El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo ocurrido en Segalmex es “el caso de corrupción más escandaloso” y “el único” que ha enfrentado durante su Gobierno.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó la mañana de este jueves un informe sobre el caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual acumula irregularidades presupuestarias que ascienden a nueve mil 500 millones de pesos, 100 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 87 personas, la obtención de 49 órdenes de aprehensión, 26 personas detenidas y 19 vinculadas a proceso por la comisión de diversos delitos.
“Vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su conferencia de prensa matutina, espacio en el que se explicó a detalle el avance de las investigaciones.
Desde Palacio Nacional, argumentó que la finalidad del reporte es aclarar lo ocurrido en el organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cuyo objetivo es buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, así como fomentar el desarrollo económico y social del país.
“No queremos que quede ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera ni la corrupción, ni la impunidad. Somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude”, aseguró el mandatario.
En cuanto le notificaron el caso, recordó, dio la “instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia” en la FGR. “Me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el Gobierno del General [Lázaro] Cárdenas y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche”, precisó.
“Para eso se creó Segalmex y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas y se llevan mercancías, alimentos a precios justos. También este sistema incluye las lecherías que venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas. Es un programa muy bueno, mucho muy bueno”, afirmó López Obrador.
A lo largo de su intervención, justificó el cuestionado y criticado papel de Ignacio Ovalle Fernández, quien fue titular de Segalmex mientras se llevó a cabo este desfalco multimillonario. “Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos y lo engañan”, declaró.
De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, comienzan”a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar”.
“En el caso de estas cajas de bono, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos. Hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Vamos a aclararlo, que se conozca bien”, prometió frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
Asimismo, el político tabasqueño reiteró que su Gobierno es honesto, por lo que no va a ser “rehén de nadie”. “Es cero corrupción y cero impunidad”, concluyó.
De inmediato, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), habló del estado de las observaciones que fueron determinadas por la dependencia que encabeza y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las Cuentas Públicas 2019 y 2020.
“Primero, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de irregularidades, no es precisa y no tiene fundamento”, sostuvo.
El funcionario federal apuntó que “los actos de fiscalización dieron lugar a observación relacionadas con nueve mil 500 millones de pesos, de los cuales seis mil fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y tres mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”.
“Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad”, detalló.
Salcedo Aquino señaló que “el monto de los nueve mil 500 millones proviene de los resultados de las auditorías de 2019 y 2020, y son hallazgos que están en proceso de análisis en las instancias competentes”.
“Las evidencias adicionales, aportadas por las tres entidades, se analizan caso por caso para establecer si las observaciones que se determinaron en su momento no fueron puestas a disposición de los auditores, los documentos justificativos y comprobatorios del gasto o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos”, agregó.
Según lo expuesto por el Secretario de la Función Pública, Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa en las diferentes oficinas de estas tres entidades en los estados de la República.
“Es así que la Auditoría y la Secretaría de la Función Pública han recibido información, en el caso de la Función Pública de dos mil millones de pesos a observar de los seis mil millones de pesos observados, cuya procedencia de esta nueva documentación que hemos recibido está en análisis y dictaminación”, indicó.
El Secretario de Estado confirmó que la Auditoría Superior ha recibido otras evidencias sobre las observaciones pendientes de atender, por lo que se espera que con la documentación aportada, el monto de los nueve mil 500 millones pueda bajar sustantivamente.
“Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o probables hechos ilícitos que en su caso se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la Fiscalía General de la República”, añadió.
En esta fase de investigación, reveló Roberto Salcedo, “se encuentran 37 expedientes en la Función Pública. En consecuencia, los momentos observados no pueden ser considerados todavía como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente”.
“Por lo que corresponde a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría emitió observaciones, cuyo monto no puede ser sumado a los nueve mil 500 millones, ya que forman parte de un proceso que aún no concluye. Esto es así porque no se han agotado todas las etapas previstas en la normativa para que las entidades fiscalizadas puedan documentar, aclarar o solventar las observaciones dadas a conocer este año por el órgano superior de fiscalización”, comentó.
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El encargado de la SFP recalcó que “lo observado no es sinónimo de daño patrimonial, sino el inicio de un proceso de seguimiento”. “La explicación es que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 fueron publicados en febrero de este año. Los entes auditados tuvieron 30 días hábiles para entregar información y documentación. Concluido ese plazo, se inició el periodo de 120 días hábiles, durante la cual, la Auditoría Superior de la Federación analiza las documentales recibidas y en su caso, solicita información adicional con objeto de tener todos los elementos necesarios para la solventación o no de lo observado. Este periodo de la cuenta Pública 2021 concluirá a mediados de octubre de este año, por lo que todas las observaciones derivadas de la revisión de esa cuenta, se encuentran dentro de los plazos legales para efectuar las aclaraciones pertinentes. A la fecha, han entregado alrededor de un millón dos mil documentos para atender las observación se está en análisis de estos documentos”, finalizó.
