeros 25 días de agosto, aún con cifras preliminares, los días 1, 2, 15 y 25 la estadística registró más de 100 asesinatos en un solo día.
Los 10 estado con más muertes acumuladas en estos 18 meses son:
*Guanajuato: seis mil 357.
*Baja California: cuatro mil 766.
*México: cuatro mil 790.
*Jalisco: cuatro mil 419.
*Chihuahua: cuatro mil 381.
*Michoacán: tres mil 605.
*Guerrero: dos mil 911.
*Veracruz: dos mil 636.
*Ciudad de México: dos mil 552.
*Sonora: dos mil 313.
Pareciera que de nada ha servido la estrategia federal de concentrar fuerzas federales en las zonas de mayor incidencia homicida, porque son exactamente las mismas entidades violentas del año pasado. Solo se movieron de lugar en el Top 10 sangriento; salvo Guanajuato, que fue la única que no se movió de su primer lugar.
En cuanto a los estados más sangrientos por cada 100 mil habitantes, al igual que el año pasado: Colima, Baja California, y Chihuahua, conservaron su primer, segundo y tercer lugar; Guanajuato pasó del quinto al cuarto lugar; y Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, y Guerrero se mantuvieron en la lista, en diferente posición.
LOS DESPLIEGUES
Respecto a los despliegues de la Guardia Nacional en los estados y municipios, los que el Gobierno Federal prometió se harían en las zonas de mayor incidencia homicida, resulta que no está sucediendo conforme a lo anunciado.
María Elena Morena, presidenta de Causa Común, explicó que de acuerdo a los análisis recientes del Observatorio de la Guardia Nacional, no se puede determinar en qué está basada la distribución del personal federal en las entidades.
Porque los estados donde hay más personal federal por tasa de habitantes son: Quintana Roo con 1.08 elementos por cada mil; Colima es 1.04 por cada mil; Zacatecas, 1.03 por cada mil personas; Oaxaca es 0.95 cada mil; y Guerrero 0.92 por cada mil.
“Sin embargo, Baja California tiene una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil habitantes, y no figura entre los estado con mayor número de efectivos desplegados. Creemos que los desplegaron donde ya tenían cuarteles, y conforme se vayan construyendo espacios, va ir mejorando el despliegue de los agentes de la federación en los estados”.
EL PROBLEMA ES GUANAJUATO
Después del informe anual, en diciembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo declaró que Guanajuato concentró un alto porcentaje de los homicidios dolosos del país en 2019; en esa fecha habló mil 211 muertes. La cifra actualizada en la página del SESNSP contabiliza tres mil 540.
En febrero del 2020, en la ceremonia de inauguración de cuarteles de la Guardia Nacional en Pénjamo, Guanajuato, prometió que los numerosos grupos criminales que azotan la entidad serían combatidos. “Hay organizaciones criminales aquí en el estado y en el estado vecino. Tienen una disputa feroz por el territorio y a los dos vamos a terminar por acotarlas”.
Casi seis meses después, el 2 de agosto, fue detenido, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima. Y los homicidios que en julio habían llegado a las 402 víctimas, en las cifras preliminares de agosto marcan 270 asesinatos, misma que seguramente aumentará en la actualización oficial.
“Sí se observa una ligera reducción en las muertes, pero deben tener claro que el problema no se acaba con la captura de ‘El Marro’. La situación de Guanajuato se debe a que en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña le retiró el apoyo, quedaron apenas 50 elementos de la fuerzas federales por turno para cubrir todo el estado; eso explica por qué se coló con tanta facilidad el Cártel Jalisco Nueva Generación y porque creció con tanta facilidad el Cártel Santa Rosa de Lima”, comentó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Además, no es el único estado, y verlo de esa manera también es no entender el problema.
En la medida que cierran un estado y no le pegan en las entidades colindantes, el delito crece en las zonas aledañas”, explicó.
“Y yo no sé porque se les olvida que existe Colima; lo olvidó Peña y lo olvida López. En la entidad con la mayor tasa de homicidios sigue siendo Colima -85.40 asesinatos por cada 100 mil habitantes- y no actúan al respecto”, enfatizó Francisco Rivas.
Referente a este tema, Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, agregó: “El Presidente y el secretario Durazo han querido decir que las muertes están concentradas en Guanajuato; pero no señor, están concentradas en gran parte del país. Si hay estados muy tranquilos, bueno sí, pero son la excepción. Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, Yucatán, Durango, Querétaro, hay tasas bajas, pero la mayor parte andamos muy complicados”.
SIN DINERO Y SIN ESTRATEGIA, SIN AVANCES: FRANCISCO RIVAS, ONC
Respecto a lo falta de resultados de la federación en materia de homicidios, Francisco Rivas consideró: “El gobierno actual está haciendo lo que han hecho otros gobiernos, que es confundir procesos con resultados. Poner en marcha una Guardia Nacional no es un resultado es un proceso; generar una política de género, no es un resultado, es un proceso”.
