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Gustavo De la Rosa

29/06/2024 - 12:04 am

Votar o no votar por los jueces, una duda razonable

“La probidad de los jueces y la justicia en su actuar no están garantizadas por la forma en que llegan al importante papel de aplicar la Ley, resolviendo conflictos y ordenando, en los casos que así se requiera, el uso de la fuerza pública”.

“Realmente es fácil el trabajo de un Juez que se considere a sí mismo como un ciudadano honorable y respetable por sus cercanos y desconocidos”. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El voto por el poder judicial es un dilema difícil, pero abre la ventana al viento fresco.

Lo que México y el mundo necesitan son jueces probos, honestos y que tengan la capacidad que Sócrates pedía al término de su apología, dirigiéndose a quienes habrían de decidir como jueces sobre su vida o muerte: “No es justo suplicar al Juez… porque el Juez no está ahí para complacer violando la Ley sino para hacer justicia obedeciéndola”.

Realmente es fácil el trabajo de un Juez que se considere a sí mismo como un ciudadano honorable y respetable por sus cercanos y desconocidos.

La probidad de los jueces y la justicia en su actuar no están garantizadas por la forma en que llegan al importante papel de aplicar la Ley, resolviendo conflictos y ordenando, en los casos que así se requiera, el uso de la fuerza pública. Es precisamente a través de los jueces que en la vida cotidiana el Estado ejerce el monopolio de la violencia para hacer cumplir la Ley. Por lo tanto, la función jurisdiccional no es simplemente el ejercicio de un cargo burocrático con altos salarios; es una participación en la vida cotidiana, en el hoy y en el aquí de los mexicanos, y una decisión de ellos puede ser el punto de quiebre para el desarrollo o el fracaso de toda una familia.

Por eso, y por una larga experiencia de 52 años como abogado, he conocido y he visto cómo ciudadanos respetables son castigados por cierta frivolidad que utilizan los jueces en la resolución de casos muy importantes para las víctimas o para el declarado culpable.

En 52 años, 30 de los cuales los viví en los tribunales laborales, aprendí que lo que menos puede uno esperar de los jueces es una resolución imparcial. Ellos, en su gran mayoría, deben decidir argumentando jurídicamente, creando falacias interpretativas de la ley para resolver los juicios según lo han resuelto previamente por intereses legítimos la mayoría de las veces y, desafortunadamente, ilegítimos en algunos casos.

Cuando empecé mi práctica jurídica en las juntas de conciliación, defendiendo obreros, tuve que acostumbrarme a perder todos los juicios e interponer amparos que se resolvían en Torreón, lo cual era favorable porque la influencia de los poderes fácticos de Ciudad Juárez estaba bastante alejada. Y es que los jueces no resuelven por miedo a la muerte o por haber tomado una gran cantidad de dinero; eso sucede en muy pocos asuntos. Pero lo que no pueden soportar los jueces es el Ostracismo de los grupos sociales en los cuales se desenvuelven y las relaciones con las fuerzas políticas. Ellos tienen claridad quienes pueden decidir, por un simple chispazo de voluntad, sobre la permanencia o no en su trabajo, o pueden decidir continuar en la carrera ascendente hacia nuevas y mejores posiciones de trabajo, o quedarse congelados en el primer nivel que consiguieron obtener.

Conozco muy pocos jueces que estén convencidos de haber obtenido el cargo de Juez por sus méritos, por sus conocimientos o por su historial profesional. Pero muchos jueces, sincerándose en torno a un par de copas de licor, están muy agradecidos con tal o cual funcionario, normalmente gobernadores, ministros o magistrados, que les dieron la oportunidad de desempeñarse en el trabajo de la judicatura.

Sin embargo, el que los jueces sean electos, No va a garantizar que cumplan el consejo socrático de hacer justicia obedeciendo la ley, y menos aún resolver, como lo dice el Artículo 1 constitucional, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

La injusticia de las resoluciones de los jueces es evidente a la vista de los ciudadanos con un simple análisis de sentido común. ¿Quién pudiera aceptar como justo que se le exigiera a una mujer que se defendiera de sus atacantes cuando sufrió una violación tumultuaria? ¿O quién pudiera dudar de la injusticia de los jueces que ordenaron suspender la entrega de los libros de texto a los niños de primaria atendiendo la demanda de una sola persona o de una Gobernadora? ¿Quién pudiera creer que cuando consigna la Fiscalía a un delincuente de alta gama lo hace sin aportar los datos elementales de que se cometió un delito y la posibilidad de que la persona presentada ante ellos haya sido el actor del presunto delito? Adviértase que la Ley sólo exige que la persona presentada ante ellos sea posiblemente, repito, posiblemente, el autor de los actos presumiblemente delictivos.

O resoluciones contra los trabajadores porque no pudieron demostrar que los despidieron, ya que los patrones niegan tajantemente haberlos despedido, pero no les permiten entrar a trabajar al día siguiente. ¿Cómo va a probarse que un patrón despidio al trabajador si siempre lo hacen a solas y en su oficina?

Pero esos criterios absurdos de resolución no son sentencias dictadas a cambio de una entrega de dinero específico, salvo algunos casos de jueces verdaderamente corrompidos, sino que el origen de esas resoluciones vienen del contexto social en el cual se mueven los jueces, los ministros y magistrados.

Y eso no se garantiza terminar con un proceso electivo donde se consulte a la ciudadanía sobre el nombramiento de un Juez, pero es muy probable que finalmente los jueces al enfrentarse, al tener que hablar directamente con los ciudadanos, conocer a los seres humanos a los cuales sentencia, comprendan los jueces que el contexto social en donde resuelven no es el mundo color de rosa, amable y siempre reconocedor de sus méritos de las tertulias y reuniones familiares a las que asiste, al acudir a la ciudadanía, los jueces entenderán posiblemente que cómo cantó Sabina “ el mundo es más ancho que tus caderas”.

Gustavo De la Rosa
Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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