Primero, los números:

Como hace cinco años, México sigue siendo un país sumamente violento. En mayo de 2023 fueron asesinadas dos mil 723 personas, un promedio de 88 homicidios diarios. El número es menor que los dos mil 999 asesinatos registrados hace cinco años, en mayo de 2018. Aquel mes, el promedio fue de 97 homicidios al día. ¿Muy difuso el número todavía? Para que nos entendamos: si hace cinco años era asesinada una persona cada 14 minutos y medio, ahora es cada 16. No hay consuelo. 

En términos porcentuales, si comparamos mayo de 2018 con mayo de 2023 la disminución de homicidios en México fue de 7.22 por ciento. Pasamos de una tasa de 27.8 homicidios por cada cien mil habitantes en mayo de 2018 a una de 24.1 cinco años después. Es una de las tasas más altas en el mundo. ¿Es importante la reducción alcanzada en la 4T? Sí, ¿se logró transformar la dinámica de violencia nacional? No. ¿Se cumplió la promesa de campaña de reducir el homicidio entre 30 y 50 por ciento durante los primeros tres años de Gobierno? [1] Tampoco. 

Una buena y otra mala. Primero, la buena. En homicidios, la administración del Presidente López Obrador logró detener la tendencia al alza en el número de homicidios que comenzó a inicios de 2016 y que pudo revertirse solamente hacia mitad de 2020. Es un éxito importante: la 4T heredó un país colapsado. Con toda probabilidad, en 2023 ocurrirán menos homicidios que en 2022, de la misma manera que en 2022 ocurrieron menos que en 2021. Esa es la buena. 

La mala noticia es que la 4T fue incapaz, una vez detenida la tendencia al alza, de provocar caídas sustanciales en el delito de homicidio. Se contuvo el ascenso, pero en México se siguió matando a razón de más de dos mil 500 personas al mes. Entramos en una meseta con reducciones porcentuales mínimas, acaso imperceptibles. Esa verdad, tan ineludible como dramática, hará que el periodo de Gobierno de López Obrador termine como el sexenio más violento del que se tenga registro en el México moderno. Esa es la realidad. 

Homicidio no es igual a violencia. Homicidio tampoco es igual a crimen. Un país puede tener tendencias al alza en homicidio y a la baja en otros crímenes. Hay sociedades muy violentas con niveles bajos de homicidio. Es preciso entender las lógicas de cada violencia y de cada crimen. Así, por ejemplo, en los últimos cinco años cayeron de manera importante el robo de vehículo con (y sin) violencia, el feminicidio, el robo (en prácticamente todas sus variantes) y el secuestro [2]. Más importante, comparado con diciembre de 2018 se redujeron en 22.5 por ciento los delitos del fuero federal denunciados. En cambio, las denuncias por extorsión, trata de personas y violación aumentaron sustancialmente. Otra vez, resultados mixtos. En seguridad pública no hay victorias totales. 

La población mexicana se siente, en general, más segura que hace cinco años. Así lo muestran las encuestas del Inegi. Si en marzo de 2018 el 76.8 por ciento de la población de los principales centros urbanos pensaba que su ciudad era insegura, cinco años después sólo el 62.1 por ciento pensaba lo mismo, una reducción estadísticamente significativa [3]. Otras encuestas de percepción sobre seguridad pública confirman una reducción importante en el número de víctimas de delitos entre 2018 y 2022 [4]. En lo general, la gente se siente más segura que antes.

Hasta ahí los números: leve disminución global de homicidios, reducciones importantes en la mayoría (no en todos) de los delitos del fuero federal y mejoras sostenidas en la percepción de seguridad en prácticamente todo el país. Sin embargo, ahí no termina el análisis. 

¿Tenemos mejores capacidades en seguridad pública que hace cinco años? Tengo para mí que la decisión de crear la Guardia Nacional fue un acierto. La descomposición de la Policía Federal era latente; prueba de ello es que su creador duerme hoy en una prisión en Estados Unidos. Ahora bien, a pesar de que la Guardia Nacional logró alcanzar un estado de fuerza de 130 mil elementos, aún carece de las más elementales capacidades de investigación y sus funciones se limitan a la vigilancia y el patrullaje. Es una gran policía municipal que va cubriendo las carencias de los municipios y estados. Lo peor: su futuro no es claro y su entramado institucional es débil.  

El Gobierno de López Obrador no transformó la seguridad pública. En primer lugar, no avanzó en la creación de un cuerpo de investigación criminal que, sin Ministerio Público mediante, pudiera investigar los delitos que más laceran a la sociedad [5]. Por el contrario, se continuó abusando de la prisión preventiva oficiosa y de las tácticas punitivitas del antiguo régimen. En segundo lugar, tampoco se avanzó, a pesar de las promesas de campaña, en los procesos de fortalecimiento de las policías civiles. Se eliminaron los programas de subsidios más importantes que habilitaban que desde la Federación se transfirieran recursos para la construcción de capacidades policiales a nivel local. En 2023 las policías municipales no son mejores que hace cinco años. Acaso lo contrario. 

En el tintero quedaron las promesas de reforma a la política de drogas y de justicia transicional que ilusionaron a tantos en 2018. Tal como escribí en este espacio hace un par de semanas: “no hubo políticas de sustitución de cultivos ni apoyo a cultivadores de amapola y mariguana. Todo lo contrario. Hubo bala y más bala. Lo de siempre” [6]. 

Por último, queda una lesión importante en el ensamblaje de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano: la militarización de la seguridad pública se profundizó. En los últimos cinco años las Fuerzas Armadas asumieron decenas de tareas que no les corresponden. El costo del proceso es incalculable. Me aventuro a señalar que ese proceso ya reconfiguró para siempre —y no para bien— la naturaleza del Estado mexicano. Deshacer ese entuerto será casi imposible para el próximo Presidente o Presidenta de México. Los costos de volver atrás se incrementan cada día.

En síntesis: ¿Fracasó la 4T en seguridad pública? Si lo medimos por las expectativas creadas, la respuesta es sí. En cambio, si lo medimos por el tamaño de la carga heredada por doce años de descomposición institucional, la respuesta permite matices. 

Quizás es pronto para hacer afirmaciones con certeza. Aun así, es claro que, a pesar de los avances puntuales, la política de seguridad de la 4T ni fue transformadora ni estuvo a la altura de lo logrado en otras áreas de la administración. De ganar la elección presidencial, los o la candidata de Morena tendrán mucho que transformar en un sector en el que se avanzó menos de lo prometido y mucho menos de lo necesario. 

[1] Véase una de las varias declaraciones de Alfonso Durazo en esa dirección: Redacción, “Gobierno de AMLO buscará reducir 50% los homicidios dolosos en 3 años”, El Financiero, 11 de agosto de 2018. Disponible aquí: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-de-amlo-buscara-reducir-505-los-homicidios-dolosos-en-3-anos/

[2] Todos los datos son información del SESNSP-CNI con información reportada por las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas.

[3] Utilizo los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), disponible aquí: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2023_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf

[4] Me refiero a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, disponible aquí: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf

[5] Hace dos años Bernardo León formuló una iniciativa de decreto en ese sentido. Véase: http://bernardoleon.blogspot.com/2021/06/iniciativa-de-decreto-que-expide-la-ley.html

[6] Sobre el tema escribí hace unas pocas semanas en este espacio: Carlos A. Pérez Ricart, “El Presidente y las drogas”, Sin Embargo, 23 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/23-05-2023/4360943

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