Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, detalló que se harán las gestiones adecuadas y correctas para no dilatar más el proceso de extradición de Duarte Jáquez, ya que “durante el sexenio federal anterior [encabezado por Enrique Peña Nieto], hubo un manoseo en la forma en que fueron administradas las órdenes de aprehensión”.
De acuerdo con la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, sobre Duarte existen 15 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de peculado y por las cuales se requiere su presencia en la entidad.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, informó hoy que inició, en coordinación con la federación, una nueva estrategia para llevar a cabo el cierre del proceso de extradición de su antecesor César Duarte, acusado de peculado.
Un juez giró este fin de semana órdenes de aprehensión en contra del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quien ya fue capturado en España, y de Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Enrique Peña Nieto.
Duarte es parte de esa misma camada de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vendidos por ex mandatario como “la nueva generación del PRI”.
“Lo que sí les puedo asegurar, es que por parte del Gobierno de Estados Unidos, nos han confirmado que México ha expresado con claridad, su voluntad para traer a Duarte a los tribunales del estado de Chihuahua”, dijo el Gobernador de Chihuahua en entrevista con medios de comunicación en la Ciudad de México.
Asimismo, precisó que ha sostenido diversas reuniones de trabajo con los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quienes le han reiterado su compromiso para colaborar en el caso, con el objetivo de que no quede impune.
En un comunicado, Corral Jurado detalló que se harán las gestiones adecuadas y correctas para no dilatar más el proceso de extradición de Duarte Jáquez, ya que “durante el sexenio federal anterior [encabezado por Enrique Peña Nieto], hubo un manoseo en la forma en que fueron administradas las órdenes de aprehensión”.
De acuerdo con la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua, sobre Duarte existen 15 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de peculado y por las cuales se requiere su presencia en la entidad.
Finalmente, consideró que el proceso se dará durante los meses siguientes, gracias a que se acabó la protección al ex Gobernador. “Ya no hay manera de que se salve”, agregó.
LAS REDES DE CORRUPCIÓN DE DUARTE
Carlos Chavira Rodríguez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cd. Juárez, Chihuahua, de 2008 a 2012, acusó “complicidades” entre ex dirigentes nacionales del organismo patronal y el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
“Gerardo Gutiérrez Candiani (2009-2012), Alberto Espinoza Desigaud (2012), Juan Pablo Castañón Castañón (2012-2015) y Gustavo de Hoyos Walther (2016-2019) son –por lo menos en relación a mi caso– cómplices de Duarte y responsables de la persecución criminal que un Gobernador ladrón, corrupto, megalómano y ahora prófugo de la justicia llevó en mi contra”, aseguró en entrevista Chavira.
En el marco de su intención de competir por la presidencia nacional de Coparmex en 2012, el empresario Chavira, crítico de los presuntos desvíos de recursos de Duarte, fue acusado de supuesta administración fraudulenta en perjuicio del Gobierno de Chihuahua por 20 millones 818 mil pesos bajo la causa penal 339/13 que derivó en orden de aprehensión el 25 de febrero de 2013, luego de que el Gobierno estatal le dio 25 millones de pesos para la celebración del Primer Expo-Encuentro Empresarial, Cultural y Deportivo “Juárez Competitiva” 2011.
Ante ello, la Coparmex le retiró el registro a la candidatura. Pero después de siete años de lo que consideró una “persecución política”, Chavira fue absuelto por las autoridades judiciales ante la falta de pruebas. Es inocente.
De acuerdo con el empresario Chavira, el ex mandatario priista César Duarte lo bloqueó del camino para apoyar al ex líder patronal Gerardo Gutiérrez Candiani, quien requería a un “condicional” en Coparmex (es decir, Juan Pablo Castañón) en su intención de ser el candidato a la gubernatura de Oaxaca. Esto, consideró, a cambio de que el organismo empresarial no cuestionara los señalamientos de malversación de recursos públicos en su contra.
“Había un proyecto político muy claro y definido en el cual naturalmente Candiani necesitaba dejar [en 2012] a un condicional de él en Coparmex para irse al Consejo Coordinador Empresarial”, dijo en entrevista desde Texas, Estados Unidos, donde se ha refugiado durante casi una década tras el hostigamiento del gobierno de Duarte para evitar que fuera el presidente nacional de Coparmex.
