Expertos de países miembros de la OCDE dijeron hoy, en el Senado, que su Ley para evadir la corrupción no va a funcionar.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Expertos nacionales e internacionales invitados por el Senado de la República expusieron la necesidad de que al elaborar una legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción establezca medidas para evitar actos de simulación, como el hecho de que personajes políticos juzguen casos de corrupción de otros políticos, como ha sido la constante en el sistema mexicano.
La Comisión de Gobernación del Senado analiza los principales factores que deberán tomar en cuenta cuando redacten y voten el Sistema Nacional Anticorrupción, en este marco, legisladores escucharon recomendaciones de algunos países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de analistas nacionales.
“Si son los políticos los que a su vez van a juzgar a los políticos, entonces el sistema nacerá muerto”, dijo José Roldán Xopa, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Es lo que está pasando en los últimos días con estos escándalos que se dan en parte de la opinión pública, en donde los mecanismos fallan cuando nos encontramos ante órganos de procuración de justicia en donde la sociedad duda de su objetividad e imparcialidad”, agregó.
En el Seminario para Promover la Integridad y Evadir la Corrupción se observó que para los expertos de la OCDE no es desconocido el discurso común que habla de la urgencia de cambiar la cultura social de la corrupción en México.
Luiz de Mello, subdirector en el área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, aseveró que este cambio de cultura no es exclusivo de la sociedad, sino que también es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno y sus distintas dependencias.
“Hay muchos elementos que contribuyen a este cambio de cultura y de paradigma contra la corrupción, se mencionó, por ejemplo, establecer códigos de conducta de ética, cuestiones que tienen que ver con cambios en recursos humanos, en las competencias que requiere este nuevo paradigma en el sector público, control efectivo en el gobierno, en fin”, explicó.
Sin embargo, también mencionó que este cambio de cultura debe estar acompañado, no de una sola reforma anticorrupción, sino de un cuadro más amplio de reformas o un paquete de reformas que permitan atacar el problema desde distintas ópticas.
Esto, con el objetivo de evitar la captura de la política pública por parte de los políticos, ya que las nuevas reglas tendrán que ver con informar las decisiones y también con contrarrestar las vulnerabilidades en la propia norma.
“Evitar la captura de las políticas públicas. Es imaginar sistemas de instituciones, herramientas, procedimientos, arquitecturas institucionales. Y hay dos aspectos en este esfuerzo, uno tiene que tiene que ver con informar las decisiones [la transparencia de la información], y el segundo tiene que ver con identificar y contrarrestar vulnerabilidades”, explicó.
Esto, de la misma forma que el combate al crimen organizado no es solo establecer penas más punitivas, sino observarlas desde el ámbito social, por ejemplo.
La reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción establece que el Poder Legislativo deberá aprobar en no más de un año la ley general que establecerá el reglamento de coordinación del Sistema y creará un marco general para la lucha contra la corrupción en México.
También se pretende que el Sistema Nacional Anticorrupción fortalezca las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para realizar auditorías en “tiempo-real” sin tener que esperar el final del año fiscal.
Adicionalmente, crea el Tribunal de Justicia Administrativa, que aplicará sanciones para delitos administrativos graves, entre otras novedades de la reforma.
En este punto, Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), consideró que no solo debe buscar mejorar la estructura organizacional de las dependencias públicas, sino hacer cambios de raíz desde la misma generación de información pública, así como establecer objetivos y parámetros en cada una de las decisiones gubernamentales.
Afirmó que la falta de claridad en el diseño de presupuestos y políticas públicas representan la mayor carga de dificultad técnica que enfrenta cualquier sistema de evaluación. Sostuvo, incluso, que el Congreso federal es uno de los principales responsables en establecer esta serie de obstáculos.
Recalcó que México tiene un claro déficit en materia de claridad del mandato presupuestario, porque la Cámara de Diputados nunca especifica en los presupuestos anuales objetivos puntuales, con indicadores puntuales y con mandatos, que puedan ser evaluables a lo largo del tiempo.
“Buena parte del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y con esto me refiero a casi la mitad del presupuesto aprobado al principio de un ejercicio fiscal, se modificará durante el mismo ejercicio fiscal, de tal manera que el pueblo de México cree que va a hacer realizado durante un año, en realidad se va modificando, de tal manera que la final del día es prácticamente imposible cumplir con la rendición de cuentas a cabalidad”, dijo.
Por eso, Mauricio Merino confió en que serán de gran ayuda las experiencias internacionales que podría proveer la OCDE, para que la Cámara de Diputados otorgue mandatos cada vez más claros y precisos a los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, sobré qué hacer y cómo gastar el dinero público.
El Seminario fue organizado por la Comisión de Gobernación del Senado y tuvo el propósito de compartir buenas prácticas de los países miembro de la OCDE para hacer el diseño institucional, para combatir la corrupción en México.
