Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acompañados por investigadores, científicos, arquitectos y un abogado, expusieron evidencias sobre los daños que podría provocar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la región del ex lago de Texcoco, Estado de México.
Los investigadores informaron sobre la riqueza arqueológica y paleontológica de la zona, así como las omisiones sobre el daño que provocará la quema combustible, el ruido de aeronaves, la falta de información técnica, las acciones que se realizarán para dar firmeza al suelo inestable, así como la falta de Estudios de Riesgo Ambiental y la violación al Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán–Texcoco, entre otras cosas.
Los manifestantes del FPDT, pertenecientes al municipio de San Salvador Atenco y al de Texcoco, y los expertos denunciaron que en el proyecto Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México las autoridades federales han emitido información incompleta que no explica los daños al ecosistema, al patrimonio cultural y a la sociedad.
“Nos oponemos y organizados deseamos desenmascarar a quienes amenazan con arrebatar nuestros derechos a un medio ambiente, acceso al agua, vivienda, integridad personal, patrimonio cultural e identidad, tanto de nuestras comunidades como de la población de la Ciudad de México y el área conurbada”, declaró Trinidad Ramírez, integrante del FPDT.
Por su parte, el investigador Luis Morett Alatorre, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), advirtió que si el proyecto del nuevo aeropuerto continúa se destruirá una riqueza arqueológica y paleontológica de culturas prehispánicas, como la Acolhua y Mexica.
En 2003, Morett y el investigador de la Universidad de Michigan. Jeffrey Parsons, así como de expertos de la India, realizaron el proyecto “Reconocimiento arqueológico del lago de Texcoco” en el cual descubrieron mil 100 puntos de hallazgos, donde al menos 30 son de importancia de asentamiento humano, sólo en superficie.
“Trabajos de salvamento arqueológico que comenzaron en 2012 dan un contraste. En el reporte técnico entregado el INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia] hay un número sensiblemente menor a los que encontramos nosotros. Ellos reportaron sólo 28 sitios y 270 puntos, un 25 por ciento de los sitios arqueológicos que informamos nosotros”, detalló Morett Alatorre.
Explicó que las autoridades encargadas no informaron cuál fue el método de investigación y rastreo que usaron los expertos, cuánto tiempo duró, cuántos participaron y qué terreno abarcaron. Expuso que los investigadores y los encargados del proyecto son irresponsables al decir que no hay riqueza suficiente para detener el proyecto, si no hubo una exploración a profundidad, “sólo en superficie”.
En tanto, Jesús Flores, arquitecto de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que lo dado a conocer hasta el momento respecto al nuevo aeropuerto es un anteproyecto, el cual carece de información elemental y de transparencia y “es incomprensible que la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] lo haya aceptado”.
El experto destaco que no se habla del daño a los mantos acuíferos de Texcoco que provocarían inundaciones en la región. Tampoco, sostiene, se dan detalles técnicos de cómo se resolverán problemáticas con el suelo, ruido, e impacto ambiental que podría afectar inclusive a pobladores de Puebla, Morelos, Tlaxcala, entre otros.
“Toman de base proyectos de aeropuertos que se han hecho en Estados Unidos y estudios que han hecho en Texcoco. Por ejemplo, no han dicho cómo van a absorber la cantidad de ruido y el aire contaminado por el combustible quemado. ¿Quién se va a hacerse responsable del aire que vamos a respirar”, dice Flores.
En respuesta al resolutivo emitido el año pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Fernando Córdova, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), explicó que el desarrollo del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debió ser rechazado debido a que existen muchas incertidumbres sobre el proyecto, que surgen de “la omisión deliberada de información y que no permiten una evaluación correcta del posible impacto ambiental de la obra”.
Ante los hechos, la UCCS emitió nueve respuestas, entras las que destacan:
–El proyecto pretende duplicar y mejorar la cantidad y calidad de los humedales, sin embargo, no se presenta ningún tipo de información sobre cómo se crearán y mantendrán estos nuevos cuerpos de agua.
–No existen escenarios hídricos que permitan evaluar la factibilidad del recurso dentro de la red municipal de agua potable en cada una de las etapas del proyecto.
–El promovente omite por completo la estimación del uso de agua de la Aerotrópolis, una zona urbanizable en la que trabajarán de manera regular 180 mil personas. Esto supone un gasto adicional de 23.6 millones de metros cúbicos de agua al año, lo cual sería una enorme presión para el recurso hídrico de la región.
–Los elementos técnicos para evaluar el impacto que sufrirán las aves son completamente deficientes: omiten información deliberadamente, no cuenta con un programa adecuado para el manejo de la ornitofauna, minimizan el riesgo por colisión entre las aves y las aeronaves, y propone acciones incorrectas e injustificadas.
–El estudio de riesgo referente al resguardo y manipulación de los combustibles subestima los riesgos asociados a eventos catastróficos.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra adelantó que seguirán las actividades tanto legales y de movilización para frenar el proyecto. También expuso que ya pidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) emita medidas cautelares para que proteja su derecho a la identidad.
La organización denunció que sus integrantes y varios pobladores de Atenco y Texcoco son acosados, amenazados e incluso golpeados para desistir a su postura de no vender sus tierras. El FPDT informó que hay varios sacerdotes de la zona que recomiendan a los fieles vender sus propiedades, así como visitadores de la Procuraduría Agraria y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además señalaron a un grupo de choque conformado por gente del Comisariado Ejidal Andrés Ruíz Méndez.
