La crisis de impunidad y violencia que se vive en Veracruz es realmente un insulto para los ciudadanos de esa entidad y de todo el país. El desprestigio que ha sumado la administración de Javier Duarte de Ochoa desde que llegó a la gubernatura, el 1 de diciembre de 2010, ha llegado a un punto de no retorno y donde su partido, el PRI, además de las autoridades federales, también emanadas del tricolor, se han vuelto cómplices de los daños, con agravantes incluso, que ha ocasionado ese gobierno.

Es imposible que los veracruzanos no cobren pronto la afrenta. Ya lo hacen, movilizados en las calles, en las plazas, en organizaciones civiles… son estudiantes, maestros, padres de familia, periodistas, ciudadanos en general, hartos de que falta tras falta y delito tras delito –cada vez más graves y descarados unos de otros– no reciban ningún castigo judicial por su accionar delictivo, por lo que en la tierra veracruzana la ilegalidad es ahora la norma.

Veracruz es hoy uno de los estados más inseguros del país, porque también es de los más impunes, y la sociedad se ha dado cuenta que ninguna denuncia legal será atendida si no es por la vía de la protesta masiva, de la difusión profusa del crimen en las redes sociales y, claro está, del rechazo en las urnas a quienes durante más de cinco años y tres meses no les han cumplido, pero también a quienes durante más de tres años y desde la Federación no han actuado en consecuencia para atender una situación que raya en la tragedia humanitaria.

Javier Duarte es Javier Duarte, lo saben todos… incluso los propios priistas, y no tiene remedio, nada lo hará cambiar… Pero lo que urge ahora es que pague.

Y el que toda esa tragedia, que ha ido en aumento semana tras semana, ocurra ante una Secretaría de Gobernación que mantiene los ojos cerrados, es simplemente inaceptable.

De acuerdo con su propias palabras, la Segob tiene como MISIÓN: “Contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos de representación en los sectores social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un Estado de Derecho”.

Pero esa MISIÓN no se cumple en la entidad veracruzana y, al contrario, el constante quebranto al Estado de Derecho muestra que la Segob no ha cumplido con su parte. La dependencia que presume “fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos” en un entorno de justicia no está haciendo su trabajo en el caso de Veracruz.

Y luego, para abonar a la indignación, el propio Partido Revolucionario Institucional, lejos de la autocrítica y de la búsqueda de un verdadero Estado de Derecho, ha impedido que Duarte de Ochoa sea sometido a un juicio político por las decenas y decenas de agravios cometidos contra los veracruzanos, y que tienen como eje la impunidad:

Asesinatos de periodistas, desvío de recursos públicos, desfalcos al erario, una deuda local desbocada, ataques a la autonomía de la Universidad del estado y a sus estudiantes, cientos de mujeres desaparecidas y violentadas, jóvenes secuestrados por “fuerzas del orden”, migrantes vejados y asesinados, cientos de cuerpos hallados en fosas comunes y que ni siquiera han podido ser identificados, policías –de todos niveles– secuestrando y extorsionando a familias, juniors violadores de jovencitas protegidos desde el Gobierno local… corrupción, corrupción y más corrupción.

En este caos, la Segob y el PRI se han lavado las manos y dicen no ser responsables por la sangre que corre en Veracruz, no tener nada qué ver con los intereses más bajos de la política. Sin embargo, los reclamos se intensificarán ahora, conforme la campaña hacia la sucesión en la entidad avance, pues esas omisiones han contribuido al deterioro histórico del tejido social en Veracruz y miles de ciudadanos querrán cobrar una parte de las deudas el próximo 5 de junio.

Pero, no había necesidad de provocar tanto dolor, no la hay incluso ahora… ¿Por qué no actuar? ¿Qué más tiene que pasar para que la Segob intervenga? ¿Cuánto más tendrán que padecer los veracruzanos?

¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!

Rita Varela Mayorga

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Periodista especializada en economía y finanzas. Fundadora y Directora de Información de SinEmbargo.mx, fue también Directora de la revista Energía Hoy, Ruta de Negocios, Directora Editorial de El Economista y Editora en el diario Reforma. Es consultora editorial y ha participado en procesos de reingeniería de una decena de medios de comunicación nacionales. Además es coautora de los libros Los Suspirantes (Editorial Planeta, 2005); Los Amos de México (Editorial Planeta, 2007); Los Suspirantes 2012: Los precandidatos de carne y hueso (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2012), y Los Suspirantes 2018: La carrera por la Presidencia de México (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2018).

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