Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La Reforma Política para el Distrito Federal, que quedó a la espera de ser discutida en la Cámara de Diputados, podría no prosperar para lo que resta de la administración del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, su principal impulsor.
Así lo consideró el analista político independiente Antonio de la Cuesta, quien ve poco factible que la reforma se apruebe, ya sea en un periodo extraordinario en lo que resta de la actual legislatura o en el próximo periodo ordinario de sesiones, que sería el primero con una nueva composición tras la elección del pasado 7 de junio.
El especialista planteó dos escenarios posibles para el proyecto, que fue aprobado por el Senado el pasado 28 de abril y que, casi de inmediato, se congeló en la Cámara de Diputados. Una opción, dijo, es que los diputados modifiquen la iniciativa, lo que implicaría regresarla al Senado para su aprobación, donde se congelaría. La otra alternativa es que la iniciativa quede estancada en comisiones en la Cámara Baja.
La razón de este eventual estancamiento, a decir del analista, es que para las fuerzas políticas mayoritarias una Reforma Política para la capital del país sería contraproducente para sus intereses, pues fortalecería a quien gobernara el Distrito Federal.
La tendencia electoral que mostraron los recientes comicios en la capital, en la que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le arrebató cinco delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al Partido de la Revolución Democrática (PRD), bien podría anticipar un eventual triunfo de Morena en la Jefatura de Gobierno en 2018, apuntó de la Cuesta.
“Si tenemos un Jefe de Gobierno empoderado con una reforma, no va a ser suficientemente cómodo para quien en su momento detente el gobierno federal”, expuso.
De hecho, ese fue casi el escenario que la iniciativa de Reforma Política encontró en la Cámara de Diputados hace unos meses, cuando los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) anunciaron que rechazarían la propuesta.
Su argumento fue que no votarían una reforma “al vapor”, dado que estaba por concluir el periodo ordinario de sesiones y el tiempo era insuficiente para revisar la iniciativa.
Tanto Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los diputados priistas, como su par panista, Ricardo Anaya Cortés, plantearon entonces la posibilidad de realizar un periodo extraordinario para revisar el tema. Esa opción, hasta ahora que sesiona la Comisión Permanente, no ha sido planteada nuevamente.
En la lectura de de la Cuesta, la misma censura que tuvieron esos partidos se mantendría frente a una eventual discusión de la reforma, debido a que a esos partidos no les conviene respaldar un proyecto político que empodere a la izquierda, que es la corriente política que ha gobernado a la Ciudad de México, a través del PRD.
Sólo al partido del Sol Azteca le convendría la aprobación de la reforma, pero no tendrá el suficiente peso en la composición de la próxima legislatura para llevarla adelante, estimó el analista.
“Si no pasa la reforma es porque sencillamente no conviene a las fuerzas políticas mayoritarias”, sentenció.
POLÉMICA POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La iniciativa de la Reforma Política del Distrito Federal implicaría cambios en 51 artículos de la Constitución Política, con el fin de modificar el estatus jurídico de la capital del país convirtiéndola en una entidad más y dotándole de más autonomía respecto al gobierno federal.
La reforma implicaría que al Distrito Federal se le cambiara el nombre por Ciudad de México y tuviera su propia constitución. También planteó que las delegaciones dejaran de ser gobernadas por jefes delegacionales y adoptaran un estructura similar a la de los municipios, con alcaldes y concejales.
Para la elaboración de una nueva constitución, se planteó formar una asamblea constituyente, integrada en 60 por ciento por representantes elegidos y 40 por ciento por personajes designados por el Jefe de Gobierno, el Presidente de la República y el Congreso de la Unión.
Para los panistas existían dos razones concretas para su rechazo: la composición de la asamblea constituyente, en donde habría una sobrerrepresentación del PRI y del PRD, dada la preponderancia en la designación de los asambleístas que tendrían el Jefe de Gobierno y el Presidente de la República y la burocracia que el nuevo régimen político generaría en la capital del país.
Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también rechazaron la propuesta de reforma. El coordinador de los legisladores morenistas, Alfonso Durazo Montaño, señaló el asunto de la sobrerrepresentación del Presidente y el Jefe de Gobierno, y consideró que no es un mecanismo democrático.
El politólogo Eduardo Bueno León respaldó la postura de que, como está planteada en la iniciativa, la asamblea constituyente debería modificarse, de modo que fuera integrada al cien por ciento por personajes elegidos, y no designados.