“Y menos lo es cuando por otro lado recortan el dinero para las estancias, cuando abandonas el tema de generar los recursos para combatir delitos específicos, cuando cierras la llave a la Comisión de Atención a Víctimas, cuando le recortas a las Fiscalías Estatales. Recordemos que esta administración es la que menos le ha dedicado a la seguridad para Estados y municipios”, añadió.
Como ejemplo, el fondo de Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg): se redujo 25 por ciento entre 2018-2019, y otros 20 por ciento en el presupuesto para el 2020; bajó de cinco mil millones a tres mil millones de pesos.
“A la Fiscalía General de la República también le recortaron presupuesto, dos mil millones de pesos en dos años, ¿y qué resulta?, pues que en 18 meses de administración la FGR no ha obtenido una sola sentencia condenatoria, en ningún tema. Es el momento de mayo impunidad en la historia del país”.
— ¿Cuál es la fuente de este dato?
“Los varios informes del Presidente López Obrador y las repuesta de Transparencia al movimiento Por un México Seguro. Además, a partir de la pandemia, el gobierno federal permitió que recursos de seguridad se usaran para la compra de insumos médicos”.
“Entonces ya tenías un escenario adverso generalizado, y lo que hiciste fue empeorarlo, por eso no ha habido un cambio sustancial. Este año, el número de víctimas de asesinato aumentó 1.68 por ciento, y los feminicidios crecieron 5.40 por ciento con relación al año pasado”.
“Lo que sí ha empeorado es la calidad de los datos. Por ejemplo en feminicidio y homicidio dolosos, estados como Veracruz y Tabasco han hecho manipulación para reportar menos delitos de los que en realidad se cometieron, y menos víctimas de las que en realidad hubo. Eso es un ejemplo de que las cosas siguen estando mal y se ha complejizado el problema” enfatizó Rivas”.
“Si hay una lectura positiva, debe de ser en el tema de feminicidios. Lo que se ha mejorado es la cantidad de entidades que inician las investigaciones bajo los protocolos de feminicidio. Lo que no excluye que durante la pandemia aumentó el número de mujeres asesinadas”.
“NO HAY PUNTO DE INFLEXIÓN EN LOS HOMICIDIOS”: MARÍA ELENA MORERA, CAUSA COMÚN
“El licenciado Durazo insiste en decir que hay un punto de inflexión, que empezó cuando ellos llegaron, y eso no es cierto. En mayo de 2018 hubo un punto de inflexión con dos mil 514 homicidios, y a partir de eso ha ido subiendo paulatinamente. Aunque sí, en menos medida de cómo estaba subiendo al final del sexenio de Peña Nieto”, manifestó la señora Morena.
“No están bajando los homicidios porque no hemos visto estrategia. Hay un Plan de Seguridad derivado del Plan de Desarrollo, pero no es un plan estratégico de seguridad, es un documento ideológico con buenas intenciones. Hablan de reducir los delitos un 50 por ciento, lo cual, por más que todos lo deseemos, no va a suceder así, y menos por arte de magia; creemos que los documentos oficiales deben ser mucho más serios. Si tienen una ruta estratégica que no es ruta estratégica, pues no van a llegar a ningún sitio”.
— ¿Qué respondió el secretario Durazo, cuando le dijeron que no existía tal punto de inflexión?
“Que las cifras eran correctas, que la gráfica no tenía errores, y en eso coincidimos. Pero le dijimos que lo incorrecto era presentarla para hacerle parecer a la gente que van mejor cuando no es cierto; eso fue en abril y fue la última vez que hablamos”.
La activista expuso también como falaz el manejo que el gobierno de López Obrador le está dando a la Guardia Nacional: “Dicen que va a ser civil, pero después informan que las Fuerzas Armadas saldrán de las calles hasta final del sexenio. No sabemos si esto va a mejorar, pero creemos que hicieron el cambio Constitucional, para meter el artículo 5to. y que el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente, y ahora están abusando”.
Morera dijo que no pueden esperar que den resultados en seguridad cuando cada día les asignan una función nueva:
Prevención del delito; Investigación de delitos; Realizar detenciones y aseguramientos de bienes; Imponer sanciones; Atención a víctimas; Vigilancia de instalaciones estratégicas; Decomiso de droga; Combate al crimen organizado; Vigilancia de caminos y carreteras; Migración Coordinación con autoridades migratorias; Inspección de documentos migratorios; Resguardo de estaciones migratorias; Combate al robo de combustible; Vigilancia de ductos; Aseguramiento de bienes y de combustible; Realizar detenciones; Operativos especiales; Combate a robo de casa habitación; Búsqueda de prófugos; Regreso a clases seguro; Entrega de regalos del “Día de Reyes”; Resguardo de personajes de interés público; Atención a la emergencia sanitaria por COVID-19; Resguardo de hospitales y almacenes con equipo médico; Traslado y fabricación de equipo médico; Reparto de despensas; Acondicionamiento de hospitales para recibir personas enfermas de COVID-19; Apoyos a programas sociales “Sembrando Vida”; “Jóvenes Construyendo el futuro”; “Pensión para el Bienestar de Personas Adultos Mayores”; Distribución de fertilizantes; Distribución de libros de texto. “Más las que se acumulen”.
