La microcuenca “El azufre”, que dota de agua a la cabecera municipal, se encuentra cercano al relleno sanitario que construye y opera el Ayuntamiento de Yajalón, quien no ha informado de los estudios de impacto ambiental a la ciudadanía.
Por Andrés Domínguez
Chiapas, 29 de abril (Chiapas Paralelo/SinEmbargo).- Desde septiembre pasado, más de 50 habitantes de la zona cercana a las microcuencas “El azufre”, ubicadas en el municipio de Yajalón, han denunciado la clandestinidad en la que opera un relleno sanitario. De acuerdo con las acusaciones, el relleno viola la Ley Ambiental del Estado de Chiapas en Materia de Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial, así como la Norma Oficial Mexicana en su numeral.
Quienes se encargan del relleno sanitario no han presentado el manifiesto de impacto ambiental a las comunidades cercanas, además, los pobladores han documentado que se ubica en una zona cercana a cuerpos de agua que están siendo contaminados y que, en consecuencia, han dejado afectaciones en la piel de quienes están en contacto con ella, así como la reducción de los litros de agua disponibles para las personas.
Por lo anterior, desde hace 7 solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y a la Comisión Nacional de Agua (Conagua), que exigieran el documento de impacto ambiental y que se brindara asesoramiento a los responsables para evitar riesgos para la población, sin embargo, las autoridades hasta ahora no se han pronunciado para deslindar responsabilidades.
VIOLACIÓN A NORMAS
El pasado 19 de septiembre, los habitantes de Yajalón expusieron que habían dirigido las denuncias correspondientes a las 4 autoridades antes mencionadas, además del Ayuntamiento Municipal de Yajalón encausada hacia las irregularidades que se viven con el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial por el caso de la microcuenca “El azufre”.
En el mismo documento expresaron que el Presidente Municipal, Juan Manuel Utrilla Constantino, sin ser todavía representante legal del municipio de Yajalón, ignoraba los riesgos potenciales que representaba el comienzo de obras de construcción de un relleno sanitario.
Expusieron que Utrilla Constantino no contaba con permisos y estudios pertinentes en materia de impacto ambiental, situación que el político acepto públicamente en reunión realizada el día martes 18 de septiembre en el Barrio el Ajkabalna, de acuerdo con algunos habitantes.
No obstante, en un video reciente, publicado en redes sociales, el Alcalde dijo que la operación del relleno no afecta a ninguna afluente.
Pese a ser documentado por los habitantes cercanos, el Presidente Municipal de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, desmiente exista contaminación alguna por la operación del relleno sanitario. pic.twitter.com/2zi1FYvqeS
— Andrés Domínguez (@andresreportero) 29 de abril de 2019
Los habitantes especificaron en la denuncia que la obra se ubica en el mismo lugar que la microcuencia “El azufre”, área que por su topografía y vegetación es de prioridad para la recarga de acuíferos en la zona.
Por lo anterior y de acuerdo con la Ley Ambiental del Estado de Chiapas, en el numeral VIII del Artículo 231 en Materia de Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial, estaría prohibido la operatividad del relleno por encontrarse adyacente a cuerpo de agua y ecosistemas de importancia ambiental.
De acuerdo con el portal de noticias Chiapas Paralelo, el sitio donde opera el relleno sanitario se ubica a 250 metros del arroyo “El Azufre”, una fuente de abastecimiento de agua para la localidad, y a 200 metros de una reserva ecológica de 5 hectáreas, lo que viola la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
Este dato, revela que se viola las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que en el numeral 4.2.2.3 sobre especificaciones para la selección del sitio señala que:
“La distancia de ubicación de los sitios con respecto a cuerpos de aguas superficiales de caudal continuo debe ser de mil metros (1000 m) como mínimo, medido desde el punto más cercano del perímetro del sitio de confinamiento incluyendo sus zonas de amortiguamiento, al punto más cercano del nivel de agua máxima extraordinaria, para evitar la afectación a dichos cuerpos de agua”.
No obstante, pese a que la violación a las normas se hizo flagrante, ninguna de las autoridades ha emitido un dictamen que detenga y resarza el daño ocasionado a esta fuente de agua.
¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?
El 25 de septiembre de 2018 los pobladores enviaron la denuncia a las dependencias mencionadas para que tuvieran conocimiento de la problemática y copiaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como al Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”.