Debido a que uno de los políticos que criticó la propuesta de composición de esta asamblea fue Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, Bueno consideró que una nueva alternativa de asamblea constituyente podría serle favorable. Sin embargo, Morena no ha mostrado mucho interés en la reforma política.
El beneficio que podría significarle al partido de López Obrador, coincidió el especialista en temas políticos, también podría llevar a los otros partidos a negarse a apoyar una reforma política cuyo liderazgo ideológico pudiera quedar en manos del dos veces candidato presidencial.
Sin embargo, señaló, el tema de la composición de la asamblea constituyente también podría generar un debate político en la Cámara de Diputados, que podría ser aprovechado por la bancada de Morena para apuntalar sus intereses.
HASTA MANCERA SE OLVIDÓ DE LA REFORMA
Pese a haber sido su principal impulsor, el Jefe de Gobierno ha sacado de su discurso el tema de la Reforma Política, señaló de la Cuesta.
Y es que a decir de Bueno, el escenario para él presenta una disyuntiva: si intenta apuntalar nuevamente la reforma y ésta es aprobada, le ayudaría a recuperar su liderazgo como Jefe de Gobierno. Por el contrario, si la reforma termina siendo rechazada o congelada, lo remataría como “un dirigente inútil, sin peso político propio, sin capacidad para poder negociar y persuadir”, consideró el politólogo. “Para Mancera sería un golpe definitivo”.
Sin embargo, dijo, es un asunto que el Jefe de Gobierno tiene que seguir presionando, dado que la Reforma Política para el Distrito Federal es una demanda desde hace muchos años.
Para de la Cuesta, es factible que Mancera incluso abandonara el tema.
“Si ve Mancera y todos los demás actores que hay demasiadas resistencias en el tema y que además no se van a hacer modificaciones a la minuta, totalmente contraria a lo que quisiéramos los capitalinos en términos de responsabilidad, Mancera puede ser que incluso abandone el tema”, apuntó.
LA ALERTA DE MOODY’S
La semana pasada, la calificadora de riesgo Moody’s señaló que una reforma política para el Distrito Federal no era buena idea, dado que tiene una deuda más elevada que la media nacional y tasas y vencimientos que podrían complicar el pago.
La calificadora expuso en un reporte que el alcance de la reforma podría modificar el endeudamiento vigente, en el que el gobierno central es el obligado directo por la deuda contraída por el Distrito Federal. De prosperar la iniciativa de reforma, señala el reporte, la deuda futura del Distrito Federal ya no estaría necesariamente calificada al mismo nivel que la deuda soberana, que es actualmente de A3, es decir estable.
Actualmente, la deuda per cápita en el Distrito Federal es de poco más de 6 mil 919 pesos por ciudadano.
En el año 1997, cuando el primer regente de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano asumió el poder, la deuda pública del Distrito Federal era de 11 mil 789 millones de pesos.
Cárdenas dejó en 1999 el cargo a Rosario Robles Berlanga, actual Secretaria de Desarrollo Social, durante la gestión de tres años que completaron entre ambos, la deuda creció en 16 mil 929 millones para cerrar en 28 mil 718 millones de pesos.
El 5 de diciembre del año 2000 Andrés Manuel López Obrador llegó a la Jefatura de Gobierno, donde se desempeñó durante cinco años. En ese periodo aumentó la deuda a 41 mil 439 millones de pesos, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para dejarla en 12 mil 721 millones de pesos.
El siguiente Jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard Causabón, también siguió la ruta del endeudamiento: en abril de 2012, en un informe que entregó al Senado, el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que la deuda pública subió a 52 mil 258 millones de pesos.
Moody’s alerta que un factor clave es el apoyo que finalmente tendría el Distrito Federal por parte del gobierno federal una vez que se apruebe y promulgue la reforma.
“Necesitaríamos evaluar la probabilidad de apoyo extraordinario por parte del Gobierno de México para prevenir un incumplimiento del Distrito Federal en caso de una situación de estrés agudo de liquidez”, apunta en su reporte.
De aprobarse la reforma política, las calificaciones del Distrito Federal ya no dependerían de la calificación del gobierno federal, sino de la calidad crediticia intrínseca de la propia entidad, que probablemente sería de una nivel inferior a la actual.
