El 12 de agosto de 2016, el entonces Gobernador de Hidalgo, el priista Francisco Olvera Ruíz, puso la “primera piedra” de lo que sería una de las incineradoras más grandes de América Latina. Más de dos años tomó el proceso para cumplir con 20 permisos en los tres órdenes de Gobierno y echar a andar la construcción de la obra que pretende transformar la basura en electricidad. El priista vaticinó entonces que Valorsum iniciaría operaciones en menos de un año, pero a dos meses de cumplirse el plazo, el proyecto no está listo y grupos civiles exigen su cancelación.
El Frente de Pueblos de Temascalapa es una agrupación de ciudadanos que se ha preocupado por lo que sucede en Tizayuca, municipio colindante con el Estado de México. La planta de energía que combustionará Carbón Verde en Hidalgo se ubica en una zona sólo separada del Edomex por mapas jurisdiccionales, y el grupo mexiquense ve en la cercanía del lugar un impacto inminente al ambiente en el que viven.
El árido predio de 100 mil metros cuadrados al borde de la carretera Tizayuca-Temascalapa, en la población de Tepojaco, ahora es también un epicentro en discordia entre partidos políticos. El visto bueno del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales mantiene en pie el proyecto. En México se generan alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de los cuales 35.3 millones corresponden a Residuos Sólidos Urbanos.
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Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– La inversión de 154.74 millones de dólares para integrar en México una planta de generación eléctrica que fue utilizada en el condado de Robbins, Chicago, en Estados Unidos, hasta 2000 es rechazada por pobladores de Hidalgo y el Estado de México, quienes argumentan que la obra fue impuesta por las autoridades locales y federales.
Documentos obtenidos por SinEmbargo dan cuenta que las consecuencias ambientales que acarrea este proyecto son mayores a los que la empresa constructora de la planta reconoce.
La empresa Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum) prevé combustionar a través de dos calderas basura generada en Hidalgo con el fin de generar 455 mil megawatt-horas por año para comunidades aledañas. Hasta 2014 a la Comisión Federal de Electricidad le costaban alrededor de 2 mil pesos generar cada megawatt-hora.
“Sabemos que es un problema que va a causar daños y perjuicios para todos los seres humanos que se van a encontrar a cientos de kilómetros a la redonda”, dijo Armando Ramos, miembro del Frente de Pueblos de Temascalapa.
La versión de la empresa es que el impacto del proyecto es inofensivo. El representante legal de Valorsum, José Antonio Pérez Abuin, planteó en un video difundido por la empresa, el 16 de agosto del 2016, que la basura entrará en una banda para obtener carbón verde, un material calorífico que alimentará dos calderas.
“A diferencia de la gran mayoría de calderas que hay en el mundo, nosotros no quemamos. Esta tecnología [de lecho fluizado] es tan especial que lo que avienta es arena caliente, una especie de lava volcánica”, explicó.
“El proyecto genera emisiones a la atmósfera de manera directa por la incineración de los residuos, por lo que las principales medidas de prevención y control están dirigidas a este rubro.[…] Los impactos residuales podrían ser consideramos mínimos, pero no nulos”, reconoce Valorsum en el pronóstico.
El documento expone que se emitirán gases contaminantes como CO, HCI, NOx, SO2, Dioxinas Furanos, Compuestos orgánicos Vólatiles. “Aún cuando se llevarán a cabo acciones de reforestación en el perímetro del predio, se reconoce que esto no es suficiente para la asimilación de los gases”, reza el pronóstico.
Otras propuestas de mitigación detallan el uso de sistemas de control, anticontaminantes y un programa de contingencias cuando las emisiones estén fuera de los límites de las normas, con lo que ha obtenido el visto bueno de la Semarnat.
“Se puede con esto resolver y aportar con esto para la solución de un problema muy grave es que es el cambio climático, y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero”, dijo Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Ambiente sobre Valorsum durante la colocación de la “primera piedra”.
Francisco Euroza, integrante del Frente de Comunidades en contra de la Incineración, destacó que Valorsum aparecen en el contexto del convenio de la Megalópolis, firmado por la dependencia y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
“Valorsum, situada en Tizayuca, Hidalgo, está dentro de lo que el Gobierno federal considera la Megalópolis, que es una gran concentración de población, esto cambia los patrones de consumo. Implica que lo que la mayoría de personas consumen son plásticos y eso es lo que se va a terminar incinerando. Esto va a producir materias contaminantes altamente tóxicos que dañan la salud”, dijo Euroza.
Una situación que condiciona la generación de basura para mantener la producción de electricidad, agregó Euroza.
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del estado de Hidalgo por combustibles fósiles se estimaron, en 2005, en 32.1 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que representa aproximadamente el 4.5% de las emisiones a nivel nacional, o el equivalente a709 millones de toneladas.
EL PELIGRO DE LAS INCINERADORAS
El reciente informe de Greenpeace, titulado “Incineración de residuos en la Ciudad de México”, retoma una opinión de la Secretaría de Salud (SSa) sobre efectos de las incineradoras en la salud.
“Existe el riesgo, si las condiciones de operación de un incinerador no son las adecuadas, de que se formen dioxinas y otros compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables”, expuso la SSa.