TASA DE HOMICIDIOS CINCO VECES MÁS ALTA QUE EL RESTO DEL MUNDO
“Hay menos carpetas de investigación por homicidio en el 2020, pero hay más víctimas que el año pasado; andamos 1.6 por arriba del año pasado, son 20 mil 494 el acumulado de este año contra 19 mil 996 muertes acumuladas entre enero y julio del año pasado” expuso Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.
“Ellos dicen que ya se aplano la curva de homicidios, pero está altísima. Traemos una tasa de homicidios cinco veces más alta que el resto del mundo. La tasa mundial, internacional son seis homicidios por cada 100 mil habitantes, nosotros 24, cuatro veces más; pero si le pongo víctimas nos vamos a cinco, casi 30 homicidios por cada 100 mil habitantes”.
“Pero hay estados como Colima con tasas de 84 por cada 100 mil, o Baja California con 71 cada 100 mil, Chihuahua 61, Guanajuato 64; o sea, son tasas espeluznantes”.
Al analizar el comportamiento criminal, Roel dijo que es más de lo mismo. “El 80 por ciento de los homicidios en México son ejecuciones de narcotráfico -o narcomenudeo-, que no necesariamente son a bandas rivales; se llevan policías, funcionarios, periodistas, ciudadanos, etcétera”.
“Simplemente va cambiando el centro de poder; a veces es un grupo, a veces otro. Todavía hay gente que cree que esto se puede controlar como se controlaba en los 90s; no, porque no es solo el mercado de exportación, es el mercado nacional. En todas las ciudades hay bandas, mercado de drogas y esta violencia de plata y plomo”.
“Los estados que ves más tranquilos en este tema de homicidios, generalmente se debe a que las bandas se pusieron de acuerdo, o que hay un solo grupo que domina. Pero esto es la excepción, generalmente hay dos grupos o más que se diputan las ciudades”, explicó.
El responsable del Semáforo Delictivo manifestó que lo único que ha cambiado es la actitud del gobierno federal: “Que dijo que iba a regular drogas, pero no ha hecho nada al respecto; esa es una estrategia correcta, que opera una Guardia Nacional que no tiene ningún impacto en esto, y promociona programas sociales, que son programas políticos no sociales, y no tiene nada que ver con el mercado negro de la droga”.
“Saben hacer campañas políticas, pero no saben gobernar. Todo esto es una receta peligrosa. Son los estados y municipios los que hacen la labor de prevención, pero el Gobierno Federal ha concentrado la mayor parte de estos recursos para sí mismo; con fines electorales, no con fines sociales, y esto es grave”, concluyó Roel.
CONSTRUIR CAPACIDADES LOCALES: SANDRA LEY, CIDE
“No hay una política social de prevención del delito, lo que hay es una política social que no está diseñada para la contención de la violencia. Lo que hay es esta nueva figura de Guardia Nacional que no termina de hacer un cambio, y termina siendo una continuidad de la política de militarización que hemos visto ahora ya por tres administraciones”, dijo la doctora Sandra Ley, profesora investigadora de la División de Estudios Político del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., al ser cuestionada respecto a la Política de Seguridad de AML.
— ¿Qué requiere la Federación para empezar a dar resultado?
“Donde se falla en entender la lógica del crimen organizado, que es a nivel local, que opera, que le interesa conquistar territorios a nivel local y así construir regiones más amplias de influencia. Pero la lógica federal tiene un enfoque de arriba hacia abajo, de lo federal a lo local, fallando en apoyar lo municipal, que es realmente en donde opera el crimen organizado”.
“Por eso las fallas en la contención de la violencia. No es en balde -que en medio de este contexto de pandemia- hemos visto nuevas y muy claras manifestaciones del crimen organizado, como esta distribución de bienes que ofrecen los grupos criminales, simplemente como una manifestación de su poder de control a nivel local”.
“Creo que nos fallan las métricas, a pesar de que hay un entendimiento muy claro, de cómo las estrategias de decapitación de organizaciones criminales en realidad no tiene un efecto de erradicación de la violencia en el largo plazo. Me llama la atención que de todas maneras, esa se ha vuelto el estandarte para decir estamos haciendo algo”.
— ¿Qué hace falta?
“Empezar a cambiar esta idea de que solamente las cosas pueden pasar si del Gobierno Federal se hacen las acciones. Empezar apostar en la construcción de capacidades a nivel local, entendiendo las distintas necesidades y contextos locales, y lo que ello requiere”.
“Le quitaron recursos a los estados, lo que va en detrimento de la construcción de policías, de mayores capacidades para un combate frontal al crimen organizado. Y al concentrar todo a nivel federal y apostar todo con la guardia nacional, el Presidente va en detrimento de la construcción de capacidades locales; que insisto, es el nivel en el que el crimen organizado opera y construye territorialidad”, finalizó la investigadora.
