Una de las más gratas sorpresas que nos ha revelado este sexenio es el de haber comprobado que las instituciones republicanas del país son todavía robustas.

Ciertamente, el populismo obradorista ha intentado socavar, con todas sus fuerzas, el arreglo liberal y constitucional de nuestra República. Este intento de asalto no se realizó desde la debilidad, sino desde ciertas fortalezas. No sólo el régimen ha gozado de la legitimidad de un voto mayoritario en 2018, sino que ha controlado importantes mayorías en el Congreso.

Es desde este dominio de los poderes Ejecutivo y Legislativo que el Gobierno actual ha pretendido supeditar al poder Judicial.

No era evidente que esta rama del poder federal – aparentemente la más débil de las tres – iba a resistir los embates del régimen autoritario que nos gobierna. Al fin y al cabo, el régimen tenía elementos a su favor: una campaña de desprestigio orquestada desde hace tiempo, un Presidente de la SCJN – Arturo Zaldívar – postrado ante la voluntad del Ejecutivo y un proyecto de supeditación del poder Judicial a los designios de una parte de la opinión pública.

No era sencillo pronosticar que se podría defender exitosamente al poder Judicial.

Luego vino el escándalo de la tesis plagiada de la Ministra Yasmín Esquivel, quien hasta ese momento era una fuerte candidata para ocupar la Presidencia de la SCJN. Este hecho debilitó al gobierno y, poco después, en algo que parecía imposible sólo unas semanas antes, sus pares decidieron nombrar a la Ministra, Norma Lucía Piña, en ese alto puesto.

Es claro que dentro de la SCJN operó un cambio de opinión sobre el peligro que representaba el régimen. Esa amenaza, sin embargo, no ha  sido eliminada del todo. Sabemos de los intentos por parte del régimen para quitarle recursos a la máxima Corte de la nación. De hecho, el Congreso aprobó, no hace mucho, la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, en una maniobra para debilitarlo e imponerle condiciones.

Con la convicción de acabar con la  autonomía del poder Judicial, el régimen intentó endosar al poder Judicial la responsabilidad de ayudar a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. La respuesta del poder Judicial no se hizo esperar. En una misiva suscrita por la Ministra Piña, se dice que el poder Judicial estaría abierto a considerar participar en los esfuerzos del Gobierno federal en el rescate de Acapulco y zonas aledañas. Hay que hacer notar que la carta en ningún momento sugería que únicamente los recursos del poder Judicial se utilizarían para esa labor humanitaria. Más bien, se establecía que se trabajaría en un proyecto que implicaría la utilización de recursos de otros fideicomisos del Gobierno, como los del Ejército.

Las buenas nuevas es que una juzgadora federal acaba de conceder la suspensión definitiva en un juicio de amparo contra el decreto legislativo de extinción de los fideicomisos del poder judicial de la Federación.

Con esto, al menos por ahora, los recursos del poder Judicial no se utilizaran más que para promover sus propias labores. Como debe ser.

Por ahora la República permanece a salvo. Pero no bajemos la guardia.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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