Los resultados de esta política sirven a dos gobiernos obsesionados con reducir los flujos migratorios para cumplir las exigencias de Trump, cuya amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas se mantiene sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obligándole a presentar resultados con rapidez.
Pese a que el programa conocido como “Permanecer en México” solo está dirigido a quienes solicitan asilo, algunos de los que esperan en las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo dicen que nunca lo pidieron.
Nuevo Laredo, México, 28 de agosto (AP) — El programa lanzado por Donald Trump para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su proceso en México se ha convertido en una vía para rechazar indiscriminadamente a todo tipo de migrantes que llegan al sur de Texas, mientras ambos países trabajan de forma silenciosa para mantenerlos fuera del territorio estadounidense aunque eso ponga en peligro su seguridad.
Los resultados de esta política sirven a dos gobiernos obsesionados con reducir los flujos migratorios para cumplir las exigencias de Trump, cuya amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas se mantiene sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obligándole a presentar resultados con rapidez.
Pese a que el programa conocido como “Permanecer en México” solo está dirigido a quienes solicitan asilo, algunos de los que esperan en las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo dicen que nunca lo pidieron. Uno de ellos es Wilfredo Álvarez, un albañil hondureño que cruzó ilegalmente por el río con la intención de buscar un trabajo y poder ayudar a los 7 hijos que dejó en su país. Según dice, le pusieron delante los papeles del programa y fue devuelto con la cita para el juez.
“Pensábamos que si nos agarraban nos deportarían a nuestro país, pero no fue así”, lamenta. “Nos tiraron para acá pero no somos de aquí y se nos hace muy difícil, usted sabe cómo es México”.
Otros aseguran que nadie les preguntó si temían ser perseguidos o acosados en México, aunque las leyes estadounidenses establecen que los migrantes no pueden ser enviados a un país si eso les pone en riesgo.
Las autoridades estadounidenses están dando a cada migrante que devuelven a México una fecha para la audiencia ante un juez que comenzarán a realizarse en septiembre mediante videoconferencias en unas carpas que se están instalando en Laredo y Brownsville, en Texas. Sin embargo, las autoridades mexicanas han trasladado a cientos de esos migrantes desde Nuevo Laredo y Matamoros hasta otras ciudades más al sur, algunas a más de mil 600 kilómetros de distancia, con el argumento de garantizar su seguridad.
Y nada hace pensar que el gobierno mexicano vaya a colaborar en regresarlos a la frontera norte para acudir a sus citas. Al contrario, las autoridades mantienen los ofrecimientos para trasladarlos a la frontera sur y ante este escenario, algunos centroamericanos que se sienten engañados y sin alternativas, han decidido costear sus propios viajes de regreso a casa. ecec
Un pastor evangélico que ayuda a los migrantes en Nuevo Laredo calificó todo este plan como una forma de llevar a cabo “deportaciones encubiertas”.
“Es una forma de enviarles a un país que no es el de ellos y evitarse gastos”, afirmó Aarón Méndez. “Y México no dijo ‘no me los mandes’”.
Dos semanas después de hablar con The Associated Press, Méndez fue sacado por hombres armados del albergue que dirigía. No se ha vuelto a saber de él.
El “Protocolo de Protección a Migrantes”, el nombre oficial del programa conocido popularmente como “Permanecer en México” y lanzado para desmotivar a los solicitantes de asilo, se puso en marcha en enero en Tijuana y a mediados de julio se amplió al este de la frontera, lo cual marcó un punto de inflexión.
Al norte del Río Bravo, en el sur de Texas, se encuentra el área en la que la Patrulla Fronteriza realiza el mayor número de detenciones de migrantes. Del lado mexicano está Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México, con altos niveles de corrupción y actividad del crimen organizado, y el único de toda la frontera donde el gobierno estadounidense pide a sus ciudadanos que no pongan el pie.
Estados Unidos afirma que ya han sido devueltos a México al menos 32.000 solicitantes de asilo acogidos al nuevo programa. Sólo en Nuevo Laredo, las autoridades locales estiman que han regresado a unos 5.500; en Matamoros, la cifra es de unos 3.000.
