La semana pasada, varias personas se manifestaron pacíficamente en Homún, una comunidad maya de Yucatán, contra una enorme granja porcícola que albergará a casi cincuenta mil cerdos. En respuesta, el gobierno yucateco envió un contingente de antimotines para vigilar o intimidar al grupo manifestante. En paralelo, personal de la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intentó clausurar, aparentemente sin la orden de clausura correspondiente, la principal fuente de ingresos de las personas que protestaban contra la granja.

Lo ocurrido en Homún está lejos de ser un evento aislado. Y es que este caso muestra, como pocos, la forma en que los gobiernos de Rolando Zapata y de Enrique Peña Nieto se han puesto al servicio de grandes empresas para operar contra los intereses de poblaciones mayas en Yucatán. El caso Homún, un atropello en tres tiempos, muestra con claridad la forma en que parte de las personas más vulnerables son constantemente arrasadas por el mismo Estado que está obligado a representarles y a protegerles.

Atropello 1

La comunidad de Homún fue atropellada cuando el Gobierno de Yucatán autorizó la viabilidad de la granja de cerdos de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), a pesar del grave riesgo que, por su ubicación y características, representaría para la extraordinaria red de ríos subterráneos que caracteriza a la península de Yucatán (1. Esta red conecta a los cenotes yucatecos, grandes pozos naturales que proveen lo mismo de agua que de recreo u oportunidades turísticas a comunidades locales.

Desde luego, alguien podría argumentar que la presencia de una granja de esta naturaleza no contamina automática o necesariamente el subsuelo, y que sin duda hay estándares o medidas que, una vez cumplidos, garantizarían la comunión entre porcicultura y naturaleza. Sin embargo, una posición de esta naturaleza no es defendible en el caso de la granja de PAPO por al menos dos razones. La primera es que las medidas tomadas hasta ahora para manejar los posibles daños ambientales de las excretas de ganado están muy lejos de haber sido exitosas. De acuerdo con una investigación de Rosario Pérez y Gretel Cervantes publicada por Península -una revista semestral del CEPHCIS de la UNAM en Yucatán-, la mayoría de los biodigestores “no están bien manejados” y el programa del que forma parte “no logra reducir la emisión de metano pero desestima la contaminación del agua que en Yucatán, por las características del suelo y del acuífero” (2.

Pero, aún si suponemos para fines del argumento que Yucatán cuenta con una forma probada de garantizar que sus granjas porcícolas no contaminarán el subsuelo y que este daño no afectará a la red de subterránea a que conecta a los cenotes, la inocuidad de la granja de PAPO no es defendible porque la manifestación de impacto ambiental que tendría que sustentar su viabilidad está viciada de origen. Esta manifestación no sólo ha sido cuestionada por académicos y especialistas por no contar con sustento bibliográfico y científico, sino que está basada en un estudio que, “fue elaborado por una cirujana dentista sin conocimientos técnicos en materia ambiental y aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán” (3.

Este es un problema común en las manifestaciones de impacto ambiental realizadas en México, que, contrario a lo que recomiendan organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son realizadas por entidades independientes y con probada capacidad técnica, sino que son encargadas por las propias empresas, lo que de principio cuestiona su imparcialidad. En este sentido, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso Legal presentaron recientemente una opinión experta que expone “el marco internacional sobre los procesos de evaluación del impacto ambiental…como una obligación internacional vinculada al ejercicio de derechos humanos” (4.

Atropello 2

Bajo cualquier óptica, Homún es una comunidad con una población notablemente maya: nueve de cada diez de sus habitantes se consideran de origen maya y más de la mitad hablan la lengua maya. Dada su condición de población maya, (5 antes de autorizar cualquier proyecto el Estado tenía la obligación de consultar previamente a los habitantes de Homún, garantizado en todo momento su libertad y su acceso a información.

Para entender lo que implica el derecho a la consulta, consideremos lo dicho por la CNDH al respecto: “el derecho a la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de programas, proyectos, reformas o medicaciones legislativas, acciones de Estado y afectación de las tierras y territorios, que impacte los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos” (6.

La solución del gobierno de Yucatán para evitar este proceso es tan increíble como ofensiva: en primer lugar, el secretario local de desarrollo urbano medio ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, avaló una Manifestación de Impacto Ambiental donde se estipula que “en el desarrollo del proyecto no se impactarán pueblos indígenas, ya que no se encuentra ningún pueblo indígena en el área de la zona” (7. Dos son las lecturas que se ha dado a este documento. La primera es que, al menos para el gobierno de Yucatán, Homún dejó de ser maya de la noche a la mañana y por decreto. La segunda es que la zona de impacto proyectada, al igual que la Manifestación de Impacto Ambiental de la que forma parte habría sido movida discrecionalmente y de forma tramposa. Cualquiera que sea el caso, el resultado es inaceptable.

Otra línea de defensa de la Seduma ha sido que, dado que no exististe una ley formal de consulta, no está reglamentado cómo debe implementarse este mecanismo. Sin embargo, tal como lo han reiterado la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, la ausencia de una ley de consulta no exime al Estado de su obligación de consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre cualquier medida que pueda afectarles -sean parques de energías renovables, granjas porcícolas o cualquier otro proyecto-, pues esta obligación se deriva del Convenio 169 de la OIT, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros tratados internacionales (8.

Ante este atropello evidente, la comunidad de Homún se organizó y realizó su propia consulta, con un resultado de 700 votos contra la granja y 50 a favor. No es ninguna sorpresa que esta consulta haya sido desoída por el Estado. Pero el atropello en este sentido no termina ahí. Tal como ha documentado el doctor Rodrigo Llanes, reconocido académico Yucateco especialista en estos temas, existe un juicio federal abierto donde un grupo de habitantes de Homún ha exigido que, con base en la ley y como ha ocurrido en otros casos, se le reconozca a Homún el resultado del ejercicio de su proceso de consulta. No hay pretexto para no hacerlo, pues la propia Relatora Especial de la ONU ha recomendado al Estado mexicano que reconozca este tipo de iniciativas que vienen de las propias comunidades. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, este juicio sigue sin resolverse.

