Ministros que interfieren en proyectos de sentencias para proteger a empresas a las cuales sirvieron en el pasado; funcionarios que bloquean regulaciones para proteger a grandes corporaciones que, al dejar sus cargos, los contratan con altos salarios; legisladores que fueron alimentados y sostenidos por las enormes ganancias que obtuvieron sus familias de corporaciones que deberían haber sido reguladas. Detrás de cada una de estas referencias hay historias concretas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de exsecretarios y exsubsecretarios de Salud, de exfuncionarios de Cofepris, de diputados y senadores. Todos sirviendo a intereses privados, sacrificando el bienestar público.

En una colaboración anterior (https://www.sinembargo.mx/08-10-2019/3658015), narramos cómo en el máximo órgano judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto de 2018 se discutió por primera vez  un amparo que interpusimos contra el etiquetado frontal en alimentos y bebidas que la Cofepris de Mikel Arriola había establecido en claro contubernio con la industria, como hoy se ha demostrado a través de correos internos entre Coca Cola y Cofepris, obtenidos en un juicio en los Estados Unidos. El proyecto de sentencia del Ministro Fernando Franco ratificaba lo que el Juez de primera instancia Fernando Silva había resuelto: el etiquetado establecido por Cofepris en 2014 violaba el derecho a la salud y a la información.  

El caso es ejemplar de las puertas giratorias y la falta de un marco regulatorio que evite el conflicto de interés con sanciones suficientemente fuertes para que sean realmente disuasorias de estas prácticas. El proyecto del Ministro Fernando Franco fue rechazado. Tanto en esa ocasión, como en la presentación del segundo proyecto que venía ya en contra de nuestro amparo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, votó a favor de rechazar nuestro amparo. En esa sesión en las que se votaron proyectos de sentencia de diversos casos, el entonces Ministro Fernando Franco dio una clase de la honestidad que le caracteriza, muy distante del actuar de Medina Mora, manifestando que consideraba que debería excusarse de la votación de unos de los proyectos de sentencia ya que había conocido a una de las personas involucradas en ese caso. Se le pidió que fuera más explícito, explico que habían sido compañeros en la primaria, le preguntaron si había mantenido contacto a lo que respondió que no. Los miembros de la sala acordaron en que no había motivo para que se excusara.

En cambio, el propio presidente de la SCJN no se excusó de votar en nuestro caso a pesar de que su hermano, José Medina Mora, era vicepresidente de Coparmex, una de las asociaciones empresariales con intereses muy claros en ese proceso. El propio Eduardo Medina Mora había sido accionista de Grupo KUO y Grupo Herdez, grupos empresariales interesados en mantener un etiquetado que les beneficiaba. Medina Mora también había mantenido fuertes ligas con la propia Organización Internacional de Azúcar, al ser representante del Gobierno mexicano en este organismo que defendía este etiquetado y se manifestaba en contra del etiquetado de advertencia que ya se estaba discutiendo en México.

Y cuando hablamos de políticas de salud pública, la traición de los funcionarios a su misión como servidores públicos para convertirse en servidores privados, que se expresa en el bloqueo activo de leyes, normas, regulaciones, sentencias, dirigidas a la protección de la salud pública, tiene como resultado el incremento de personas enfermas, el aumento de la mortalidad. Es decir, las puertas giratorias activadas desde corporaciones como las tabacaleras, las alcoholeras y las de comida chatarra y bebidas endulzadas, son estratégicas para impedir las políticas dirigidas a reducir los daños que provoca el alto consumo de sus productos. Es así como bloquean las políticas de salud pública que buscan reducir el consumo de sus productos que se han convertido ya en la principal causa de enfermedad y muerte en el país.

El poder político, el poder de los legisladores para hacer leyes; el poder del Presidente, los secretarios de Estado, de los órganos reguladores para impulsar, monitorear y evaluar políticas públicas; así como el poder que ejercen jueces, magistrados y ministros para resolver disputas, establecer sentencias civiles, administrativas y penales, son todos poderes que se han vuelto un botín, que buscan ser capturados, sometidos por otros poderes, los económicos y los del crimen organizado. Así es como los gobiernos son infiltrados, sometidos y capturados, y es así como los funcionarios traicionan su misión de ser servidores públicos. 

En el caso de los poderes económicos la estrategia es impulsar, apoyar y promover a personajes que sirvan a sus intereses para ocupar cargos en el Legislativo, en el Ejecutivo y el Judicial. Estos personajes sirven a las grandes corporaciones, a las poderosas asociaciones empresariales, porque han sido formados en una ideología que tiene como principio que el bienestar y defensa de los intereses privados, como el libre mercado sin regulaciones o regulaciones a modo, cosméticas, es esencial para el desarrollo del bienestar público. Se trata de una ideología muy cómoda para quienes defienden y quieren defender el status quo que les beneficia, sin cuestionar las inequidades, las desigualdades, el estado de deterioro grave de la salud de la población y el planeta. Pero, en la mayor parte de los casos, estos personajes actúan en plena consciencia de la conveniencia de servir a estos intereses económicos para asegurarse beneficios personales y una larga carrera política y económica en ascenso.  

Existen en gran parte del mundo leyes, regulaciones, lineamientos, códigos, diferentes iniciativas dirigidas a impedir que los servidores públicos sirvan a intereses privados. Y estos marcos regulatorios contra el conflicto de interés van desde declaraciones de buenas intenciones hasta sanciones. En México estos marcos regulatorios contra el conflicto de interés se han quedado en eso, en buenas intenciones, a pesar de que el conflicto de interés es tal vez uno de los actos más comunes de corrupción que no sólo favorece a intereses privados, atenta contra los intereses colectivos, daña a la colectividad. 

Es importante la labor del periodismo y de las organizaciones de la sociedad civil al vigilar y exponer públicamente el conflicto de interés, pero no es suficiente si no existen mecanismos para sancionar estas prácticas que atentan contra el corazón de la democracia. Aquí mostramos un ejemplo de la captura del Poder Judicial que tiene como consecuencia, sin duda, daños a la salud de la población, pero también la captura de la política trae daños al medio ambiente, al territorio, a la cultura, a la paz social y mantiene las profundas desigualdades, ya que se gobierna a favor de los grupos dominantes y siempre son los sectores más marginados, más pobres, los que sufren las más graves consecuencias. 

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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