La despenalización del aborto en México se convirtió ya en una de las banderas más importantes del movimiento feminista, bajo la idea de que se trata de un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no a un tema político y/o religioso.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la exigencia de las mujeres por acceder a este derecho resuena en más espacios.
En México se realizan diversas manifestaciones para exigir a los congresos que modifiquen las leyes que criminalizan a las mujeres por abortar o permiten esta acción solo en determinadas condiciones. Solo Oaxaca y la Ciudad de México permiten a las mujeres interrumpir el embarazo sin importar la causa hasta las 12 semanas de gestación.
En otros está permitido solo si es a raíz de una violación (con comprobación de los hechos), si está en peligro la vida de la mujer, las alteraciones genéticas o por razones económicas.
Pero en otros, abortar es un pase a la cárcel, incluso tratándose de abortos espontáneos, como es el caso de Querétaro y Guanajuato, que estipulan sanciones de seis meses a 3 años de prisión, de acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las normas internacionales de derechos humanos establecen que los estados tienen la obligación de abstenerse del uso del derecho penal para castigar a las mujeres por interrumpir un embarazo, así como de derogar las leyes y políticas restrictivas que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas y deben garantizar el acceso a servicios de aborto legal, seguro y asequible y atención post aborto para todas las mujeres y niñas.
“Las personas que viven en la pobreza, en áreas rurales, con discapacidades, así como las mujeres migrantes e indígenas y las pertenecientes a minorías étnicas, continúan siendo las más afectadas por la discriminación estructural que limita su acceso a la atención médica, incluidos los servicios de aborto”, establece la ONU.
Para dimensionar estas diferencias sociales y económicas, se estima que cada año se realizan 25 millones de abortos inseguros que provocan la muerte evitable de aproximadamente 22 mil mujeres y siete millones de mujeres y niñas sufren lesiones que resultan en discapacidad e infertilidad, casi todas en países en desarrollo. En los países donde las mujeres tienen el derecho efectivo al aborto, con todas las medidas de planificación familiar asequibles y efectivas, se tienen las tasas de aborto más bajas.
MÉXICO Y EL #28S
“El aborto es un servicio esencial de salud reproductiva para mujeres y niñas y el acceso al aborto seguro y legal es clave para garantizar su derecho fundamental a la autonomía, la igualdad y la salud física y mental”, concluye la ONU en el documento citado.
Cada 25 de septiembre desde 1990, se celebra el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe. La fecha se acordó en el marco del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina. Quienes la propusieron fueron las brasileñas para recordar que ese día, pero del año de 1888, cuando en Brasil se declaró “la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos los hijos nacidos de mujeres esclavas”.
Datos de IPAS, organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, señalan que en nuestro país, de cada 10 mujeres, cinco han enfrentado violencia emocional, cuatro violencia sexual y tres violencia física y especifica que la “violencia de género y la violencia sexual son detonantes de los embarazos no deseados”.
En consecuencia, las complicaciones por abortos clandestinos es una de las principales causas por las que mueren las mujeres y las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan el riesgo a la salud y vida de niñas y mujeres mexicanas.
Cada día 32 niñas presentan un parto y la mayoría de esos embarazos son producto de la violencia sexual, por lo que a ellas se les debe garantizar el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo, aseguró la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Datos recabados por el Instituto Guttmacher, muestran que la tasa anual de abortos inducidos en México es de 33 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años; una cifra ligeramente superior al promedio que se reporta para América Latina, que es de 31 por cada mil y se estima que 149 mil 700 mujeres son hospitalizadas por complicaciones post-aborto.
“Un aborto clandestino generalmente es inseguro […] Se estima que más de un tercio (36 por ciento) de las mujeres que tienen abortos inducidos desarrollan complicaciones que requieren atención médica. La proporción más alta con complicaciones asociadas al aborto inducido (45 por ciento) corresponde a las mujeres rurales pobres”, agrega el Instituto en uno de sus estudios.
Sobre estos datos, las recomendaciones que se realizan desde hace años al sistema de salud es fortalecer los servicios anticonceptivos, mejorar los servicios de atención postaborto y mejorar la provisión de abortos legales.