Atropello 3

Pero el caso Homún no termina ahí. Apenas el martes pasado, José Lafontaine Hamui, delegado de la Profepa en Yucatán, Informó que esta delegación denunciará penalmente a un grupo de personas de esa comunidad que intentaron evitar la clausura discrecional de su fuente de ingresos por “al menos cinco delitos federales: motín, resistencia a particulares, privación de la libertad, robo de documentación confidencial y daño a la propiedad pública por las camionetas lapidadas” (9.

Estas acusaciones son tan graves como mal intencionadas, y se derivan de la organización de la comunidad de Homún y de su negativa a aceptar pasivamente su atropellamiento. En este sentido, antes de dar continuidad a su exabrupto amenazante, la Profepa haría bien en recordar el caso de las tres vendedoras ambulantes indígenas queretanas que, en 2006, fueron acusadas falsamente de secuestrar estos policías -sí, tres mujeres desarmadas acusadas de “secuestrar” a seis individuos con entrenamiento y armados-. El motivo: se defendieron de seis agentes de la AFI que intentaban extorsionarlas. Eventualmente, el caso cayó por su propio peso y el procurador general de la república se vio obligado a disculparse públicamente con las mujeres acusadas falsamente (10.

Este tipo de amenazas contra poblaciones indígenas no son inusuales. De acuerdo con el reciente informe temático de la Relatora de ONU, existe: “un patrón de abuso” y, “a menudo el sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”. El patrón tiene etapas claras: “El primer paso es típicamente las campañas de difamación y los discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ‘obstáculos para el desarrollo…luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados” (11.

Cualquiera que sea el desenlace de lo dicho por el delegado de la Profepa en Yucatán, la sola expresión de su dicho representa, en los hechos, la reproducción de este patrón de abuso y una grave amenaza directa a la población de Homún -hablamos de una acusación por delitos federales graves- y, por ende, un espaldarazo a la granja de PAPO.

Tierra de atropellos: AMLO, Vila y un futuro incierto

La intervención parcial del Estado en el caso Homún dista mucho de ser un caso aislado. Detrás de la imagen de Yucatán como imán de grandes inversiones, y de la burbuja artificial de prosperidad que se ha construido y anunciado como estandarte del progreso en el norte de Mérida, se esconden atropellos derivados, principalmente, de una serie megaproyectos que suelen ser anunciados con bombo y platillo. Ejemplos de ello son los casos de la siembra de alimentos transgénicos, los parques de energía eólica o solares -que, a pesar de generar energías renovables terminan afectando el ecosistema y dañando a poblaciones completas-, o los grandes desarrollos comerciales.

Si bien cada caso tiene sus particularidades, hay una lógica común que es una y la misma: proyectos respaldados por “estudios” falsos o viciados de origen, privación del derecho a consulta a comunidades mayas y el uso del Estado para chantajear o intimidar a las personas que habitan esas poblaciones con el fin de que claudiquen en la defensa de sus derechos y que agachen la cabeza ante los grandes corporativos. Considerando el historial de esta serie de atropellos y humillaciones, es apenas entendible que en las regiones donde se instalan los megaproyectos exista un conflicto social latente.

Guste o no, este es el estado de cosas que dejará a sus espaldas la mancuerna priista conformada por el gobernador Rolando Zapata y por el Presidente Enrique Peña Nieto. La responsabilidad de contener y revertir este conflicto social recaerá en Mauricio Vila (PAN), el nuevo gobernador de Yucatán, y en Andrés Manuel López Obrador (Morena). En este sentido, gran parte de la responsabilidad recaerá en el ex panista Joaquín Díaz Mena, quien será próximo “súper delegado” del gobierno federal en ese estado y, naturalmente, el Morenista de más alto rango en Yucatán.

El caso de Homún no sólo ha puesto la lupa en uno de los formatos más graves de opresión hacia el pueblo maya. También ha mostrado, con una claridad sorprendente, la forma en que las comunidades mayas empiezan a plantarse organizadamente ante estos atropellos. Y también el interés y respaldo que esta organización puede generar. Y es que Homún ha logrado, probablemente gracias a su visibilidad, un apoyo notable de una parte significativa de los habitantes de Yucatán. Ante la inusitada mezcla de organización y de respaldo, mal harían Vila, AMLO y Díaz Mena continuar la secuencia de atropellos que les legarán sus antecesores.

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1. https://sites.northwestern.edu/monroyrios/granja_homun/
2. http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/article/view/65849/57802
3. https://www.animalpolitico.com/2018/02/autorizan-irregularidades-mega-granja-49-mil-cerdos-la-reserva-cenotes-homun-yucatan/
4. http://www.yucatan.com.mx/yucatan/apoyo-juridico-a-gente-de-homun
5. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082437.pdf
6. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/03-Pueblos-Comunidades-indigenas.pdf
7. https://www.proceso.com.mx/510531/comunidad-yucateca-exige-frenar-la-instalacion-una-mega-granja-porcicola-en-area-protegida
8. https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/PueblosIndgenas_UnaMirada_2017.pdf
9. http://www.yucatan.com.mx/yucatan/la-profepa-acusara-a-los-de-homun
10. http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157261
11. http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/entrevistas-y-prensa/246-global-crisis

Antonio Salgado Borge

https://www.sinembargo.mx/author/antoniosalgado/

Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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