Mientras que en nueve estados de México, el aborto ya es una realidad legislativa, la Marea Verde continúa exigiendo que los demás congresos locales despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo y cumplan a cabalidad con este derecho reproductivo de mujeres y personas gestantes.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Entre 2019 y 2021, la Marea Verde hizo un estruendo enorme y logró la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en ocho estados: Colima, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa y Baja California. Habían pasado 12 años desde que la figura del aborto se despenalizó por primera vez en una entidad mexicana, en la Ciudad de México.
Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, un día en que mujeres y personas gestantes de toda la República saldrán a las calles para exigir la despenalización del aborto en los estados donde todavía es considerado un delito, así como las condiciones necesarias para cumplir con la consigna: “Aborto legal, seguro y gratuito”.
La Ciudad de México abrió la posibilidad de que mujeres y personas gestantes terminen un embarazo hasta las 12 semanas de gestación desde 2007. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud capitalina, desde abril de 2007 hasta agosto de 2022, se habían realizado 252 mil 760 procedimientos de ILE.
“En 2007, a pesar de haber estado despenalizado el aborto en la Ciudad de México, no era un tema del que se hablara, no era un tema que estaba en las calles, ni tenía una demanda social grande y más generalizada en las calles”, recordó Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). “Hoy, en las marchas podrás ver que el aborto es una demanda generalizada y ver el pañuelo verde. Puedes fijarte que la demanda por los derechos sexuales, por la garantía de derechos sexuales y reproductivos, y por la despenalización del aborto, es hoy una prioridad entre las juventudes”.
Si bien la mayoría de las personas que fueron atendidas en las diversas clínicas de la capital eran habitantes de la Ciudad de México, también han acudido pacientes desde el Estado de México (69 mil 030), Puebla (mil 585), Hidalgo (mil 377), Querétaro (712), Jalisco (710) y Guanajuato (525), así como del resto del país, e incluso extranjeras.
“La Ciudad de México ha sido una ciudad más progresista, pues siempre tenemos una mayor garantía de derechos que en otros estados. Me parece que una de las cosas más relevantes de la Marea Verde es descentralizar también este poder político y esta generación de masa crítica en otros estados para que también pueda replicarse la despenalización y el entramado legislativo que se necesita para garantizar el derecho al aborto”, consideró Salguero.
La directora del ILSB recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en septiembre de 2021 que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta al revisar una acción de inconstitucionalidad promovida contra un artículo del Código Penal de Coahuila, dejando un precedente para que otros estados eliminen el delito del aborto de los códigos penales locales.
“La demanda social es muy importante para lograr la garantía de derechos y tener mejores estrategias para empezar a presionar a los congresos a que tienen que sacar de los códigos penales al el delito de aborto”, dijo. “Deben actuar en consecuencia del fallo de la Corte, la ley tendría que ser sacar de los códigos penales ese delito”.
Puntualizó que es importante que no solamente exista una legislación que despenalice el aborto, sino también falta que no exista “ningún cabo suelto”.
Salguero ejemplificó con el estado de Oaxaca, donde se aprobaron las reformas para la ILE en el 2019:
“Aunque hace más de dos años se aprobó la despenalización del aborto, todavía no es una garantía en la provisión de los servicios en el sector salud. La importancia también es de no pensar que se acaba la lucha cuando ya tienes un entramado legal, es que las redes, las juventudes y las mujeres de esos estados puedan seguir demandando en los estados donde ya [se ha] despenalizado [el aborto] que haya rutas claras para acceder a los servicios”.
EL CASO DE COLIMA
En diciembre de 2021, Colima se convirtió en el sexto estado en sacar el delito de aborto de su Código Penal local hasta las 12 semanas de gestación. Las reformas aprobadas por el Congreso local permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación, y eliminaron el límite de tres meses para abortar en caso de violación o inseminación artificial no consentida.
Además, se eliminaron las sanciones al personal de salud que practique los abortos consentidos en este periodo de tiempo, y se admiten como causales cuando una autoridad niegue el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación, y cuando el personal de salud hubiese omitido informar a la mujer sobre su derecho a la interrupción del embarazo en ese plazo.
A pesar de que las reformas legislativas se publicaron el 11 de dicho mes en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, actores civiles consideran que aún falta lograr una despenalización de la ILE a nivel social.
