“El derrumbe” de la Reforma Educativa –como lo llamó Elba Esther Gordillo hace unos días–, sepultó compromisos fundamentales firmados en campaña por el Presidente Enrique Peña Nieto ante Notario Público. Concentrado en impulsar las modificaciones al Servicio Profesional Docente que implicaba la evaluación de los maestros, con un gasto multimillonario en publicidad, el Gobierno dejó para después ofrecimientos clave en materia de educación. De los 18 que corresponden a ese ámbito, siete de ellos –todos los que concernían al nivel nacional– se quedarán como promesas en el aire. “Escuelas dignas en las comunidades rurales de México” es uno de ellos.
Ahora, ¿qué interrumpió el cumplimiento de Peña Nieto? Hoy, como al inicio de su Gobierno, los observadores coinciden en que el freno se lo impuso él mismo al no empeñarse en una política de combate a la corrupción antes de cualquier otra reforma. El compromiso número uno del Primer Mandatario era la creación de una comisión anticorrupción. Ni siquiera le puso la primera piedra. Hoy es un simple recuerdo, una mera evocación mientras se hunde lo que fue su barco insignia: el nuevo modelo educativo.
Por Antonio Hernández y Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El Palacio Nacional fue el escenario del círculo de un fracaso. En el mismo sitio donde, con alegría, promulgó la Reforma Educativa, el Presidente Enrique Peña Nieto vio cómo se hundió.
Era febrero de 2013. El Presidente completaba ese mediodía dos meses en el Gobierno. Se puso de pie, sonriente, franqueado por todos los miembros de su Gabinete. Promulgó entonces la primera Ley de la Reforma Educativa. “Este es un cambio de fondo que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas; así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana”, dijo.
Hubo una foto final: los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión, los presidentes de los partidos políticos y el entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor. Detrás de ellos, el logo del Pacto por México, el convenio logrado con la oposición en aras de lograr cambios estructurales. Pero en la gráfica faltaba uno de los rostros emblemáticos de la Educación mexicana, la de la lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
Ni siquiera acudió a la cita histórica. Horas después, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam daba a conocer que había sido detenida en el Aeropuerto de Toluca, cuando venía procedente de San Diego, California, por presunto lavado de dinero.
Seis años después, los mismos personajes volvieron a tomar la escena pública. Pero tienen otro destino. El 20 de agosto de 2018, el Presidente Enrique Peña Nieto apareció en el mismo sitio, rodeado de varios integrantes de su equipo de trabajo. Ya no estaba el logo del Pacto por México detrás de sí. La escena fue para admitir que su barco insignia, la Reforma Educativa, se había hundido.
A su lado, Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, anunció: “En tiempo y forma nosotros presentaremos las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto, con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias, pero se cancelará la actual reforma”.
Elba Esther Gordillo cumplía diez días de haber sido exonerada por un juez federal de todo delito. Horas antes, citó a los periodistas. Así, centro otra vez del debate nacional, celebró “el derrumbe” de la Reforma Educativa y apoyó al futuro Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
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El “derrumbe” de la Reforma Educativa –como llamó a esa escena, Elba Esther Gordillo– dejará grandes pendientes en la educación mexicana. Concentrado en el impulso de un nuevo modelo educativo cuya base era la modificación del marco jurídico del Servicio Profesional Docente (Evaluación para todos los maestros), los compromisos firmados en campaña ante Notario Público por el Presidente Enrique Peña Nieto respecto a la Educación, quedaron de lado y en el rezago.
De 266 promesas, 18 corresponden a ese ámbito. Pero, a unos meses de que entregue la Administración, siete de ellos no están cumplidos.
Una decena de las promesas de campaña que hizo el político mexiquense tenía un impacto a nivel estatal. Seis fueron para los habitantes de estados históricamente priistas: Coahuila, Estado de México e Hidalgo que no han conocido la alternancia; uno más fue para Quintana Roo, que cuando Peña Nieto competía para llegar a Los Pinos tampoco había conocido otro Gobierno que no fuera PRI, y el resto fueron para entidades con arraigo panista como Guanajuato, Querétaro y Baja California.
Todos esos compromisos con impacto local fueron cumplidos.
Por el contrario, las promesas que Peña Nieto no concretó son las que tendrían alcance a nivel nacional; es decir, justo los que eran tocados por la Reforma Educativa.
El primero de ellos refería que habría “Escuelas dignas”, lo que significaba “luz, agua, baños, mobiliario, equipo e instalaciones en buen estado para las escuelas de todas las comunidades indígenas del país”. Seis años después, la falta de esos servicios aún es un tópico en las aulas de los sitios remotos de la República mexicana.
El mismo Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), reformado en la gestión peñanietista, alertó sobre la falta de infraestructura en los centros de estudio a donde acuden los estudiantes de los pueblos originarios, en su estudio “Evaluación de la política educativa dirigida a la población indígena en educación básica”, publicado en octubre de 2017. “(Aún se encuentran) escuelas construidas con materiales precarios, sin los espacios suficientes y necesarios, hasta la falta de equipamiento y servicios para el funcionamiento del centro educativo como luz eléctrica, agua, teléfono, equipos de cómputo y acceso a internet”, se lee en el documento.