La gran mayoría de los migrantes que han sido devueltos a esas dos ciudades fronterizas cruzaron ilegalmente a Estados Unidos y aseguran que las autoridades estadounidenses les dijeron que México les proporcionaría alojamiento, comida y servicios básicos. La realidad es que la mayoría se quedó con las manos vacías y sin saber qué hacer ni a dónde ir. “Tirados”, es la palabra que todos usan.
Más de una docena de personas dijeron a The Associated Press que las autoridades estadounidenses no les solicitaron nada de información sobre sus casos.
“Solo nos pidieron el nombre, la huella y para fuera”, se quejaba Blanca, una guatemalteca que pidió omitir su apellido por miedo y fue retornada a Nuevo Laredo con 15 familiares en julio.
Ella se disponía explicar a los estadounidenses que unos pandilleros mataron a su hermana y por eso tuvieron que huir. Llevaba documentos para probarlo, pero a nadie le importaron. “Ni siquiera pudimos sacarlos”.
Jodi Goodwin, abogada de Harlingen, Texas, ha asumido de forma gratuita los casos de 11 personas que esperan en Matamoros, incluidas tres familias y una peruana embarazada. Ella se reúne con sus clientes en el puente internacional donde decenas de hombres, mujeres y niños se acumulan día tras día en un improvisado campamento con cada vez peores condiciones de salubridad.
El domingo pasado, la abogada logró convencer a los agentes fronterizos de que permitieran el paso de la embarazada y de una mujer que iba con un niño con síndrome de Down. Un día después, los tres estaban de regreso en México.
En Reynosa, otra ciudad fronteriza en Tamaulipas, la abogada de derechos humanos Jennifer Harbury trabaja con colegas mexicanos para ayudar a los migrantes a conseguir medidas cautelares de protección. En una reciente entrada en su página de Facebook decía que aunque un día esperaba atender unas 200 solicitudes, fueron 500 personas las que pidieron su ayuda.
“Cuando me fui, la gente se enganchaba de mis brazos, rogándome que les ayudara”, escribió.
El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó esta semana en un mensaje escrito a la AP de que “existe un panorama cada vez más preocupante” en la frontera noreste del país ante la acumulación de migrantes que carecen de información sobre su situación y las opciones de transporte así como de servicios básicos de salud y de protección. Afirmó estar ya en contacto y en coordinación con autoridades y otras organizaciones internacionales para atender la situación.
“Cuando bajaban de los autobuses se dispersaban como perdidos sin que nadie les diera ninguna explicación”, describió Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), sobre una reciente visita a la frontera sur mexicana en la que presenció la llegada de algunos autobuses con migrantes acogidos al programa.
Isacson considera que será “virtualmente imposible” para muchos de ellos regresar a Estados Unidos para continuar con su proceso de asilo. Y si un inmigrante no se presenta a su audiencia, el juez puede emitir una orden que impida a esa persona volver a pisar el país en 10 años.
Reducir las aprehensiones en la frontera con México era un objetivo vital para que el Presidente Trump pudiera demostrar que sus políticas están funcionando. La Patrulla Fronteriza detuvo en julio a 72 mil personas frente a las 95 mil de junio y las 133 mil de mayo. No se sabe qué parte de esta reducción se debe al programa y cuánto al endurecimiento de los controles puestos en marcha por México para detectar migrantes en su territorio.
Isacson cree que el gobierno mexicano, empezando por el canciller Marcelo Ebrard, confiaba en que el programa “Permanecer en México” sería paralizado por los tribunales estadounidenses y no llegarían tantos retornados. Pero la realidad ha sido otra: el programa se ha convertido en una las principales herramientas de la administración Trump para mantener a los migrantes al sur de la frontera estadounidense. “Les dieron la mano y se tomaron el brazo”, afirmó Isacson.
Para el pastor evangélico que todavía sigue desparecido, el motivo es claro.
“Lo que quiere Estados Unidos es deshacerse de los centroamericanos de manera legal”, dijo Aaron Méndez. “Y lo hace dándoles esos documentos”.
