La detención y desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores, además de todas las dudas que ha generado, dejó al descubierto los problemas que las y los jóvenes mexicanos enfrentan. No solo es la pobreza y la falta de oportunidades, es también la criminalización a la que son sometidos por su aspecto físico, sus actividades y los lugares en donde las realiza, así como su situación económica.
El caso pone sobre la mesa lo que a diario enfrentan. Académicos y miembros de la sociedad civil coinciden en que esa población una carnada fácil para la policía, que se mostró como un aparato ignorante de protocolos y de sus propios márgenes de acción.
“Me duele mucho decirlo: el hecho de que se abuse de los chavos pobres, o limitados económicamente hablando, es porque se les puede extorsionar fácilmente porque no son de una familia que pueda resolverlo todo fácil. Mientras haya corrupción y los problemas se resuelvan con dinero, vamos a estar metidos en esta dinámica”, dice Carlos Blanco, director de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey.
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Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido en El Rosario, Delegación Azcapotzalco, el pasado martes 23 de enero. No se supo más de él hasta que fue localizado el día de ayer en Tlalnepantla, Estado de México, a 26.6 kilómetros de distancia del punto en el que policías de la Ciudad de México lo subieron a una patrulla.
A casi una semana del primer suceso, el caso –además de las múltiples dudas que ha despertado– deja en claro tres problemáticas: la capacitación de la policía, la impunidad de la que goza y la criminalización de los jóvenes.
Las causas, de acuerdo con académicos, van de la pobreza hasta el clasismo y la corrupción.
Las cifras más recientes del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que los mayores índices de pobreza se concentran, desde hace más de cuatro años, en niños, niñas y adolescentes. El 51 por ciento vive en pobreza, es decir, de los 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, de ellos, 15.2 millones viven en pobreza por ingresos. En el caso de jóvenes indígenas, el 72.8 por ciento son pobres.
El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) México, documentó que la pobreza se agudiza cuando se es joven, ya que se es propenso a ser pobre; si eres joven y habitas en una comunidad rural, tienes más probabilidades de serlo; si eres joven, vives en una zona rural y además eres indígena, son mayores las posibilidades de padecer esta condición social y si eres joven, vives en una zona rural, y además eres indígena y mujer, la pobreza es un destino casi obligado.
Para el sociólogo Guillermo Zamudio Tirado, la violencia en jóvenes es una cuestión estructural en una sociedad que está regida por la idea de trabajo y ganancia. Ahí los jóvenes son vulnerables porque no han conseguido una independencia económica en un mundo que se lo exige.
Entonces, la posición del joven es vulnerable y por lo tanto es fácil encontrar en ellos alguien a quién criminalizar.
“Marco Antonio, parece corresponder más a una impunidad generalizada, de una violencia cotidiana contra un sector poblacional: un joven de no muchos recursos. Eso no le sucedería a un joven que fotografió a un policía que le tomó una multa de tránsito en las Lomas de Chapultepec. No hubiera sido lo mismo. Es un caso con un joven pobre al que se le asocia con ideas de ¿por qué está en la calle?, ¿por qué está en El Rosario y no se teletransportó sano y salvo a su casa? El hecho de que esté utilizando el espacio libremente sin estar trabajando ya es algo punible”, comentó en entrevista.
Coincidió con el maestro Carlos Blanco, director de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey.
“Hay un clasismo brutal en el país […] en el caso de Marco Antonio, te aseguro que si hubiera sido un chavo del Tec de Monterrey, de la Ibero o de La Salle o de una universidad o preparatoria privada, probablemente no hubiera sucedido. Me duele mucho decirlo: el hecho de que se abuse de los chavos pobres, o limitados económicamente hablando, es porque se les puede extorsionar fácilmente porque no son de una familia que pueda resolverlo todo fácil. Mientras haya corrupción y los problemas se resuelvan con dinero, vamos a estar metidos en esta dinámica. Incluso por la zona: Azcapotzalco le tira a una zona media-baja y la gente es carne fresca para los tiburones”.
