El proceso penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha dado un giro significativo. Este tema, lejos de estar en la agenda local, tiene repercusiones nacionales porque es una emblemática figura de los gobernadores de nueva generación que presumió Peña Nieto en su momento.

Eso por una parte. Por otra, y esto es muy importante, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, está haciendo caravana con sombrero ajeno, ahora que se decretó la excepción al principio de especialidad que rige al Tratado de Extradición de México con Estados Unidos, lo que viene a facilitar que a la causa que se le seguía hasta hace unos días, se puedan sumar otras que se abrieron durante el gobierno de Javier Corral.

Esto significa que Duarte, previsiblemente, permanecería en prisión justo al momento en el que todo apuntaba hacia un desenlace de inminente liberación y capitulación de este ominoso escándalo de corrupción política.

La gobernadora ha dicho, para hacer el balance de la nueva circunstancia, que está en la línea de que “no habrá ni perdón ni olvido”, que leído localmente significa que así como va contra Duarte, irá contra el gobierno de su propio partido que la antecedió en el cargo, con lo que pretende consolidar un giro para salvarse ella misma de su participación en la corrupción duartista.

En un tribunal de Chihuahua está suspendida la causa penal que se le sigue a la gobernadora, a consecuencia del fuero constitucional del que goza, pero terminado este, el encauzamiento puede continuar.

Como se ve, el caso presenta variadas aristas y es muy espinoso su manejo por la clase política en general, en particular la local, que se apresta hacia la elección de 2024 para refrendar su poder, y de contrabando, su autoprotección.

Tiene pertinencia recordar en este momento que la lucha anticorrupción contra César Duarte se inició desde abajo y con un alto perfil de lucha cívica y ciudadana. Unión Ciudadana generó la primera y más importante denuncia penal contra Duarte ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) un 23 de septiembre de 2014. La denuncia desató y vertebró una profunda lucha que a la postre derrotó al PRI en el estado, y lo mantiene prácticamente como un partido agonizante, hoy aliado de la gobernadora Campos Galván.

Esa denuncia penal fue el medio para dar a conocer un enriquecimiento ilícito e inexplicable del entonces gobernador Duarte, quien invirtió 60 millones de pesos, a nombre propio y de su esposa, en un fideicomiso ante Banorte, para comprar acciones y controlar un banco en proceso de creación (Unión Progreso, hoy Bankaool). Duarte jamás pudo acreditar la legal procedencia de ese dinero, y quedó a debate si era de origen ilícito o simplemente una disposición ilegal del patrimonio público.

También se le acusó de peculado y sobraron probanzas para incriminarlo. Pero ni la antigua PGR, con Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán, ni la fiscalía actual en manos de Alejandro Gertz Manero, han procedido con el rigor legal que el caso amerita, como las pruebas, abundantes, lo demuestran.

Se trata de un expediente bien documentado (AP/PGR/UEAF/001/2014-09) que duerme el sueño de los justos, porque al parecer en este país sólo se da prioridad a los que se promueven entre símiles, por integrantes de la clase política, y que es un pecado insuperable cuando son ciudadanos los que hacen el reclamo en ejercicio de sus derechos y en defensa del patrimonio público.

Hay que decir, además, que el mismo expediente a que he hecho referencia, está hoy en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y a pesar de ello, ahora que se aplica con flexibilidad el Tratado de Extradición, no figura entre las nueva causas penales que se le imputan a César Duarte.

Quizás la razón adicional, y muy poderosa, es que se involucra la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Jaime González Aguadé en los momentos de la denuncia de 2014. También al sucio entramado de la construcción de un banco soportado en las finanzas públicas de Chihuahua, con la cómplice participación del creador del banco, Jaime Ramón Herrera, indebidamente testigo protegido de Javier Corral, y que a su vez ocupó la Secretaría de Hacienda con Duarte y abrió la llave para el financiamiento corrupto e ilegal de la Unión de Crédito Progresa, que pretendía ser el banco del entonces gobernador.

Es cierto que ahora Duarte ha tropezado con nuevas causas penales, como cierto es, y todavía más grave, que la principal denuncia no haya transitado en diez años hacia un juzgado para que se esclarezcan, conforme a derecho, las graves imputaciones al exgobernador, que se formularon desde la sociedad, cuando las instituciones, ayer como hoy, guardan silencio.

Jaime García Chávez

https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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