Esta semana, las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avalaron en lo general y lo particular el dictamen de reformas en materia educativa que establece la obligatoriedad de la educación superior. Sin embargo, este avance en la educación también supone riesgos, advirtió el CEEY.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– La educación superior obligatoria podría generar un ”grave problema financiero” para el Estado, que actualmente absorbe el 17 por ciento del gasto federal, advirtió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avalaron en lo general y lo particular el dictamen de reformas en materia educativa que establece que la “obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la Ley señale”.
Sobre este tema, el estudio “Hacia la gratuidad de la Educación Superior. Primeros pasos e implicaciones presupuestales”, del CEEEY, advirtió que dejar de contar con los recursos provenientes de los estudiantes representa un grave problema financiero.
En la investigación realizada por Rodolfo de la Torre y Mariana Becerra se explica que en la actualidad las instituciones gubernamentales de educación superior se financian con recursos federales, de las entidades federativas y mediante ingresos propios por los servicios educativos que imparten.
Actualmente, la educación preescolar, básica (primaria, secundaria) y media superior son obligatorias. De ellas, la educación básica absorbe el 63 por ciento del gasto federal, lo que permite tener amplia cobertura (94 por ciento de los alumnos en la edad típica) en condiciones de completa gratuidad. En cambio, la educación superior no es obligatoria ni gratuita, tiene una baja cobertura (36 por ciento) y absorbe 17 por ciento del gasto federal.
Bajo este panorama, destacó el CEEY, se debe definir las condiciones necesarias para establecer la educación superior como obligatoria y gratuita.
El CEEY recomendó que como paso previo se debe lograr la gratuidad en la educación media superior, pues este nivel presenta una cobertura deficiente (57 por ciento), absorbe una baja porción de recursos federales (13.7 por ciento) y aún existen cuotas que deben cubrir las familias en este nivel educativo.
EL COSTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
De acuerdo con los datos recabados por el CEEY, en conjunto, las instituciones de educación superior públicas atienden a 2.95 millones de alumnos desde la licenciatura hasta el doctorado. Por ello, recomendó, “necesitan certeza financiera para llevar a cabo sus planes de desarrollo mediante los recursos ordinarios y extraordinarios que se les asignan anualmente”.
El estudio detalló que el rezago financiero el la educación superior se ha acumulado, debido a que las fuentes de financiamiento provienen de subsidios del Gobierno federal y de las entidades federativas, así como de ingresos propios provenientes de ingresos extraordinarios, productos financieros, ingresos por servicios de educación, y otros.
De 2000 a 2017, la matrícula pública se elevó 116 por ciento, mientras que el crecimiento del gasto federal fue de 71 por ciento. Además, en el periodo 2015-2018, diversos programas presupuestarios de carácter extraordinario se redujeron en cerca de 22 mil millones de pesos.
En 2018, la UNAM, el IPN, el Cinvestav y la UAM representaron en conjunto un poco más del 75 por ciento del presupuesto total destinado a las instituciones de educación superior, refirió el CEEY. “Estas instituciones, a pesar de que en principio podrían considerarse como gratuitas, recaudan importantes recursos de sus estudiantes por diversos servicios que proporcionan”.
Respecto a las cifras que recaudan las principales instituciones de educación superior, la recaudación de la UNAM representó cerca del 15 por ciento de lo que recibió a nivel federal. Sus ingresos incluyen cuotas por servicios educativos diversos (en algunas universidades esto significa colegiaturas y cuotas).
Otras instituciones generan recursos en proporciones menores, como el IPN y otras más, por lo que sus ingresos dependen en mayor medida de lo que las entidades federativas les destinen.
Con base en la proporción de recursos propios de las principales instituciones de educación superior respecto a su presupuesto (9.7 por ciento), concluyó el CEEY, si se aplica al presupuesto público para todas ellas en 2019 (96 mil 960 millones de pesos), se puede estimar que 9 mil 400 millones de pesos de recursos propios de las escuelas podrían desaparecer en caso de la completa gratuidad de la educación superior.
Este sería el monto de referencia a compensar de inmediato a estas instituciones por el Gobierno federal o de las entidades federativas.
Para el CEEY, si se toman en cuenta los ingresos propios que las instituciones de educación superior usan para financiarse, es posible estimar un costo promedio de 32 mil pesos al año (a precios de inicios de 2019) por alumno en la educación superior.
“Si la gratuidad de la educación superior tuviera como consecuencia elevar su cobertura de 36 a 56 por ciento para 2024; es decir, a niveles semejantes a la cobertura que hoy tiene la educación media superior, esto significaría agregar cerca de 2 millones de alumnos. Lo anterior implicaría un gasto anual adicional de cerca de 10 mil 500 millones de pesos, sin contar la inversión física y humana para ajustar las instalaciones requeridas”, destacó el informe del CEEY.
