En los tres últimos años fiscales, más de 700 mil migrantes han sido deportados, según cifras oficiales. Las leyes actuales incluyen provisiones para que algunas personas deportadas puedan volver, pero en la práctica casi no se aplican.
Por Gisela Salomon Y Claudia Torrens
MIAMI (AP) — El mexicano Jesús López se siente solo y extraño en un país que casi no conoce, pese a que nació allí. Su sueño es regresar a Chicago, la ciudad donde vivía antes de ser deportado hace un año en plena pandemia de COVID-19.
“Allí es adonde pertenezco, donde tengo mis amigos, mi familia”, explicó el inmigrante de 25 años, que ahora vive en Guadalajara.
López, que estuvo protegido por un programa especial para jóvenes inmigrantes –dreamers– y luego perdió su estatus legal y fue expulsado, forma parte de un movimiento que presiona al Gobierno del Presidente Joe Biden para que permita que migrantes deportados puedan regresar a Estados Unidos.
Activistas, abogados, extranjeros deportados y decenas de organizaciones han expresado un fuerte apoyo a propuestas como la creación de una oficina en Washington que revise los casos de personas expulsadas y que, según estos grupos, merecen regresar.
“Hemos deportado a cientos de miles de individuos. Hacer eso y no tener ni siquiera una válvula de seguridad para revisar malas decisiones infringe cualquier sistema legal de justicia”, dijo Nayna Gupta, del National Immigration Justice Center, un grupo que ha diseñado un plan de regreso de deportados y lo ha enviado a funcionarios en Washington.
Pero será difícil que la propuesta sea considerada: la Casa Blanca no la ha mencionado nunca y tampoco tiene un legislador que la avale en el Congreso. La campaña, no obstante, muestra cómo los activistas de migración se han empoderado después de mantener un perfil más bajo durante la pasada Presidencia de Donald Trump, que impulsó una política de inmigración de mano dura, y la variedad de metas que se han fijado.
Hay muchos que también están focalizados en proyectos de ley que han sido aprobados por la Cámara de Representantes y permanecen estancados en el Senado, en momentos en que la llegada de miles de niños no acompañados a la frontera con México ha debilitado la posición de la Casa Blanca. Esas iniciativas darían un estatus legal a los dreamers que, como López, fueron traídos por sus padres y permanecieron ilegalmente en el país, a migrantes que tienen un estatus legal temporal conocido como TPS, y a trabajadores agrícolas.
Otro proyecto de ley propuesto por Biden que allana el camino a la ciudadanía a los migrantes que permanecen ilegalmente en el país incluye algunos puntos para que personas que fueron deportadas puedan regresar. Pero hasta ahora el Gobierno demócrata no ha hablado públicamente o respondido preguntas sobre la posibilidad de considerar esas solicitudes de manera regular.
En los tres últimos años fiscales, más de 700 mil migrantes han sido deportados, según cifras oficiales. Las leyes actuales incluyen provisiones para que algunas personas deportadas puedan volver, pero en la práctica casi no se aplican.
Para algunos expulsados, el mero cambio de Presidente representa una esperanza.
Claudio Rojas dijo que se alegra de que Trump ya no esté en el poder. Aún así, el argentino pasa mucho tiempo encerrado en su casa de Buenos Aires y a veces sufre de insomnio.
“No estoy preso en un centro de detención, pero me siento preso en mi domicilio. Estoy en la Argentina pero me siento en el extranjero. No me habitúo,” dijo Rojas, de 55 años y quien fue deportado en 2019 dejando a su esposa y dos hijos en Florida.
Rojas llegó a Estados Unidos en el 2000 con su familia a través de un visado de turista que expiró poco después. Tras una década trabajando en el arreglo de casas fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Fue liberado, pero con una orden de deportación.
Decidió quedarse e ICE fue a buscarlo a su casa en 2012. Pasó siete meses bajo arresto y en el centro de detención inició una huelga de hambre que captó la atención pública. Logró quedar libre y dos cineastas realizaron un documental sobre su experiencia y la de otros en el centro.
Pero días antes de la presentación del filme, en la que Rojas iba a hablar, fue detenido al acudir a una oficina de ICE para su requerido chequeo regular. Fue deportado poco después.
Ahora, tras interponer una demanda, espera la decisión de una corte federal estadounidense.
“Estoy viviendo esto con mucha ansiedad porque el deseo mío es volver para allá y estar con mi familia otra vez”, aseguró.
El National Immigration Justice Center, que ha pedido que se revisen casos de deportación como los de Rojas y López, dice que el Congreso no necesita intervenir en su propuesta. La creación de un proceso centralizado de revisión de las solicitudes de regreso de deportados puede hacerse a través de una orden ejecutiva del Presidente, según el grupo.
El plan solicita al Gobierno que tome en consideración diversos factores, como el de personas que podían ajustar su estatus y solicitaron permanecer legalmente en el país antes de ser deportadas, o aquellos que atraviesan situaciones especiales.
La propuesta fue compartida con la Casa Blanca, dijo el grupo. El Gobierno no respondió las solicitudes de comentarios de The Associated Press.
La organización también planea invitar al Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, para hablar sobre la iniciativa e incluir una carta firmada por 75 grupos que apoyan la propuesta.
Los grupos están esperanzados tras ver que el Gobierno ha empezado a reunificar a familias que fueron separadas en la frontera con México durante la administración de Trump.
“Mientras hacen eso es de esperar que las diversas agencias involucradas reconozcan que es algo que se puede hacer, que tenemos procesos en marcha como la libertad condicional humanitaria, para traer a la gente de regreso”, expresó Alina Das, una de las directoras de Immigrant Rights Clinic de New York University.
En febrero tres congresistas de California volvieron a presentar en el Congreso un proyecto de ley para devolver a Estados Unidos a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que han sido deportados.
“Si alguien merece una segunda oportunidad esos son nuestros veteranos”, dijo el congresista Mark Takano en una rueda de prensa.
Aparte de ese proyecto, el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), podría ser el que tiene más posibilidades de ser aprobado en el Congreso.
El mexicano López, el “soñador”, tiene esa esperanza.
Él llegó a Estados Unidos a los nueve años junto a sus dos hermanos y sus padres, en busca de un mejor porvenir. Tenían visa de turista, pero resolvieron quedarse más tiempo del permitido. Vivió siete años sin autorización legal, hasta que en 2012 se amparó bajo DACA.
A través ese programa, López pudo trabajar legalmente. La legalidad, sin embargo, terminó en 2015 porque no tenía los 500 dólares que necesitaba para renovar esas protecciones.
Con la llegada Trump a la Presidencia, DACA fue suspendido.
En 2019, la policía detuvo a López y a otros tres jóvenes que estaban con él porque el vehículo en el que viajaban iba a exceso de velocidad en una carretera de Iowa.
Él no manejaba, pero al requisar el automóvil la policía encontró mariguana y todos quedaron detenidos. Tras pagar una fianza sus tres amigos estadounidenses recuperaron la libertad, pero López, el único migrante sin estatus legal, fue trasladado a un centro de detención.
Fue deportado en 2020 al presentarse a una oficina de migración para lo que creía era una cita de rutina en Iowa. Había viajado hasta allí en automóvil con sus dos hermanos.
“Fue un día muy triste”, recordó López, que vive con su tía y trabaja en un vivero.
Ahora sueña con volver a Chicago para trabajar en la construcción, vivir con sus padres y ayudar con los mandados a su abuelita.
“Esta nueva administración nos da un poco de esperanza de ver las cosas más humanas”, dijo.
