El 23 de enero de 2013 fue el miércoles negro en México. Cuando las instituciones fallaron a la justicia y a la democracia en nuestro país. El ambiente ese día fue de un estupor a otro, de frustración y desolación en gran parte de la sociedad. No al extremo del 2 de julio cuando difícil fue creer el resultado de la elección, pero similar tratándose de una molesta sorpresa.

Y sí, el miércoles negro del 23 de enero está ligado al funesto lunes 2 de julio. Los dos acontecimientos que marcan la historia moderna de México y la exhiben en el ámbito internacional están relacionados con el resultado de la elección presidencial. Los dos hechos son consecuencia de decisiones tomadas por el Presidente Enrique Peña Nieto que aquel día para asombro de muchos y regocijo de pocos, fue declarado en primera instancia ganador de la elección.

El primer golpe, acaso el más duro pues está inserto en el ámbito de la inseguridad producto del crimen organizado que ha aterrorizado a los mexicanos los últimos seis años –y es hora que no para–, fue cuando gracias al voto del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la francesa acusada, procesada y sentenciada por secuestro, fue puesta en libertad en el acto, y además trasladada en camionetas oficiales y con harta seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que pocas horas después abandonase el territorio mexicano.

Al final del sexenio de Felipe Calderón, llegó también el final en la Corte de dos Ministros, Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia; después de rechazos y negociaciones entre presidente saliente y entrante, cada uno de los mandatarios acomodó a uno de los suyos para esas posiciones. Peña, a Gutiérrez Ortiz Mena: un abogado sin experiencia en materia penal, sin currículo en el poder judicial, pero hábil para los casos fiscales y con el cargo de jefe del Sistema de Administración Tributaria en el gobierno de Calderón, pero a saber cercanísimo al equipo priísta que encumbró a Peña Nieto primero en el Estado de México, después en la candidatura y más tarde en la Presidencia de la República.

Aquel miércoles negro, los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvieron su voto: unos contra y otros a favor de la libertad. Ya en el pasado cuando don Guillermo Ortiz Mayagoitia era integrante de esa sala, la francesa Florence Cassez hubo de permanecer en prisión cuando el voto de éste no la favoreció. Otros colegiados reconocían fallas en el procedimiento, afectación a las garantías individuales de la extranjera, pero valoraban la investigación, el delito, las víctimas y la sentencia que cumplía la francesa, mientras Ortiz Mayagoita no concordaba con ello, como tampoco con la liberación de la mujer.

El 23 de enero de 2013, el voto de Gutiérrez Ortiz Mena fue en decisión contraria a la del Ministro que suplió, y con ello la francesa salió libre. Fue el acabose para una buena parte de mexicanos, para cientos de víctimas y para aquellos que de manera directa fueron afectados en su integridad física y tranquilidad por la banda de El Zodiaco, donde hubo miembros que también señalaron a la francesa como partícipe de los delitos.

Los abogados podrán decir que lo sucedido en la Corte fue en justo derecho y apegados a los preceptos que deben regir la integración de un proceso ministerial y judicial, y podrán alegar que es simplista la premisa de los mexicanos que piensan que la mujer debía permanecer en prisión por los delitos por los cuales fue sentenciada sin importar las fallas en el proceso; la realidad es que la indignación popular es cada vez mayor en este caso que podría ser el precedente para que muchos criminales abandonen la prisión. Ya estaba en la mesa el caso de Jorge Hank Rhon, quien fue detenido en 2011 por acopio de armas y una jueza federal lo puso en libertad por fallas adjudicadas a los elementos del Ejército que lo detuvieron la madrugada del 4 de junio. Como en el caso de la francesa, no salió por demostrar inocencia, sino por comprobar excesos de la autoridad al momento de su aprehensión.

La otra bofetada del miércoles negro, fue la resolución del Instituto Federal Electoral de exonerar al PRI por la distribución de tarjetas Monex con dinero durante la campaña que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto. Siendo este un caso denunciado por el Partido Acción Nacional en plena etapa de proselitismo y documentado por periodistas e incluso por el ex candidato Andrés Manuel López Obrador, los priístas siempre, siempre, siempre, negaron el hecho.

El 23 de enero de 2013 un resolutivo del IFE confirmaba el financiamiento con empresas fantasma. Pero el partido del Presidente fue exonerado y salvado de una multa por 75 millones de pesos; esto sucedió gracias al voto de desempate del Consejero Sergio García Ramírez, identificado priísta –en 1987 compitió por la candidatura del PRI a la presidencia de la República contra Carlos Salinas de Gortari, también fue secretario general del partido– y además ligado a las personas propietarias de una empresa que participó en el entramado de las tarjetas Monex con el PRI.

Entonces, todos aquellos mexicanos que presumían la compra de voluntades electorales a partir de las tarjetas Monex no estaban tan errados, con todo y que el Consejero García haya levantado su voz para no castigar al partido del Presidente. Ahí está el resolutivo que da cuenta de la maquinación financiera.

Ese miércoles 23 de enero de 2013 fue negro. Las instituciones se apegaron a sus intereses, pagaron el precio. En el caso de la Corte, a partir de un Ministro inexperto pero con agenda privada, y en el del IFE, con alguien que simplemente defiende a los suyos, que está cerca del partido y lejos de la ciudadanía.

Los dos hombres, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el doctor Sergio García Ramírez, fueron nombrados por el Poder Legislativo, que a su vez responde a intereses partidistas. Y los resultados de ese día, bochornosos para muchos, están ligados directamente al presidente Enrique Peña Nieto y son muestra clara de lo que está comenzando a ser su gobierno: instituciones y procedimientos por encima de la justicia y la democracia. Terrible.

PD.- Que el IFE en contraparte sancione a la izquierda por ser el único conglomerado de partidos en rebasar los topes de campaña en la elección de 2012, donde lo de Monex se ignora… sólo confirma el regreso del PRI homogéneo con influencia en todas las instituciones para perjuicio de sus contrapartes. De plano.

Adela Navarro Bello

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