Los enfrentamientos ocurridos en 2020 resultaron más letales y con menos capacidad de captura: la cifra de personas fallecidas durante estos choques entre policías estatales y presuntos delincuentes fue 27.85 por ciento superior con respecto al 2019; en tanto la cifra de detenidos, en contraste, fue 19.26 por ciento menor a la registrada en 2019, cuando se detuvieron a 436 persona en la mitad de enfrentamientos registrados.
Otros estados con considerables incrementos son Veracruz, donde las balaceras entre las fuerzas de seguridad contra civiles armados crecieron al menos 25.84 por ciento con respecto a los casos 89 reportados en 2019; Michoacán donde los enfrentamientos (82) crecieron 18.84 por ciento y en Guerrero con un alza del 52.5 por ciento, al pasar de 40 a 61.
Las cifras presentadas por el Inegi muestran una radiografía de la espiral de violencia en Tamaulipas desde el año pasado, pero que a la fecha no ha cesado. Una muestra son los hechos de alto impacto que se desataron en los últimos días en aquella entidad fronteriza. El pasado 18 de octubre varios enfrentamientos entre presuntos delincuentes, la Policía y el Ejército dejaron un saldo de cuatro muertos —entre ellos Ariel Treviño Peña, alias “El Tigre”, presunto líder de los halcones del Cártel del Golfo— dos heridos y cuatro detenidos.
Analistas y expertos en seguridad han coincidido en entrevistas con SinEmbargo que el recrudecimiento de la violencia en los estados de Tamaulipas y Zacatecas —dos de las entidades que registran los más elevados incrementos en los enfrentamientos— apunta a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiere arrebatar el control territorial a cárteles locales y por la transición política que se registró en ambos estados.
Amalia Pulido Gómez, investigadora de posdoctorado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas de la misma institución, coincidieron que el incremento de la violencia y enfrentamientos entre civiles (y por ende entre autoridades) en Zacatecas se debe a la incursión del CJNG y a su interés, no sólo de adentrarse y tener presencia en estos territorios, sino de consolidarse como la organización hegemónica.
“Justamente estos enfrentamientos responden a esta lógica de consolidarse como una organización criminal dominante”, apuntó Amalia Pulido.
Los analistas consideran que el CJNG, la organización criminal con el mayor crecimiento en la última década, ha aprovechado el debilitamiento de sus grupos rivales y cárteles locales para tratar de arrebatar territorios.
Lo que ocurre en Tamaulipas y Zacatecas, dijeron, es sólo una muestra de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación busca el control hegemónico en todo el país. Sin embargo, los expertos creen el Cártel de Sinaloa no va a permitir esta expansión.
Los especialistas también explicaron que el repunte de la violencia y sus fenómenos (entre ellos los enfrentamientos) podrían deberse a cuestiones de la alternancia política que podría impactar en acuerdos institucionales que puedan existir entre organizaciones delictivas con autoridades estatales .
“Lo que sucede en Tamaulipas es un tanto distinto a Zacatecas. En Tamaulipas no creo que sea tanto el CJNG, sino más bien recordemos que este año hubo elecciones y eso cambia los acuerdos políticos que eventualmente pueda haber entre autoridades y grupos delictivos”, indicó Guerra Blanco.
Y abundó: “Además, el Gobernador de Tamaulipas es investigado por la FGR por delincuencia organizada […] y esto significa que al final se empiezan a mover los acuerdos institucionales que puedan existir entre los presuntos integrantes de estos cárteles y autoridades estatales”.
Amalia Pulido señaló a su vez que ambas entidades están en un periodo de transición política ante las pasadas elecciones —Tamaulipas, con nuevos alcaldes, y Zacatecas, con nuevo gobierno estatal— lo cual generaría “nuevos equilibrios criminales y con eso las plazas se están calentando”.
“También tiene que ver el tema político, Zacatecas ya entró el nuevo Gobernador y también puede ser un reajuste de los equilibrios de poder de los criminales con los políticos, como una nueva implementación de una nueva estrategia de seguridad por parte del nuevo Gobernador”, dijo.
MÁS MUERTOS Y MENOS DETENIDOS
La cifra de personas muertas durante los enfrentamientos registrados a nivel nacional asciende al menos a 280; además 92 civiles armados quedaron heridos y se detuvieron al menos a 352.
De acuerdo con los datos del Inegi, los tiroteos de 2020 resultaron más letales y con menos capacidad de captura, pues la cifra de personas fallecidas durante los enfrentamientos es 27.85 superior con respecto al 2019; año en que se reportaron al menos 219 muertes en tiroteos.
Por otra parte, la cifra de personas lesionadas en 2020 es 12.04 por ciento mayor, pues pasó de 83 (en 2019) a 93. En tanto, la cifra de personas detenidas es 19.26 por ciento menor a la registrada en 2019, cuando se detuvieron a 436 personas en los 340 enfrentamientos del año, la mitad del total que se registraron en este 2020.
El CNPJE del Inegi también reveló que durante el año pasado se registraron al menos 116 policías y/o personal de las instituciones de seguridad pública que fallecieron durante su jornada laboral; de estas defunciones, más de la mitad (53.3 por ciento) fue durante enfrentamientos con civiles armados (incluida la delincuencia organizada).
Edgar Guerra consideró que los datos del Inegi sobre las confrontaciones de fuerzas policiacas locales muestran que en la política de no confrontación hay una retirada de las fuerzas armadas federales y es entonces que quienes están combatiendo frente a frente contra los grupos delictivos son las policías estatales.
“Desde mi punto de vista (estas cifras) reflejan esta especie de retirada que las fuerzas federales han hecho en el tema específico de perseguir a los grupos delictivos. La política del Gobierno de la 4T es justamente de no perseguir, lo dice el Presidente con esta frase de ‘abrazos, no balazos’, pero es que la realidad es que sí hay una especie de retirada, al menos en una actitud de no confrontación de las fuerzas armadas a los grupos delictivos”, explicó.
La Ciudad de México es la entidad en la que se reportó el mayor número de elementos de seguridad que murieron en eventos relacionados con el ejercicio de sus funciones, con un total de 395 casos. A la capital le siguen: Tabasco con 79 casos; Estado de México, con 54; Chiapas, con 44; Jalisco, con 20 y Puebla, con 19.
De acuerdo con los datos del Inegi, de las 116 personas fallecidas durante su jornada, 56 elementos murieron durante enfrentamientos, 22 en accidentes vehiculares por patrullajes, seis durante la persecución de personas sospechosas, dos en linchamientos, dos en labores de tránsito de vehículos, uno al atender peleas (riñas de bar) y 16 más en otros aspectos que no se detallaron.
En tanto que los estados de Baja California Sur y Veracruz reportaron “no haber tenido registro del fallecimiento de algún servidor público” según señala el estudio.
La pandemia de la COVID-19 impactó severamente a nivel global y en el caso de las policías también se registraron importantes bajas. De acuerdo con los datos del Inegi, el personal fallecido por Covid-19 durante 2020 fue de 782 personas, de las cuales el 93.0 por ciento (727) fueron hombres y 7.0 por ciento (55) mujeres. Ciudad de México concentró la mayor cantidad con un total 395.