“Hubo una voluntad política que impactó de manera sustancial dentro de este proceso de despenalización legal”, dijo al respecto Massiel Hernández, integrante de la colectiva local Decide. “Es un camino [de transformación] todavía que estamos recorriendo. Pienso que se ha vuelto, no completamente fácil, pero menos estigmatizante abordar el tema del aborto”.
La colectiva Decide se conformó en el 2015, cuando hablar sobre el aborto en Colima todavía era un tabú, indicó la activista. Las personas que conformaban la organización civil se preparaban con mucho cuidado para acompañar interrupciones de embarazos, basándose en manuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y capacitándose en la administración de medicamentos para el procedimiento con otras ONGs que ya dominaban el tema.
Actualmente, la colectiva sigue acompañando abortos de quienes deciden hacer el procedimiento en casa, ya que algunas mujeres y personas gestantes que han acudido a los centros de salud a solicitar la ILE han tenido experiencias de juicio y estigmatización. “Todavía hay muchas violencias, hay funcionarios que son violentos y violentas, que todavía revictimizan y estigmatizan el tema del aborto; pero también hay funcionarios y personajes de salud pública que está haciendo las cosas diferentes y que también están transformando esos espacios”.
Ahora, grupos feministas de Colima esperan que haya un cambio en las narrativas sociales y de parte de trabajadores de los centros de salud que inhiben a mujeres y personas gestantes de solicitar el aborto, a pesar de ser un procedimiento que actualmente ya es legal; además de que exista mayor presupuesto para que se garantice el procedimiento de manera integral y el personal de salud obtenga la capacitación necesaria en el tema.
“Las leyes están muy bonitas, pero para que las leyes puedan llegar a esos objetivos –que en este caso del aborto–, que pueda haber ahí ese acceso dentro del sistema de salud pública, tiene que haber recursos”, remarcó Hernández.
EN DURANGO, ACTIVISTAS PIDEN DESPENALIZACIÓN
Durango es uno de los estados donde la interrupción del embarazo está penada salvo en casos de violación, aborto espontáneo y si la vida de la madre está en peligro; además, el Artículo 3 de su Constitución indica una protección de la vida desde el momento de fecundación, una medida criticada por colectivas feministas y abogadas.
María Hernández y Jennifer Josefina de la Torre, activistas en REDDefine Durango, consideraron que el estado tienen un contexto conservador, donde la iglesia católica tiene gran incidencia en la vida política. Las dos jóvenes forman parte de un grupo de la sociedad civil que creó una iniciativa popular para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
“Durango se caracteriza por ser un estado conservador. Incluso, en su Constitución Política de Estado marca en el Artículo 3, el derecho a la vida. Estamos hablando de un Estado conservador porque, además de eso, sí ha sido un contexto en donde el Arzobispado y la iglesia se han inscrito en las decisiones de las diputadas y de los diputados”, explicó De la Torre.
El martes 27 de septiembre por la noche, la iniciativa popular avanzó a la Comisión de Justicia y fue subida al pleno para su discusión y votación. Tras varias horas de deliberación y casi un año desde que se comenzó el ejercicio de participación ciudadana, el Congreso local desechó el documento con 15 votos en contra.
El plan de acción en caso de que la iniciativa no fuera aprobada ya estaba trazado por las activistas: ahora procederán a interponer un recurso de amparo basado en el fallo de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto.
🚨💚 Actualización
En la madrugada sesionó el @CongresoDurango para votar el dictamen que proponía despenalizar el aborto. Fue rechazado x 15 votos.Desde aquí mandamos todo nuestro cariño y admiración a las compas de Durango.
Pronto #SeráLey 💚 pic.twitter.com/0GRkpfal0B
— AbortistasMx💚 (@AbortistasMx) September 28, 2022
ACOMPAÑANTAS HACEN FRENTE A LA CLANDESTINIDAD
Chihuahua está gobernado por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), quien además tiene la mayoría legislativa con 15 legisladores en el Congreso local. Para Mariela Castro, integrante de la colectiva Marea Verde en el estado, la presencia de “un Gobierno de ultraderecha” no sólo ha dificultado poner en la mesa legislativa el tema del aborto, sino incluso ha complicado el acceso al procedimiento bajo las causales permitidas de violación, aborto culposo y cuando la salud de la embarazada corra peligro grave.
“La exigencia que estamos colocando en los servicios de salud es que hay causales bajo las cuales se despenaliza [el aborto], se elimina la responsabilidad penal para abortar: por violación, por causal salud… Entonces, hasta ese tipo de servicios están siendo negados en el estado de Chihuahua, se está poniendo muchas trabas para proveer los servicios de aborto, aún cuando está permitido por la ley” en esas excepciones, explicó Castro.
