Los y las diputadas del PRI, PAN y PRD consideraron que los recortes presupuestales considerados en el Presupuesto de Egresos de 2022 para los sectores educación, salud, derechos de las mujeres, entre otros, son inconstitucionales por vulnerar el principio de progresividad y no regresividad.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– Las y los diputados que integran la coalición Va Por México presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos para el 2022, ya que consideran que vulnera el principio de progresividad y no regresividad en materia de salud, educación, medio ambiente, protección de las mujeres, entre otros derechos.
Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) argumentaron que el proyecto aprobado por Morena es una amenaza a la democracia debido a que afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual obligaría al organismo autónomo a llevar a cabo sus actividades constitucionales sin los recursos suficientes, como es el caso de la consulta de revocación de mandato.
En el rubro de educación, la alianza política recalcó que el Presupuesto disminuyó los recursos para programas que combaten el rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país, y desaparece las Escuelas de Tiempo Completo y de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena.
El presupuesto para para áreas naturales protegidas, la protección de especies y ecosistemas, y el anexo 16 titulado “Medio Ambiente y Recursos Naturales” también fue afectado.
“Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo. Así, según señalaron las bancadas de oposición, lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles”, sumó.
En el sector de salud, los partidos consideraron que se la apuesta del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Insabi, no ofrece una cobertura completa a toda la ciudadanía, mientras que el Seguro Popular sí lo hacía. Asimismo, apuntaron que el programa “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” tuvo un recorte de alrededor de 10 mil millones de pesos, lo cual “muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado”.
Debido a lo anterior, Va Por México indicó que no se garantizó la progresividad de derechos, un concepto establecido en 2011 en la Constitución. La coalición indicó que el principio de progresividad consiste en que “una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos”.
