En medio de la turbulencia, Guatemala está ante una encrucijada. Si Arévalo llega al poder, las mafias políticas perderían control de las facultades ejecutivas que han cimentado los esfuerzos de años por perpetuar la corrupción. Pero si sus adversarios logran impedir que llegue al Gobierno, sería el fin de la democracia en Guatemala, lo que dejaría al Estado a merced de delincuentes de cuello blanco.
Por Alex Papadovassilakis y Gavin Voss
Ciudad de México, 28 de diciembre (InSightCrime).- El establecimiento político de Guatemala se vio sacudido en sus cimientos cuando un aparecido inoportuno, Bernardo Arévalo, se impuso sobre las encuestas y ganó las elecciones presidenciales de 2023. El revés avivó la esperanza de cambio en un país plagado de corrupción, pero también dejó a Arévalo y a su campaña progresista en riesgo de colisión inminente con un pacto corrupto que no teme llevarse por delante la democracia para autopreservarse.
Aturdido por las elecciones, el pacto ha urdido ataques legales cada vez más abiertos y muchas veces infundados contra el Presidente electo Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla. Las controvertidas maniobras han despertado la indignación de los guatemaltecos, desatando protestas multitudinarias y caos institucional, a la par que han suscitado una racha de sanciones de Estados Unidos. Una oportuna intervención de la Corte de Constitucionalidad del país podría blindar a Arévalo para permitirle llegar a su posesión el 14 de enero, pero no hará mucho para impedir nuevos ataques en el terreno legal.
En medio de la turbulencia, Guatemala está ante una encrucijada. Si Arévalo llega al poder, las mafias políticas perderían control de las facultades ejecutivas que han cimentado los esfuerzos de años por perpetuar la corrupción. Pero si sus adversarios logran impedir que llegue al Gobierno, sería el fin de la democracia en Guatemala, lo que dejaría al Estado a merced de delincuentes de cuello blanco.
UN REVÉS INOPORTUNO
El panorama de Guatemala era lúgubre cuando los partidos arrancaron sus campañas a comienzos de 2023.
Todos los candidatos más opcionados pertenecían a una casta profundamente conservadora que se ha impuesto en la política guatemalteca desde la transición del país de la dictadura militar a la democracia en 1985. Muchos tenían vínculos con corrupción —específicamente, con una alineación entre las principales ramas del Gobierno a favor de la corrupción y la impunidad, la cual orbitaba en torno a la administración del mandatario saliente Alejandro Giammattei.
Conocida popularmente como el “pacto de corruptos”, esta alianza entró en las elecciones con todas las de ganar. En cuestión de pocos años, había logrado poner de rodillas a prácticamente cualquier organismo del Estado capaz de llamar a rendir cuentas a los actores corruptos. Se prestó especial atención en destripar el Ministerio Público y la rama judicial, que en la década de 2010 llevó casos de corrupción de gran impacto con ayuda de una extinta comisión judicial avalada por las Naciones Unidas.
Con la impunidad al rojo vivo, el pacto dirigió su mirada hacia las elecciones, valiéndose de su influencia en los tribunales para descalificar a varios candidatos indeseados con argumentos espurios. Esto incluyó a un excéntrico empresario que remontó inusitadamente en las encuestas. Este se presentó como un adalid declarado contra la corrupción, que había dirigido la oficina de derechos humanos del país, y miembro indócil de la élite que había criticado abiertamente a Giammattei. Con sus rivales neutralizados, todo estaba dispuesto para que se impusiera la elección del candidato del establecimiento.
“Lo único que faltaba para poder consolidar esa captura completa de las instituciones era ganar las elecciones”, señaló Marielos Chang, cofundador del grupo guatemalteco prodemocracia Red Ciudadana, en entrevista con InSight Crime.
Pero un candidato pasó desapercibido. Poca atención se le prestó a Bernardo Arévalo, el hijo del primer Presidente elegido democráticamente en Guatemala. Con una campaña progresista y anticorrupción con el partido minoritario de centro-izquierda, Semilla, Arévalo figuraba de último en las encuestas en vísperas de la primera vuelta electoral del 25 de junio. Al plantear una amenaza mínima, el pacto no vio la necesidad de sacarlo de la contienda.
Esto resultó un error de cálculo de proporciones sísmicas, cuando los candidatos conservadores fracasaron la noche de las elecciones.