En tanto, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), compartió que “por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex”.
“Este grupo de trabajo tiene el objetivo de colaborar en fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en Segalmex, detectar modus operandi y aportar información. A la fecha, hemos celebrado 65 reuniones de trabajo”, recapituló.
Medina Padilla expuso que el grupo intersecretarial coadyuva con el Ministerio Público de la Federación (MPF) para obtener las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la FGR, “las cuales habían sido ocultadas en las oficinas de Segalmex en todo el país y que se han obtenido por medio de un gran esfuerzo de localización”.
“De esta manera combatimos los intentos corruptos por ocultar la verdad y obstruir la justicia. Un ejemplo de ello es el millón 200 mil documentos y facturas que Segalmex logró recuperar en todo el país, ya que los originales fueron sustraídos dolosamente de los archivos centrales para impedir que las denuncias pudieran sustentarse”, delató.
De esto modo, el grupo de trabajo ha coordinado la presentación de 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales, 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa; cuatro por la Procuraduría Fiscal de la Federación; nueve por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y una por la Secretaría de la Función Pública.
“Con ello, buscamos que se persiga y se sancione a los responsables que cometen delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada”, enlistó el funcionario.
Por dichos delitos, a la fecha se han denunciado 87 personas: 41 exservidores públicos, y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a estos hechos delictivos.
“Los montos denunciados por parte del grupo de trabajo al momento ascienden a cuatro mil 900 millones de pesos. Dentro de los expedientes que han sido investigados, se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo, como ya se ha mencionado, por 800 millones de pesos. En otras palabras, se le denunció por compra de bonos basura, papel sin valor con dinero público”, reportó Félix Arturo Medina.
También subrayó que “el dinero fue recuperado y reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses”. “Los intereses restantes están en proceso de recuperación. Es importante enfatizar que sin este esfuerzo coordinado, nunca se hubiera podido obtener las pruebas para proceder penalmente en contra de los responsables. Intentaron ocultar la información, pero no les fue posible”, celebró.
Más adelante, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, informó que a la fecha, la Fiscalía General de la República investiga 100 denuncias penales. “Esto no entraña ninguna contradicción con lo que recién informó el señor Procurador Fiscal de la Federación porque 69 precisamente son las del grupo intersecretarial que el señor Presidente dispuso se creara para para coadyuvar con las investigaciones en un ánimo de que surja la verdad”, clarificó.
“En total son 100, ahí están los números, 69 que se suman de las distintas dependencias, 16 más de la Auditoría de la Federación, y algunas denuncias de ciudadanos, e incluso algunas de legisladores”, abundó.
Como resultado de las investigaciones, comunicó, se han judicializado los siguientes asuntos, es decir, se procede penalmente en contra de alguien o se lleva su caso acusándolo de algún delito ante el Juez.
“Dos contra una misma persona por la colocación de recursos públicos que estaban a cargo de Segalmex en instrumentos bursátiles. También se procedió penalmente en contra de dos accionistas de la empresa en la que se recibieron esos recursos, esto tiene que ver con un delito concerniente a la captación ilegal de recursos públicos. Tenemos una judicialización más por enriquecimiento ilícito en contra de un exdirectivo de Liconsa. Una por defraudación fiscal en contra de un exdirectivo del área de Finanzas de Segalmex”, mencionó el representante de la FGR.
A su vez, existe “una más contra 22 personas por las operaciones irregulares en la compra de azúcar, imputándose los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, que es lo mismo, y peculado, el Juez otorgó las 22 órdenes de aprehensión que le fueron solicitadas”.
“Una más contra 26 personas por las operaciones igualmente irregulares detectadas en el procesamiento de leche, habiéndose imputados los mismos delitos que antes referíamos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De 26 órdenes de aprehensión que pedimos, el Juez obsequió 25 de ellas”, anotó.
Higuera Bernal dijo que “la similitud de hechos ha motivado la necesidad de acumular los expedientes para una mejor investigación y también en ocasiones razones técnicas para poder justificar ante los jueces que hubo una acción concertada, orientada precisamente a disponer de recursos públicos”.
“Eso nos lleva a que actualmente sólo tengamos 32 carpetas de investigación en trámite, cinco han sido judicializadas, pero son relativas a los siete casos que informábamos”, explicó.
También “se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas. Podría parecer discordante el dato; sin embargo, precisamos que tan sólo una persona tiene cuatro órdenes de aprehensión y obviamente es uno de los principales objetivos de estas investigaciones. Se ha detenido hasta el momento a 26 personas por cumplimiento de orden de aprehensión. Y en total están 19 personas actualmente en proceso: 17 a los que se ha cumplido la orden de aprehensión y dos por el tipo de delito que no ameritó orden de aprehensión y que fueron citados por el Juez”.
“Sí es importante referir que las 49 órdenes de aprehensión se componen de 47 que tiene que ver con delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades”, culminó.