Para Zamudio Tirado, el panorama es desalentador, ya que los jóvenes no están en una situación ventajosa y en ellos está el reflejo de la situación general del país: “los jóvenes no están recibiendo una mayor oportunidad para salir del bache: no hay oportunidades laborales correctas y sus estudios luego caminan hacia nada. Habrá que ver de qué será sintomático este caso”.
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IMPUNIDAD PARA LAS POLICÍAS
La Universidad Iberoamericana enmarcó el caso de Marco Antonio en el margen de la recién aprobada Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
En un comunicado de prensa, Jorge Ruiz Reyes, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, explicó que el caso obedece a una desaparición forzada, ya que debe cumplir con los elementos de privación ilegal de la libertad y la negativa a reconocer dicha privación o proporcionar información sobre ésta, o el paradero de la persona:.
“Hay una desaparición forzada […] independientemente de si la persona estuvo desaparecida sólo por algunos días, o si permanece desaparecido/a. Quizá los implicados participaron de manera voluntaria en brindar información para ayudar en las investigaciones; sin embargo, eso no elimina la responsabilidad por la acción cometida”.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que criticaron la criminalización de infancias y juventudes y exigieron a las autoridades que se esclarezcan los hechos de la desaparición de Marco Antonio durante cinco días, se sancione a los responsables de su detención y desaparición y se garantice el acceso a la justicia de las víctimas.
“Lamentamos profundamente que el Gobierno de la Ciudad de México no demuestre las capacidades para actuar adecuadamente en la búsqueda de una persona que es detenida por policías de la Ciudad; siendo que, por el contrario, fue la ciudadanía la que se organizó y activó la búsqueda de Marco Antonio. Esta situación nos alarma, pues evidencia que, o no se cuenta con control sobre los elementos policiales, o que las omisiones en torno a la desaparición de este joven son acciones encaminadas a proteger a los perpetradores”, se puede leer en el texto firmado por 126 grupos civiles.
En entrevista con SinEmbargo, Jorge Romero, director de Rimisp México, consideró que los jóvenes son criminalizados de facto, desde antes de hagan algo que ni siquiera sea una falta administrativa, que es lo que ocurrió en el caso de Marco Antonio, pero es lo que ocurre en muchas instancias, todos los días en México, debido a la formación de los policías.
“Hay una posición alrededor de la cual la autoridad concibe al joven como un vándalo. Este es un problema asociado con la profesionalización de nuestros policías, sin duda. No tenemos policías que cumplan protocolos o que los obedezcan, no están educados para entender lo que significa el interés superior del niño y eso genera una interacción en la cual el policía siempre presume que un joven de cierta edad y cierto perfil, es seguramente un vándalo o un criminal”, comentó.
Además de eso, agregó, no hay investigaciones sobre prácticas comunes para levantar a un niño y que constituye una causal para investigar el delito de desaparición forzada; no hay un procedimiento para investigar y sancionar a estos policías y entonces hay impunidad generalizada cuando la policía criminaliza al joven, lo desaparece, lo violenta o no vela por su interés, como se observó con la policía en el Estado de México, por lo que se puede advertir una mala actuación de la policía antes, durante y después de la detención de Marco Antonio.
“Es fundamental hacer caso de las observaciones y recomendaciones de nuestros cuerpos de derechos humanos. Llevan años diciendo que la policía no está habilitada para manejar encuentros con menores, llevan años documentándolo, por lo menos desde 2009. Se deben tomar en serio y generar mejores protocolos, procedimientos de investigación y sanciones eficaces para prevenir que esto ocurra en el futuro y además porque si esto ocurre con una de las policías mejores pagadas y más entrenadas, imagina lo que ocurre en el resto del país”, dijo Romero.
Al respecto, Zamudio Tirado agregó que el caso deja claro que la policía no tiene que rendirle cuentas a nadie al parecer, que puede realizar, sin ningún protocolo, una detención contra un joven como lo hace contra la prensa y otros grupos sociales.
“Es la extensión de ese despotismo de la autoridad a los rincones más pequeños y cotidianos que son las calles. Es el policía de la esquina el que puede ejercer violencia contra cualquier persona que la considere indefensa”, sostuvo el sociólogo.