“Varias opciones y representaciones de la coalición política dominante […] estaban concursando”, explicó Chang. “Y […] precisamente por esa pelea interna y por esa dispersión, pues de alguna u otra manera terminan perdiendo”.
En cambio, para sorpresa de casi todo el mundo, Arévalo se coló en la segunda vuelta de agosto.
EL PACTO CONTRAATACA
El ascenso de Arévalo no hacía parte del plan. Y para colmo, parecía que tendría una cómoda victoria en el balotaje presidencial frente a una candidata que había perdido las dos elecciones anteriores por un amplio margen.
Las apuestas eran altas. Para Giammattei y sus aliados, el control de la Presidencia les había dado acceso y control de miles de millones de dólares del presupuesto nacional y ministerios claves. Ese dinero lubrica el sistema socavando las instituciones guatemaltecas, un lucrativo botín estatal. Desde contratos públicos hasta designaciones ministeriales pueden intercambiarse por coimas en el Congreso o distribuirse a redes leales de fiscales y jueces. El mandato de Giammattei se había visto opacado por escándalos de corrupción. Su aliado más cercano, Miguel Martínez, fue sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro estadounidense por repartir ilegalmente contratos públicos a ofertantes de su preferencia.
Arévalo y su partido eran ajenos a ese mundo. Su superioridad moral amenazaba con asestar un golpe financiero contundente a un sistema que había intentado a toda costa mantener la presidencia en su redil.
La campaña anticorrupción de Arévalo también era un problema. Después de años invertidos para fomentar un clima de impunidad, el pacto se enfrentaba ahora al prospecto de una ofensiva anticorrupción que dejaría a muchos políticos, fiscales y funcionarios judiciales deshonestos expuestos a ir a prisión. Entre quienes están en riesgo estaba la fiscal general Consuelo Porras y su lugarteniente Rafael Currichiche, ambos sancionados por Estados Unidos por obstrucción de la justicia y blindaje de aliados políticos.
El pacto no perdió tiempo. Días después de la derrota en la primera vuelta frente a Arévalo, a comienzos de julio, la máxima instancia judicial de Guatemala —la Corte de Constitucionalidad (CC)— suspendió los resultados de las elecciones después de que un grupo de partidos conservadores derrotados denunciaran irregularidades aun sin presentar evidencia. Esto llevó a un recuento parcial que no alteró los resultados.
Poco después, el Ministerio Público intentó revocar el estatus de Semilla como partido y poco después allanó sus oficinas. Los fiscales abrieron una investigación por la supuesta falsificación de firmas para la inscripción de Semilla, nuevamente sin evidencias. Los allanamientos también fueron contra el tribunal electoral que certificó los resultados de los primeros comicios.
Los ataques legales, vistos por muchos como una osada confabulación para impedir que se celebrara la segunda vuelta en agosto, despertó el rechazo internacional y el caos institucional que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad del país. En un giro, la corte, que anteriormente había suspendido los resultados de la primera vuelta con argumentos cuestionables, decidió blindar a Semilla contra investigaciones hasta el final del ciclo electoral.
Esta resultó una intervención crucial, pues Arévalo ganó la segunda vuelta el 20 de agosto en una victoria contundente. Guatemaltecos se volcaron a las calles en raras escenas de júbilo para celebrar su triunfo. Pero a pesar de esa rotunda victoria, las cosas volvieron a agitarse.
¿EL PUNTO DE NO RETORNO?
El triunfo de Arévalo desató una nueva oleada de trabas legales dirigidas a anular las elecciones. Con las apuestas más altas que nunca, el Ministerio Público lideró el ataque.
A comienzos de septiembre, los fiscales abrieron docenas de urnas electorales en más allanamientos al tribunal electoral, lo que llevó a Arévalo a suspender el empalme y exigir la renuncia de la fiscal general Porras.
“Han desviado su función constitucional de investigar y perseguir, plenamente hacia un claro golpe de estado en desarrollo que sigue en curso”, denunció Arévalo en una conferencia de prensa celebrada el 12 de septiembre como respuesta a los allanamientos.