Otro de los compromisos fue el 12 en el que se proponía “alcanzar la cobertura universal en educación media superior”. Hasta marzo pasado se había alcanzado el 82 por ciento, de acuerdo con declaraciones de la subsecretaria de Educación Media Superior, Sylvia Ortega Salazar. Pero Manuel Gil Antón, miembro del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, sostiene que el concepto de universalización es equivoco porque en estricto sentido significa que todos los jóvenes van a estar en la educación superior”, cuando realmente no es así pues aún existe la deserción en educación básica.
Estudioso emblemático de la Educación en México, explica que los esfuerzos de la administración federal se tenían que haber centrado en que “no hubiera merma en Secundaria y Primaria” y en evitar la deserción en la educación media, donde anualmente entre 600 mil y 700 mil jóvenes de entre 15 a 17 años abandonan las aulas del bachillerato, de acuerdo con el INEE.
De la mano de esta promesa iba el punto 39, en el que Peña Nieto garantizaba que en su gestión se iba a “aumentar al menos a 45 por ciento la cobertura en educación superior”. No ocurrió así: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) dio a conocer a la próximo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador que la matrícula universitaria es de poco más de cuatro millones 244 mil 401 millones de estudiantes, una tasa de 35.8 por ciento de la población con edad promedio para asistir a la universidad (entre los 18 y 22 años).
Otros compromisos sin cumplir y con alcance nacional fueron los 45 y 89 contemplaba la entrega de laptops con internet para alumnos de escuelas públicas que cursaran el quinto y sexto grado de primaria. La implementación de la propuesta formó parte del Programa de Alfabetización e Inclusión Digital (PIAD) y derivó en un fracaso evidenciado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Desde 2013 el Gobierno federal entregó 240 mil computadoras portátiles en Colima, Sonora y Tabasco, como parte del programa MiCompu.MX. El órgano fiscalizador encontró que las laptops se usaron una vez por semana, que estaban descompuestas, que las escuelas carecían de enchufes suficientes para cargarlas y que la Secretaría de Educación Pública no demostró los beneficios derivados de su uso y tampoco justificó por qué eligió beneficiar a esas entidades. A la postre, se entregaron tabletas electrónicas, programa al que el la ASF encontró irregularidades.
Otros de los compromisos estrella, el 59, era alcanzar al menos 40 mil Escuelas de Tiempo Completo en Educación Básica. De acuerdo con el mismo Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán (en artículos periodísticos en los que defiende a la Reforma) hay poco más de 25 mil. El compromiso 85 que planteaba “adecuar instalaciones de escuelas públicas y capacitar a los maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza–aprendizaje” tampoco se realizó.
¿POR QUÉ NO CUMPLIÓ PEÑA NIETO?
El hombre con el que el Partido Revolucionario Institucional regresó a Los Pinos, después de dos Gobiernos emanados del Partido Acción Nacional arrancó su Gobierno con la promulgación de la Reforma Educativa con la que echó a andar el andamiaje de otras once enmiendas constitucionales. En paralelo, lanzó un Plan Nacional de Desarrollo con sólo tres párrafos sobre cómo se proponía combatir a la corrupción. Una combinación que para el politólogo Eduardo Huchim no podría aterrizar en logros. “Peña Nieto debió, antes que nada, impulsar la creación de la comisión anticorrupción. La falta de ese órgano fue lo que afectó el fluir de su Gobierno”.
De hecho, la lista de compromisos ante Notario Público de EPN arrancaba con la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que no fue conformada. Después de un año de letargo en el Congreso de la Unión, el 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República aprobó su instalación en sustitución de la Secretaría de la Función Pública. Estaba planeada para ser autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En noviembre de 2014, habían pasado 24 meses del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y no había una institución que combatiera la corrupción. La Secretaría de la Función Pública –otrora insignia de las políticas contra el crecido cáncer– aguardaba su desaparición, despojada de todos los órganos de control interno con los que alguna vez contó, y acéfala en su titularidad.
En su Segundo Informe, apenas mencionó la palabra una vez y la noche del 19 de agosto, en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.
Y fue entonces que una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias reveló que el Presidente poseía una mansión en la colonia Lomas de Chapultepec con un crédito con una tasa de interés más baja que en el mercado, otorgado por un contratista millonario del Gobierno, Juan Armando Hinojosa Cantú. Los escándalos vinieron en cascadas. El Presidente también tenía otra casa otorgada por la familia San Román. Además, como fichas de dominó, cayeron los Gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte y Quintana Roo, Roberto Borge.
El Gobierno no tenía nada listo en cuanto al combate a la corrupción. Pero parecía inalterable. En 2016, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo: “No hay diálogo respecto a ninguna reforma educativa, porque le está ayudando al país”. Aurelio Nuño Mayer, quien era titular de la SEP, advertía lo mismo, con palabras similares: “”La Reforma Educativa está aprobada y no tiene marcha atrás eso no está a discusión”.
