Cuando se anunció la extradición del exdirector de Pemex desde España, medios informaron que el exfuncionario había llegado a un acuerdo con la FGR para reducir su pena a cambio de revelaciones sobre corrupción, la audiencia de ayer y la que enfrenta hoy Lozoya parecen acreditar ese pacto, pues la Fiscalía no ha solicitado prisión preventiva.
Por Eduard Ribas i Admetlla
México, 29 jul (EFE).- La comparecencia ante el juez del exdirector de la estatal petrolera mexicana (Pemex) Emilio Lozoya por los sobornos de la trama Odebrecht evidenció este miércoles el pacto de colaboración alcanzado con la Fiscalía por el que recibirá un trato amable y posiblemente esquivará la prisión.
En la misma línea que en la audiencia del día anterior por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, Lozoya defendió su inocencia y expresó su "compromiso de colaborar con las autoridades".
El que fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió así la puerta a delatar a altos funcionarios de la Administración pasada a cambio de que la Fiscalía rebaje las acusaciones en su contra.
EL CASO ODEBRECHT LLEGA A MÉXICO
Lozoya compareció este miércoles ante el juez a través de una videollamada desde el hospital privado de la capital mexicana en el que fue internado con anemia el 17 de julio tras ser extraditado desde España, país en el que fue capturado en febrero.
El exjefe de la petrolera estatal se convirtió en el primer funcionario mexicano en declarar sobre la trama de la constructora brasileña Odebrecht, un escándalo desvelado en 2014 de sobornos a cambio de obras públicas en una decena de países de América Latina.
La Fiscalía acusó este miércoles a Lozoya de haber recibido 10.5 millones dólares de sobornos de Odebrecht en una trama en la que se asoció con su madre, su esposa y hermana.
Una parte de estos sobornos, 4 millones de dólares, los recibió en 2012, cuando Lozoya era coordinador de campaña de Peña Nieto y prometió al entonces director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, un cargo en el futuro Gobierno.
Lozoya no solo negó estas acusaciones, sino que dijo haber sido "intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado".
"Señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos", aseguró el acusado.
EL PACTO EVIDENTE CON EL FISCAL
Cuando se anunció la extradición del exdirector de Pemex desde España, trascendió en la prensa un supuesto acuerdo con la Fiscalía para reducir su pena a cambio de revelaciones jugosas sobre corrupción.
Un pacto que parece acreditado por lo visto en las dos audiencias preliminares, en las que la Fiscalía ha evitado de momento pedir prisión preventiva para Lozoya, actualmente hospitalizado.
Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a Efe que el caso "no huele muy bien" debido a la "debilidad" de las acusaciones hechas por la Fiscalía, que se ha centrado sobre todo en hechos sucedidos antes de que Lozoya asumiera la dirección de Pemex.
"Lozoya es la pieza que vincula y conecta a varios escándalos de corrupción. No puede quedarse solo en que recibió sobornos y propinas, sino en la utilización indebida de un cargo de mayor importancia durante más de tres años", sostuvo.
Por su parte, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, opinó que es "adecuado y correcto" llegar a acuerdos en un caso tan complejo que, según algunos señalamientos, podría implicar al mismo Peña Nieto.
"El hecho de que tengamos a alguien que nos diga desde dentro qué sucedió, hay que aprovecharlo al máximo, pero no podemos quitar responsabilidad a Lozoya", puntualizó.
El que parece satisfecho con el acuerdo es el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles definió a Lozoya como "un testigo colaborador" y defendió que reciba "ciertas consideraciones" a cambio de "conocer más" sobre la corrupción en la anterior Administración.
UN PROCESO POCO TRANSPARENTE
Sin embargo, el acuerdo ha despertado suspicacias porque la opacidad del proceso judicial no permite conocer su alcance ni los beneficios que está recibiendo el acusado desde su llegada a México.
"Desde que llegó al país y no lo presentaron en público se insinuó que algo iba muy mal", comentó Navarro sobre el día en el que fue extraditado y la Fiscalía usó un señuelo para despistar a la prensa.
Desde entonces Lozoya ha estado en un hospital privado por una supuesta anemia y complicación en el esófago y no se lo ha visto ni escuchado, ya que las audiencias han sido a puerta cerrada por la pandemia de COVID-19.
A todo esto, la única información de su comparecencia ante el juez es la proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un chat de WhatsApp para periodistas.
"No sabemos si lo que están diciendo es explícitamente lo que se dice en la audiencia o se están tergiversando conceptos jurídicos", apuntó Estrada, quien deseó que el que iba a ser el gran juicio a la corrupción del Gobierno de Peña Nieto no acabe en un "circo".
