Ante los sucesos de cambio de paradigma que se han suscitado, inimaginables para muchos, como es la llegada al poder de personajes como Donald Trump.  Nadie a ciencia cierta podía predecir lo que vendría. El miedo, la sorpresa e incertidumbre tuvieron un efecto paralizante, que aunque fue momentáneo, nos desconcertó lo suficiente para reconocer que tan alejados estamos de nuestro entorno, aún el más cercano.

Las crisis nos sacuden pero también abren líneas de oportunidad. En la agenda de migración y asilo, así ha pasado. Las acciones de la sociedad organizada, la voz de la propia población migrante y refugiada, los intereses que se benefician de talentos, saberes y mano de obra de población migrante han sido un freno y un alivio ante medidas que se ha propuesto la cabeza de un gobierno ignorante y retrograda.

Pero ya desde décadas pasadas, hemos visto también como a nivel local, hay espacios territoriales que se han denominado “Ciudades Santuario” han tomado como bandera el proteger a la población migrante y refugiada contra actos de discriminación, políticas públicas o legislaciones migratorias restrictivas  y criminalizadoras. En algunos casos incluso han otorgado beneficios como licencias de conducir o acceso a programas sociales como becas escolares. En Estados Unidos, algunas de estas Ciudades son: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland (ambas Maine y Oregon), Denver, New York City y todo el estado de New Jersey.

El caso de la Ciudad de México también es significativo, ya que si bien le falta mucho en materia de implementación de sus leyes y programas, lo cierto, es que ha asumido un compromiso en cuanto a abrirse a la posibilidad de dar un acceso en igualdad de condiciones a la población migrante y refugiada.

Un paso concreto y que ya iniciaron algunas dependencias de gobierno en la Ciudad de México (particularmente la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo), es el cambio de las reglas operativas de los programas sociales.

En el mismo sentido, en la Ley de Interculturalidad, Programa Sectorial de Interculturalidad se crea un padrón de huéspedes de la Ciudad como un instrumento de  política  pública,  de  atención  y  seguimiento; con  el  objeto  de  promover  el  ejercicio  de  sus  derechos  humanos,  así  como  para  la  orientación  en  sus  procesos  de  regularización; a partir de este padrón se expide una credencial que acredita a las personas como huéspedes; sin embargo, aún falta mucha difusión de la misma entre todas las dependencias de la Ciudad de México, ya que aún no es aceptado como comprobante de identidad, por el desconocimiento de la misma.

Recientemente el Jefe de Gobierno declaró a la Ciudad de México, Ciudad Santuario y decretó hacer cambio a todas las reglas de operación de los programas sociales de la Ciudad para que den acceso a la población migrante. Si bien, está orientada inicialmente a los mexicanos deportados desde los Estados Unidos, lo cierto es que, se plantea ya desde varios sectores de la sociedad civil organizada, incluido Sin Fronteras, que los beneficios apliquen también a población migrante y refugiada en la Ciudad.

El papel que juegan los gobiernos locales se vuelve muy importante en el acceso y garantía de derechos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es en los espacios locales donde puede avanzarse significativamente en probar y demostrar que en igualdad de condiciones, todas las personas pueden acceder a los derechos que les permitan tener una vida digna y convertirnos en Ciudades globales.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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