Por Humberto Francisco Guerrero Rosales

“Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos”. Claudia Sheinbaum: discurso de los 100 puntos

La afirmación de la primera presidenta de México contrasta con la cifra de más de 115 mil personas desaparecidas con las que recibió al país que va a gobernar. La existencia de tal cantidad de personas desaparecidas es considerada en sí misma una crisis de derechos humanos. Además, se debe recordar que la tragedia es aún mayor si se considera que, respecto de esos miles de casos, la impunidad es casi absoluta. Esta impunidad y falta de verdad se traduce en otro tanto de cientos de miles de víctimas que en este momento sufren la tortura de no saber el paradero de sus seres queridos, y de la revictimización de ver a quienes son responsables sin castigo, debido a la conducta negligente y, en algunos casos, criminal de las personas integrantes de los sistemas de procuración y administración de justica.

En su programa de los 100 puntos de gobierno, Claudia Sheinbaum fue totalmente omisa en cuanto a su abordaje de la crisis de desapariciones, no hubo mención alguna al problema; lo más cercano fue la mención a su compromiso de seguir trabajando en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La omisión se extendió a la presentación de su estrategia de seguridad, en la cual también está ausente por completo el tema. Así, y con base en sus propias palabras, los colectivos de familiares de personas desaparecidas han iniciado este sexenio con la sensación de que, para la presidenta, el problema de las desapariciones no existe “porque como nos han enseñado lo que se nombra, existe, y lo que no, no existe”.

Es muy difícil pensar en que la omisión sea involuntaria. Una hipótesis es que la omisión refleja un diagnóstico donde se pretende minimizar las desapariciones forzadas (desapariciones con evidencia de participación directa o indirecta de personas servidoras públicas), y se quiere atribuir toda la responsabilidad del problema a grupos del crimen organizado que actúan de manera totalmente independiente al Estado y, por tanto, el abordaje del problema forma parte de una estrategia general de seguridad, sin especificidad. 

El problema de un diagnóstico de esta naturaleza es que deja de lado por completo la evidencia existente que apunta a que, en ciertas zonas del país, la dinámica criminal ocurre en el contexto de redes complejas donde es difícil trazar claramente la línea divisoria entre la criminalidad de Estado (en todos los niveles) y la criminalidad de particulares. Al respecto, el único elemento que pudiera resultar interesante es el relativo al énfasis que se hizo de que en la Estrategia Nacional de Seguridad “las dependencias encargadas de la seguridad podrán hacer uso de la tecnología para anticiparse a delitos, identificar patrones, comprender las dinámicas de las zonas con mayor incidencia, así como generar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas”.

El abordaje anterior coincide con la demanda histórica de organizaciones de derechos humanos, víctimas y academia de que, para iniciar un proceso serio de combate a la impunidad, es necesario aplicar una metodología de análisis de contexto en situaciones como la de México, donde las desapariciones son generalizadas y obedecen a líneas de conducta o políticas organizacionales. De esta forma, el entendimiento de las estructuras, redes de vínculos y patrones conductuales que facilitan las desapariciones, ayudarían a diseñar estrategias de búsqueda que prioricen la localización con vida de las personas, y la identificación de responsabilidades individuales.

No obstante, de acuerdo con la misma Estrategia Nacional de Seguridad, la función de generación de información de inteligencia estaría coordinada desde un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, con participación preponderante de las Fuerzas Armadas, y si bien la idea de identificar patrones es buena en el papel, resulta imposible ser optimista sobre su aplicación práctica, ya que, en gran medida, el problema de la violencia se explica a partir de la incorporación de las Fuerzas Armadas a las complejas redes criminales. Casos como el de Ayotzinapa o, incluso, los de la mal llamada guerra sucia evidencian que las Fuerzas Armadas siguen sin estar dispuestas a reconocer su actuación criminal sistémica y a asumir las responsabilidades consecuentes, ni legales, ni políticas. 

Así, a reserva de que posteriormente se genere una estrategia específica para afrontar la crisis de desapariciones, que considere el entramado político, criminal y económico que las propicia, las primeras señales del nuevo gobierno no son alentadoras respecto de un viraje de la situación a corto o mediano plazo.

* Humberto es coordinador del programa de Derechos Humanos de @FundarMexico

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