Estas sustancias pueden derivar en lesiones cutáneas, alteraciones hepáticas, daños al sistema inmunológico, afectaciones al sistema nervioso y endocrino. “Finalmente existen elementos que ligan a las dioxinas con diversos tipos de cáncer”, expuso la SSa.
Carlos Samayoa, director de la campaña antitóxicos de Greenpeace, apuntaló que la incineración ha sido recomendada como la última opción al final de una cadena donde debe anteponerse la reducción, la reutilización y el rediseño de la basura.
“Por más que digan que va utilizar más altas tecnologías, pues va implicar emisiones a gases, y peligros para la salud para las comunidades aledañas”, planteó.
Antes de terminar su mandato, el priista Francisco Olvera resaltó el 12 de agosto del 2016 que fueron 600 los contenedores que se necesitaron para trasladar la maquinaria desde Estados Unidos.
Se trata de piezas de la empresa Robbins Comunity Power en Chicago, que dejó de operar en 2000 debido al cambio de políticas tarifarias en Estados Unidos. El último monitoreo hecho por la empresa americana data del 27 enero de 1999, con resultados positivos, dos décadas atrás.
Sin embargo, el llamado “selling memorándum” de la planta en Estados Unidos detalla que los problemas estuvieron asociados desde el inicio de su operación en 1997.
Estos incluyeron taponamiento de tubos del generador de vapor, acumulación de cenizas en los mismos, problemas para controlar la humedad en el RDF (Carbón Verde), aglomeraciones en el lecho, fugas en los tubos que provocaron taponamientos de tolvas.
Todas problemáticas que provocaron paros recurrentes de operación, lo que en consecuencia afectó la disponibilidad de energía.
En junio del 2015, el Instiuto de Investigaciones Eléctricas, un centro de estudios sobre energía con una larga cartera de clientes gubernamentales, realizó nuevamente una inspección de los equipos se recomienda a la empresa contar con una análisis de riesgo sobre el equipo para el plan de contingencias, generar permisos oportunos, y una estrategia de comunicación a la población.
Esta última:”Orientada a establecer los mecanismos para una consulta pública”.
En el 2009 GAIA expuso en el informe “Una industria que vende humo” que son los trabajadores de las plantas de incineración quienes corren el mayor riesgo de ser vulnerados por los tóxicos que expiden las incineradoras. Mas, las dioxinas y otros contaminantes pueden viajar cientos de kilómetros en el ambiente.
“Hay evidencias incineradoras respecto a riesgos a la salud humana, y eso tiene que ver, básicamente, con los incineradores. Uno de los eventos que más ocurren es que se gastan los filtros y eso es porque al incinerador entra una cantidad heterogénea de diversa y dudosa procedencia”, explicó Magdalena Donoso Hiriart, coordinadora para América Latina de la Alianza Global Antiincineración y sus Alternativas (GAIA).
Las dudas del impacto han hecho ruido a las autoridades locales.
El 2 de diciembre del 2016 Gabriel García Rojas, Alcalde de Tizayuca, envió una misiva en la que solicitó a Valorsum la detención de los trabajos de construcción de la planta hasta que no se presentasen estudios.
Así a dos meses de haber puesto la “primera piedra” el municipio aún no tenía certeza de los daños que podría conllevar la puesta en marcha de Valorsum. Y una marcha de 3 mil personas el primero de diciembre forzó la exigencia de transparencia.
García solicitó en aquella carta los estudios: “Que expresen que el giro y/o actividad de la empresa que Usted [José Antonio Pérez] representa no afecta de forma alguna la salud humana y la calidad de vida”.
CAMBIOS DE PERMISOS
El proyecto de Valorsum está sustentado en el motor económico que podría no llegar jamás.
En el estudio sobre la” Vinculación con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial”, presentado por Valorsum, destaca que en la construcción de este proyecto la contratación de personal “es mínima”.
El 9 de septiembre del 2013 se decretó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tizayuca, Hidalgo, en el cual se define claramente la zonificación de las áreas municipales con vocación industrial. La operación de una Planta de Generación Eléctrica fue establecida en un “largo plazo”.
Pero las autoridades cambiaron de parecer en fechas paralelas a la llegada de Valorsum.
El 26 de octubre del 2015, el Alcalde Juan Nuñez Perea, con el dictamen favorable de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado, cambió las condiciones para que publicar una resolución en el que se cambió loperaciónd e una planta de generación eléctrica a “corto plazo”.
Otro cambio en el uso de suelo fue denunciado por el Partido Movimiento Regeneración Nacional el pasado 12 de septiembre por la Diputada federal Sandra Luz Falcón Venegas.
“Es importante señalar que la Semarnat, en un principio negó el permiso de cambio de uso de suelo porque el polígono se ubica fuera de la zona industrial. Sin embargo, en el año 2014 se adelantaron las fechas para ampliar la zona industrial, por lo que el predio fue considerado como una ampliación y la Secretaría otorgó el permiso en agosto de 2016”, acusó en un punto de acuerdo.
El actual Gobernador del PRI Omar Fayad dijo hace un año que debía ser la propia empresa la que demostrara cumplir con todas los requisitos de Ley para operar.Y desde entonces ha preferido la lejanía sobre la problemática.
En octubre de este año José Antonio Pérez afirmó al medio local el Independiente de Hidalgo que el proyecto sigue en pie, después de una pausa por el cambio de autoridad e informar a la población.