Asimismo, la garantía de otros derechos sexuales y reproductivos como la planificación familiar y el acceso a anticonceptivos se ha visto obstaculizado por la falta de recursos económicos para programas que promueven estas acciones. La activista indicó que el Gobierno de María Eugenia Campos Galván ha dicho que generarán programas alternativos para garantizar estos derechos, pero criticó que las propuestas “no tienen perspectiva de género, ni de infancia, ni un enfoque de derechos humanos y menos uno intercultural”.
Marea Verde Chihuahua se conformó con tres líneas de acción que buscan mover el tema de la ILE en el estado: el litigio estratégico y su clínica jurídica para atender casos y denuncias; la movilización en la agenda legislativa para la despenalización; y el acompañamiento a abortos autogestivos.
En entidades donde no se ha aprobado la ILE, colectivas se han capacitado con base en el “Manual de práctica clínica para un aborto seguro” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el apoyo de personal médico para que existan redes que informen a las mujeres y personas gestantes cómo interrumpir un embarazo de manera autogestiva.
De esta manera, mujeres y personas gestantes pueden recibir información sobre cómo abortar en sus propios hogares, además de acompañamiento médico y emocional durante el proceso.
Algunos retos a los que se enfrentan las acompañantas y las mujeres que abortan de manera autogestiva es la falta de medicamentos como el misoprostol; que farmacias se nieguen a vender el fármaco y exijan una receta médica –aún cuando no es requerido por ley–; el estigma en la sociedad; y denuncias legales, ante las cuales se preparan amparos y otros recursos jurídicos.
Así como en Chihuahua, en Nuevo León la organización Marea Verde ha buscado desestigmatizar la interrupción voluntaria del embarazo.
“[Queremos] desestigmatizar la información para que el aborto no sea visto como algo malo, sino que es algo cotidiano que vivimos las mujeres. Creo que esa es la principal dificultad, porque aquí en Nuevo León hay muchas [personas] provida, demasiadas. La gente no está abierta a hablar del aborto, ni nada que tenga que ver con él, entonces es muy difícil hacer una concientización social para tener la aprobación de la sociedad”, expresó Arlene García, integrante de la ONG.
Las acompañantas de aborto, indicó, buscan que las mujeres y personas gestantes sepan que pueden realizar el procedimiento aún en la clandestinidad, pero de una manera segura y sin estar solas.
UNA MAREA IMPARABLE
Aunque en nueve estados ya exista legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta ciertas semanas de gestación, el fallo de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad del aborto abrió la puerta para que más congresos locales quiten el delito del Código Penal.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) es una asociación civil dedicada a defender y promover los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, incluyendo temas como la ILE y la maternidad.
Laura Romero, responsable de incidencia social en dicha organización, enfatizó la importancia de que activistas y colectivas a nivel local hagan la presión necesaria en la esfera política para que se legisle en el sentido de la sentencia judicial del máximo tribunal federal. “Ahí es donde está el gran reto en la despenalización, que los congresos entiendan que ya incluso la Corte dijo que el criminalizar a las mujeres va en contra de los derechos humanos”.
Además, hizo eco a las exigencias de activistas para que en los estados donde ya hubieron reformas legislativas, exista un presupuesto y rutas claras para que haya disponibilidad de medicamentos como misoprostol, personal médico capacitado y que no sea objetor de consciencia, entre otros.
A pesar de las dificultades para abortar en México, entre ellas el estigma del procedimiento que existe en la sociedad, Romero identificó también que hay un punto de encuentro entre colectivas y activistas para que la Marea Verde avance en el país.
“Creo que la Marea Verde latinoamericana, en general, ha traído cosas grandiosas, y en general nos ha demostrado que la exigencia por el derecho al aborto nunca va a detenerse, que va a seguir”, opinó. “Es una lucha constante, y creo que eso sí ha hecho la Marea, tomarla como una lucha constante y apropiarse muchísimo de ella”.
“Gracias a esta Marea Verde compuesta de colectivas de acompañantes, se tejió una red muy importante para acompañar abortos seguros en casa, o en casa de amigas, y creo que eso es algo lindo, muy rescatable y muy importante, en una sociedad en donde pareciera que ejercer un derecho es un crimen”.