En publicidad oficial y sólo para difundir la etapa 3 de la Reforma Educativa que concierne al fortalecimiento del desarrollo profesional docente (o la evaluación de los maestros mexicanos), la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la gestión de Aurelio Nuño Mayer, gastó 83.6 millones de pesos durante 2016, según una revisión de 79 contratos de esta Unidad de Datos en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y la página CompraSEP. De este dinero, la mayor parte se la llevó Televisa, con un convenio de 17 millones 241 mil 379 con 31 centavos. El segundo más grande fue dado a Estudios Azteca y fue de 12 millones 931 mil 34 pesos con 48 centavos. El tercero más abultado fue de ocho millones 620 mil 689 pesos con 66 centavos y lo recibió GRC Comunicaciones.
Para Abraham Isaac Vergara Contreras, coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, el gasto en Educación fue ineficiente, pero además, la economía mexicana no creció con suficiencia para que el Presidente pudiera aterrizar sus compromisos.
“Pasaron algunos desastres naturales que afectaron a estas promesas, pero otra parte está explicada por el mal manejo de los recursos, cuánto dinero no se gastaron en impulsar la Reforma Educativa, en hacerla valida a través del país, en la imagen de Aurelio Nuño [Ex Secretario de Educación Pública], en la imagen del mismo Presidente en lugar de aplicarse en dónde deberían y sobre todo en uno: en infraestructura, que las escuelas fueran de calidad, que los niños y jóvenes dejen de estar en condiciones no óptimas”, señala.
El politólogo Enrique Toussaint, de la Universidad de Guadalajara, defiende un punto: la corrupción en el Gobierno fue tan grande que acabó con todo. “El Presidente buscó proteger a su partido frente a los casos de corrupción y decía que eran manzanas podridas que no afectarían a su proyecto reformista. Pero la corrupción pasó a ser el principal problema del país. Entonces, los ciudadanos le dijeron adiós al debate sobre las reformas estructurales, la economía y los empleos”.
EL BARCO SE HUNDE CON COSTOS INOLVIDABLES
La evaluación de los docentes mexicanos se convirtió en la modificación más cara de las generadas en las reformas estructurales. Por lo menos en lo social. En septiembre de 2013, cuarenta mil maestros de la CNTE se apostaron en el Zócalo de la Ciudad de México para impedir la evaluación universal, ordenada por la Ley General del Servicio Profesional Docente. Iban a impedir que Peña Nieto diera su segundo Grito de Independencia. Pero fueron desalojados. El conflicto no cesó. Las marchas, los bloqueos, las manifestaciones, los plantones en torno al Monumento a la Revolución saturaron el panorama.
La paz jamás estalló. Al contrario. El 21 de julio de 2015, el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) para –según su plan gubernamental- modernizar al sistema educativo del estado. En la foto quedaron el Secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Juntos, dieron a conocer que se crearía un nuevo instituto de educación descentralizado, con personalidad jurídica y autonomía de gestión. El decreto que ordena la transformación amaneció publicado en el periódico oficial de la entidad.
En agosto de 2015, Aurelio Nuño Mayer fue nombrado Secretario de Educación Pública. No quiso el diálogo. Al contrario, anunció el despido de los maestros faltistas. Cumplió con la medida y centenares de profesores perdieron sus plazas, aunque muchos se mantienen bajo amparo legal.
La mañana del domingo 19, Nochixtlán, Oaxaca, ardió con ocho muertos, 55 policías heridos, 53 civiles lesionados y 21 detenidos después de que elementos de la Policía Federal desbarataron el bloqueo que los maestros tenían en la carretera del municipio, en la región mixteca.
Gil Antón señala que la administración peñanietista deja un sistema educativo “lastimado” por “un prejuicio” consistente en que los maestros eran parte del problema y no de la solución. Sin embargo, apunta a que no se trata solo de “derogar sin propuestas” y que la siguiente Administración tiene como reto plantear la posibilidad de un proyecto educativo en el que los profesores sean los “principales” actores.
Vergara Contreras, de la UIA, sostiene las críticas no sólo vinieron por parte de los profesores sino de la academia que “veían que la reforma no era lo que necesitaba el país y para eso gastaron millones en publicidad, para meterla, y para cumplir con los intereses políticos del Secretario de Educación [Aurelio Nuño] […]. Al final no funcionó, no fue ni candidato presidencial ni ganaron la Presidencia”. Sostiene que en la “defensa” de la Reforma Educativa, el Gobierno federal “se olvidó de lo prioritario: tener escuelas de calidad”.
El experto en finanzas apunta a que “tirar a la basura” la reforma educativa, con toda la inversión que se ha hecho, sería recaer en la “miopía política” que caracteriza a cada nuevo Gobierno en su afán de marcar distancia. “Estoy seguro de que en cada administración hay cosas que se pueden rescatar y a a partir de ahí empezar a sumar”.
Y aunque coincide en que se trató de una reforma laboral para los maestros, considera que se debería “hacer un gran cambio” que impulse “la calidad y cantidad académica” y que de no ser así, entonces lo ya hecho se convertirá en “un dinero echado al inodoro, y no es un dinero del Gobierno, es un dinero de los mexicanos que pagamos impuestos”.