En octubre, el descontento con el Ministerio Público rebosó los ánimos. Miles de manifestantes llenaron las principales plazas de Ciudad de Guatemala, mientras que otros bloquearon vías en todo el país. Los manifestantes vocearon y exhibieron pancartas pidiendo el fin de la impunidad y la renuncia de Porras. Pero ella se negó a dejar el cargo, aunque los manifestantes pasaron semanas acampando afuera de su oficina.
“Porras y sus operadores judiciales ven esto como una situación donde el vencedor se lleva todo”, señaló Will Freeman, investigador asociado para Latinoamérica en el centro de pensamiento Council on Foreign Relations. “Si Arévalo entra, piensan que probablemente terminarán presos”.
Fiel a su costumbre, el Ministerio público soportó las protestas y no dio el brazo a torcer. A finales de noviembre, los fiscales le lanzaron otra impugnación a Arévalo, con el anuncio de sus planes de despojar al Presidente electo de inmunidad por una presunta participación en protestas estudiantiles. Otra vez, los fiscales no se extendieron en detalles de las acusaciones, pero señalaron las publicaciones de Arévalo en las redes sociales como posible evidencia de delitos.
Luego se presentó otra demanda para retirar la inmunidad de Arévalo. En una conferencia de prensa el 8 de diciembre, los fiscales anunciaron su investigación del proceso de inscripción del Movimiento Semilla y acusaron a Arévalo de fraude y lavado de dinero presentando evidencia incoherente como soporte de los señalamientos.
Continuaron la presentación con un llamado a anular todo el proceso electoral a pesar de no tener la facultad para hacer tal cosa, una medida que de inmediato motivó el rechazo del tribunal electoral y de actores extranjeros.
La Organización de Estados Americanos tildó las acciones de los fiscales de “intento de golpe de Estado”, mientras que delegados del Gobierno estadounidense anunciaron restricciones de visas a más de 100 legisladores guatemaltecos por “socavar la democracia y el Estado de derecho”. La Unión Europea también condenó los “intentos de anular las elecciones […] con base en acusaciones espurias de fraude”.
Pero a pesar del rechazo internacional, los ataques flagrantes han dejado a Arévalo, y al proceso electoral en conjunto, en una condición precaria a pocas semanas de su posesión.
¿QUÉ LE ESPERA AHORA A GUATEMALA?
Al comienzo, el triunfo de Arévalo —un fallo técnico en la corrupción sistemática que domina la política guatemalteca— parecía encaminar al país hacia mejores condiciones. Derrotó a las redes políticas corruptas con facultad para alterar resultados electorales, vetar candidatos y extraer millones del erario público, un poder que envidiarían incluso los grupos criminales más poderosos de la región.
Pero las elecciones de 2023 también han demostrado ser el catalizador del descalabro institucional, al poner en evidencia la profunda corrupción en la base del sistema político del país. Algo que será difícil de superar aun si Arévalo se posesiona el 14 de enero.
“Con el número de personas en el Estado vinculadas a la delincuencia […] es una situación de altísimo riesgo”, advirtió Freeman.
Aun con los interminables ataques judiciales, la democracia se mantiene firme, al menos por ahora. El 14 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad expidió una sentencia que ordenaba al Congreso garantizar que todos los funcionarios elegidos asuman su investidura en enero. Aunque la resolución debe garantizar que Arévalo asuma el poder, la corte hizo énfasis en que eso no impedirá que el Ministerio Público siga adelantando sus investigaciones, lo que expone a Arévalo y a su partido a la interposición de nuevos recursos legales cuando llegue al poder.
Para empeorar las cosas, el Presidente electo ya ha quedado incapacitado por el Gobierno saliente. Semilla perdió su personería jurídica como partido después de terminado el ciclo electoral. En consecuencia, su bloque minoritario en el Congreso puede tener las manos atadas para influir en las comisiones el Congreso que administran los dineros públicos y son los caldos de cultivo de la corrupción.
Las turbulentas elecciones también pusieron en evidencia las limitaciones del respaldo internacional. En una señal de su disminuida influencia en Centroamérica, la mayor parte de las advertencias de Estados Unidos contra la interferencia electoral han caído en oídos sordos, a pesar de las sanciones contra cientos de actores gubernamentales señalados de conspirar para socavar el proceso democrático.
Esto deja a Arévalo y sus aliados enfrentados a bloques políticos corruptos que este año se han mostrado dispuestos a todo por sobrevivir, incluso pasando por encima del sistema político democrático.
