La detención se realizó desde el pasado miércoles en Metepec, Estado de México, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión, la cual giró un Juez federal de aquella entidad por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron a SinEmbargo la captura de Ángel Casarrubias, alias “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La detención se realizó desde el pasado miércoles en Metepec, Estado de México, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión, la cual giró un Juez federal de aquella entidad por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.
El presunto líder de Guerreros Unidos fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el Almoloya de Juárez, confirmó la fuente federal.
El martes próximo será presentado ante un Juez de control, quien determinará la legalidad de su detención y le informará de los cargos.
Ángel Casarrubias es hermano de Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos y quien fue detenido en 2014 por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de ese año, en Iguala, Guerrero.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreció un millón 500 mil pesos a quien brindara información sobre el paradero de “El Mochomo”.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario El Sur, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos expuso en febrero pasado que los Guerreros Unidos y Los Rojos son los dos grupos más “prominentes” de la escisión de la Organización de los Beltrán Leyva.
Han logrado independencia respecto a las demás organizaciones por su papel de traficantes de heroína, indica en su informe Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019 que publicó el pasado 30 de enero en su página web. Los remanentes todavía operan bajo el escudo de los Beltrán Leyva y mantienen centros de distribución de drogas en Phoenix, Los Angeles y Chicago.
En el capítulo de organizaciones criminales transnacionales, la DEA señala el historial de los seis cárteles mexicanos con mayor capacidad para exportar estupefacientes hacia Estados Unidos: los cárteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Juárez, del Golfo, Los Zetas y la organización de los Beltrán Leyva.
En cuanto a este último, la agencia estadunidense explica que logró su independencia después de que los hermanos Beltrán Leyva y sus asociados se separaron del Cártel de Sinaloa en 2008.
A pesar de que todos los hermanos Beltrán Leyva han sido asesinados o encarcelados, la DEA precisa que grupos escindidos y remanentes de su organización continúan operando en diversas partes de México, “incluyendo los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sinaloa”.
“Los grupos escindidos, aunque generalmente considerados todavía bajo el escudo de la Organización de los Beltrán Leyva, están logrando mayor independencia e influencia”, asevera el informe.
La DEA destaca que los dos grupos más “prominentes” de estas escisiones son Los Rojos y Los Guerreros Unidos, que “operan independientemente debido en parte a su función en el comercio de heroína”.
También expone que los grupos escindidos de los Beltrán Leyva “dependen de sus ligeras alianzas” con el Cártel de Juárez, Los Zetas y CJNG para el contrabando de drogas a lo largo de la frontera sudoeste de Estados Unidos.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región.
-Con información de El Sur y Europa Press