Conagua fue la primera autoridad en emitir una repuesta el jueves 18 de octubre de ese año, más una adicional con fecha 22 de octubre recibido al día siguiente.
El documento fechado al 8 de octubre firmado por Gabriel López Espinoza, director técnico del Organismo de Cuenca y Frontera Sur de Conagua, respondió que su autoridad carece de facultades para autorizar o rechazar el proyecto y la construcción de rellenos sanitarios municipales. Además, indicó que sería Semarnat, Profepa o Semahn las encargadas de regular la construcción de dichos inmuebles.
En la segunda respuesta, del 22 de octubre, firmada por Martín Mendez Vera, director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Frontera Sur de Conagua, respondió que era obligación inmediata de los gobiernos municipales proveer los servicios de recolección y confinamiento de residuos sólidos.
Estableció que, en caso de que estos no puedan cumplir, estaban obligados a buscar a sus superiores y urgió el involucramiento de los 3 niveles de gobierno para resolver la problemática.
El 10 de octubre de 2018, a través del portal de denuncias por internet de la Profepa, los habitantes volvieron a denunciar la implementación del relleno sanitario en la localidad de Yajalón. Ante la falta de respuesta, el 7 de noviembre de 2018 decidieron comunicarse vía telefónica a través de la línea de atención de la procuraduría, quienes turnaron la llamada a las oficinas estatales.
A su vez, después de una aparente búsqueda exhaustiva del oficio de respuesta a la denuncia con número de Folio: 0703080, indicaron que reenviarían al correo electrónico el oficio de respuesta, misma que fue recibida el 8 de noviembre.
El oficio tenía fecha del día anterior, 7 de noviembre, dando cuenta de que no se había emitido ninguna respuesta, si no después de que se hizo la llamada antes mencionada.
En oficio recibido es un Acuerdo de No Admisión por incompetencia, firmado por la Ma. Guadalupe Arminda García Coronel, Directora General de la Profepa.
El documento deslindó de cualquier acción a la autoridad federal y la confirió a los órdenes estatales la resolución, siendo la Semahn la que debía encargarse de las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos.
Ambas respuestas, resultan contradictorias, ya que en la respuesta de la Conagua señaló como competente a la Profepa, Semarnat y la Semahn en la regulación de rellenos sanitarios municipales.
No obstante la respuesta de Profepa es dirigir la responsabilidad la Semahn, ya que desde el ámbito de su competencia le corresponde la regulación de rellenos sanitarios municipales.
AFECTACIONES A LA SALUD
Marco Antonio Lara, vecino de “El Azufre”, expresó que este problema se remonta a meses antes de las elecciones. Recordó que el contexto en el que surgió el relleno, era conflictivo y se esperaba que con las votaciones se eligiera a quien diera fin a la disputa, pero esto no fue así.
“Por esa microcuenca Yajalón logra tener llenas 5 tanques de agua alrededor de la cabecera municipal. El famoso relleno, opera a escasos metros, donde se encuentra un precipicio y caen los lixiviados a afluentes de agua limpia, lo que contamina y pone en riesgo a la población al momento de beberla o usarla” manifestó.
Lara dijo que desde que entró la nueva administración las descargas de vehículos pesados repletos de basura continúan, además de que el lugar se encuentra resguardado por “gente del Presidente municipal”, pero que no es trabajadora del Ayuntamiento.
Además, externaron que el presidente actual Juan Manuel Utrilla Constantino, resulta ser familiar de Jorge Baldemar Utrilla Robles, quien fuera durante el sexenio anterior Subsecretarío de Gobierno y Derechos Humanos, por lo que, presuponen que se realizó dilación y omisión del caso debido a esta particularidad.
Lara alertó que las y los habitantes cercanos, que utilizaban el afluente para su vida diaria ya presentaron reacciones en la piel y podría estar en riesgo su derecho fundamental al agua.
“La situación sigue en omisión, no se ha presentado el estudio de impacto ambiental, ni las autoridades se han pronunciado al respecto. El riesgo está latente, pero no pasada nada” finalizó.
Finalmente exigieron a las autoridades resolver el problema en el menor tiempo posible y buscar la implementación y gestión de un proyecto Integral para la localidad de Yajalón que permita, no solo resolver el problema de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sino que además incluya el tratamiento de las aguas residuales que en su mayoría van a dar a los arroyos y ríos contaminando las zonas bajas de la región.
