Con el pretexto del fracaso de la Ronda 1, México relajó aún más la rendición de cuentas de empresas ligadas a violaciones a los derechos humanos, corrupción y daño ambiental.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– La organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) –que revisa la transparencia en las empresas– advirtió hoy que, ante la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, el Gobierno mexicano decidió flexibilizar los requisitos de rendición de cuentas de las compañías interesadas en la segunda licitación y, también, la participación del Estado mexicano en las ganancias.
“Se redujeron las utilidades operativas que le corresponderían al Estado mexicano de 40 por ciento al 30 por ciento, así como el monto de garantía de seriedad de la propuesta, y ahora se permite a las empresas realizar exploración además de extracción”, dijo Tamar Hayrikyan, investigadora independiente que leyó parte del reporte que realizó Poder sobre la industria energética en México.
“Además, se flexibilizó el contenido de los registros y se eliminó el requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones”, agregó.
La información fue presentada en conferencia de prensa, dos días antes de que se den a conocer los ganadores de la segunda licitación de la Ronda 1 de la Reforma Energética mexicana, en la que están interesadas, advirtieron, empresas con antecedentes de violaciones a todo tipo de normas.
“Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas –Shell, BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal–. Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico”, advirtió Hayrikyan.
Poder denunció en un análisis que las cinco empresas que participarán el miércoles en la segunda licitación de la Ronda Uno por nueve áreas en aguas poco profundas han incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos, corrupción y afectaciones al medioambiente, que incluso han causado muertes.
Las empresas analizadas fueron las multinacionales Shell, British Petroleum y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Bal, pertenecientes a los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères. Son compañías que se encuentran dentro del ranking de las dos mil más grandes del mundo.
De acuerdo con la investigación, ocho años antes de que México abriera las puertas a inversión privada en actividades de producción y exploración de hidrocarburos, la estadounidense Chevron contaba ya con una unidad de exploración y producción en el país. Además, la petrolera ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados.
Por su parte, Shell ha sido acusada por Petróleos Mexicanos por la compra de hidrocarburo de tomas clandestinas en la cuenca de Burgos, y BP, en una inversión conjunta con Pemex, planea la construcción de un gasoducto en el Istmo de Tehuantepec que conectará el Atlántico con el Pacífico, dice Poder.
Asimismo, Grupo Carso y Grupo Bal, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, fungen como punto de entrada de capitales extranjeros al mercado energético mexicano, y a partir de la Reforma Energética han creado empresas especializadas para competir en el mercado.
El informe de Poder también identificó que esas cinco compañían tienen como accionistas a gobiernos como China, Qatar, Kuwait o Corea del Sur, mediante la figura de “fondos soberanos de inversión”, es decir, recursos públicos que se invierten en los mercados financieros.
Ante los datos, la organización civil demandó que México cuente con un marco regulatorio e instituciones fuertes en materia de transparencia y rendición de cuentas empresarial que regule adecuadamente las operaciones de esas empresas, que dote a comunidades y ciudadanía de mecanismos para defender sus derechos, y vigilar el desempeño de las empresas en el aprovechamiento del petróleo nacional.
Poder enfatiza que a pesar de los antecedentes de las empresas interesadas, el gobierno mexicano ha flexibilizado los requisitos contenidos en las bases de la segunda licitación de la Ronda Uno, luego de que en la primera licitación la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sólo adjudicó dos de 14 bloques ofertados al consorcio conformado por la mexicana Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil.
DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Omar Escamilla, investigador de Poder, expuso en conferencia de prensa que Shell, Chevron y BP han causado los peores desastres ambientales de la historia y acumulan la suma de 20 mil 332 millones de dólares por concepto de multas.
En el 2012 BP se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos el de negligencia, por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon que realizaba trabajos de perforación en el Golfo de México, lo que causó la muerte de 11 trabajadores.
Por este accidente, el pozo Macondo estuvo incendiado 87 días y se derramaron 4 millones de barriles de petróleo, lo que generó el peor derrame de crudo en el Golfo de México.
En tanto, en 2011 tribunales de Ecuador encontraron culpable a Chevron por contaminar más de 400 mil hectáreas y por haber vertido aproximadamente 72 mil millones de litros de agua sucia en el medioambiente.
Por su parte, en 2005 la Unidad Minera Sabinas del Grupo Industrias Peñoles (de Grupo Bal) derramó mil metros cúbicos de substancias con metales pesados y químicos en el arroyo El Canutillo, en el municipio del Sombrerete, Zacatecas.
IMPLICADOS EN CORRUPCIÓN
El análisis de Poder también arroja que estas cinco empresas están vinculadas a casos de corrupción, graves violaciones de derechos humanos, paramilitarismo y otros daños sociales y medioambientales.
En cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte de estas empresas, Poder detectó que en la década de los noventa se formó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) que se oponía a las operaciones de Shell en Nigeria.
En 1995 el Ejército ejecutó a varios líderes del MOSOP, entre ellos Ken Saro-Wiwa, que se habían manifestado contra las operaciones de dicha empresa. Esto provocó que se presentaran dos demandas en Estados Unidos en las que se acusaba a Shell de participar en las ejecuciones de activistas.
En mayo de 2015, el líder sindical de Colombia, Gilberto Torres, demandó a BP por su presunta participación en el secuestro y tortura de trabajadores que se manifestaron por mejores condiciones laborales.
De acuerdo a las declaraciones de Torres, BP estuvo pagando 100 millones de pesos colombianos mensuales a grupos paramilitares a cambio de protección contra las comunidades y los trabajadores opositores a sus actividades durante el tiempo que operó en aquel país.
En Nigeria se señala a Chevron por facilitar en 1998 instalaciones al ejército para reprimir una manifestación pacífica en la plataforma Parabe, donde dos manifestantes murieron y 30 fueron heridos por arma de fuego. Las ventas que reportan estas empresas equivalen al 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México y sus reservas de barriles de petróleo son superiores a las que tiene el país.
Su capacidad de incidencia es tal que pueden destinar cantidades millonarias para la formulación de políticas públicas en Estados Unidos o posicionar a directivos en cargos de la Casa Blanca, por señalar algunos casos.
