Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron que se abra una investigación en contra de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y el exmandatario Enrique Peña Nieto por la desaparición de los estudiantes en 2014.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo/EFE).– Padres y madres de los normalistas que desaparecieron en Guerrero en septiembre de 2014 hicieron un llamado a que el expresidente Enrique Peña Nieto declare con respecto a su presunta participación en los hechos contra los 43 estudiantes, además de que se abra una investigación en contra del Ejército mexicano y la Secretaría de Marina (Semar).
“¿Cómo es posible que la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional), desde el tiempo que gobernó Peña Nieto, siempre ocultó información…? ¿Teníamos motivos para sospechar del Ejército mexicano? Sí, porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos. (…) ¿Cómo es posible? El mismo Peña Nieto, en ese entonces, igual ordena la entrega de la documentación que pudiesen tener sobre el caso, ¿le hicieron caso? No, porque era un acuerdo que tenían entre ellos”, expresó Emiliano Navarrete, el padre de José Ángel Navarrete, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Mensaje de las familias de Ayotzinapa sobre el tercer informe del GIEI https://t.co/HLUbchKxEX
— Centro Prodh (@CentroProdh) March 29, 2022
En las instalaciones del Centro Prodh, Navarrete pidió que el actual Gobierno federal busque las herramientas legales para que Peña Nieto sea llamado a declarar y sea investigado para conocer a qué grado estuvo involucrado en la desaparición de los normalistas. “Si [la administración actual] nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces, o tres, y el Gobierno utiliza el poder sólo para sí mismo y no da justicia al pueblo”, recalcó.
Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa lamentaron que, a tres años del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aún no haya información sobre el paradero de sus hijos, aunque reconocieron que se han tenido avances para conocer la verdad y perseguir a los responsables de su desaparición.
“No pararemos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia”, compartió María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes Guerrero.
Por su parte, Mario González, padre de César Manuel González Hernández, aseguró que los padres y madres estaban enojados porque “les vieron la cada durante tres años”.
“Quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros: nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial donde se comprometían a entregar toda la información que hubiera sobre el caso Ayotzinapa, nos hicieron ir al Batallón 27 a mostrarnos la institución y accedimos, a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada. (…) ¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos?”, cuestionó.
En diciembre de 2018, se firmó el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, que fue refrendado por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con el que el Gobierno se comprometía a entregar toda la información relacionada con el caso.
Este lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que, entre otros hallazgos, se reveló un video tomado el 27 de octubre de 2014 —un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes— en el basurero de Cocula.
En las imágenes se muestra a miembros de la Secretaría de Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.
Eso, entre otras revelaciones que incluyen la infiltración de agentes de la Sedena en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la intervención irregular ilegal de comunicaciones de actores claves durante la desaparición forzada o la existencia de actas falsificadas, añadió indignación a las familias, que llevan más de siete años tratando de conocer el paradero de sus hijos.