“Los ex presidentes de Coparmex jamás emitieron un solo señalamiento de denuncia a la corrupción de saqueo de recursos de César Duarte. Yo denuncié a mediados de 2012 la corrupción de Duarte y los hechos de dispersión y distracción de recursos públicos, de abuso de poder, de impunidad que jamás fueron atendidos por Coparmex; jamás hizo un solo pronunciamiento”, agregó.
En charla con el periodista Sergio Armendariz el 13 de octubre de 2018 en Chihuahua, el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos aseguró que no conocía las resoluciones judiciales respecto a la reciente absolución a Chavira.
“Voy a pedir que me informen de ella para poder emitir una opinión”, le contestó. “Las investigaciones que se llevaron no tiene que ver con su desempeño en Coparmex”.
PROCESO DE EXTRADICIÓN CON AMLO
El 20 de octubre, durante su gira del agradecimiento, el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió frente al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para continuar con el proceso de extradición de Estados Unidos de César Duarte Jáquez, quien sigue prófugo de la justicia a cuatro meses de iniciado su gobierno y, además, tiene una cita con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)para el miércoles 17 de abril respecto a su proceso de expulsión.
Ya como Presidente, no dijo ni una sola palabra en referencia a Duarte ni a la corrupción durante su visita a Ciudad Juárez el 5 de enero, cuando presentó el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte también en compañía de Corral Jurado. Ese día, Jaime García Chávez, abogado y activista de Unión Ciudadana que denunció penalmente a Duarte en septiembre de 2014, le pidió en una carta que aplicara “todo el rigor de la ley” contra el ex mandatario.
Ante la falta de acciones penales, el abogado chihuahuense ya no cree en el discurso anticorrupción del Gobierno federal.
En septiembre de 2014, presentó la denuncia penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra César Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias acompañado de la prueba: el Fideicomiso por 65 millones que suscribió el entonces Gobernador priista “para pretender quedarse” con el banco Unión Progreso de Chihuahua.
A la fecha, no ha pasado de la integración de la averiguación previa.
“Cero corrupción, cero impunidad, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso”, afirmó López Obrador el 2 de marzo en su visita a Chihuahua, Chihuahua para explicar las tandas para el bienestar.
Para el abogado, “la corrupción no se combate con frases sino con acciones de tipo penal. Estamos en una situación de seguir adelante, pero con gran desaliento porque cinco años no han sido suficientes para que esto se mueva ni una pulgada”, afirmó en entrevista.
“La lectura que hago tanto lo que se refiere a la causa inicial de 2014 como a los juicios que ha iniciado también el Gobernador Corral es que hay un desdén por parte de la Presidencia de la República. Creo que hay un desprecio por aplicarle la justicia a César Duarte, creo que hay un desprecio por el esfuerzo ciudadano para atender un reclamo extendido de la sociedad chihuahuense”, dijo García Chávez.
A fines del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se le notificó parcialmente la consulta que la Unidad de Estudios y Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República estaba haciendo para no ejercitar la acción penal contra Duarte, evocó García.
Entonces presentó el amparo 529/2018, que se tramita en el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Chihuahua, para conocer los argumentos de la Unidad para exonerarlo. Cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la PGR –bajo dirección del encargado de despachoAlberto Elias Beltrán– impugnó ese amparo ya concedido y está en revisión ante el Tribunal Colegiado.
“No es cierto que se haya acabado la corrupción tolerada a la que se ha referido Andrés Manuel, porque la Fiscalía actual de [Alejandro] Gertz Manero sigue litigando formalmente a favor de Duarte al no desistirse de ese recurso de revisión. Ese amparo que se nos había concedido era elemental porque se nos violó nuestra garantía de audiencia”, acusó el abogado de Unión Ciudadana.
El Fiscal Alejandro Gertz entró en funciones el 21 de enero. “Al Fiscal Gertz Manero le dirigimos un telegrama en enero del 2019 pidiéndole audiencia y no hemos tenido un acuse de recibo, simplemente nos están dando la ley de hielo. Ni siquiera contestan para decir que se recibió el documento”, aseguró.
En Chihuahua se ha encontrado con el mismo silencio por parte de las autoridades judiciales. “Hace un mes fuimos a la oficina de [el Fiscal César Peniche Espejel] a implorarle audiencia, y es hora que no nos contesta”, lamentó.
