En la última actualización del Reporte “Es un Secreto”. La explotación sexual, que fue publicada este mes de julio, la la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia alertó que a tres años de que se dio a conocer el primer reporte sobre explotación sexual infantil, este delito no sólo no se ha logrado disminuir, sino que incrementó. Esto, debido a que en 2021 se registraron 18 escuelas en las que se presentaron casos de explotación sexual infantil, en siete entidades de la república mexicana y para este 2024, el número se elevó a 27, repartidas en 12 estados del país.
Ciudad de México, 28 julio (SinEmbargo).- Hasta este 2024, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó 27 casos de escuelas públicas y privadas en donde menores de edad fueron víctimas de explotación sexual, mismos que tuvieron lugar en 12 entidades del territorio mexicano. La organización acusa de omisión a la Secretaría de Educación Pública ante un delito que podría involucrar a la delincuencia organizada con fines de producción de pornografía infantil, como judicialemente se conoce.
En la última actualización del Reporte “Es un Secreto”. La explotación sexual infantil en escuelas, que fue publicada este mes de julio, la ODI alertó que a tres años de que se dio a conocer el primer reporte sobre explotación sexual infantil, este delito no sólo no se ha logrado disminuir, sino que, además, las víctimas del mismo, que tiene al interior de escuelas de educación básica, se han incrementaron.
Lo anterior, debido a que en 2021 se registraron 18 escuelas en las que se presentaron casos de explotación sexual infantil, en siete entidades de la república mexicana y para este 2024, el número se elevó a 27, repartidas en 12 estados del país. “Lo importante del informe y de su actualización, a mi juicio, son dos cosas, una es que está creciendo en el país la cantidad de denuncias de abuso sexual organizado en las escuelas”, dijo el doctor Manuel Gil, codenunciante del reporte, en entrevista con SinEmbargo.
“Es decir, no se trata de una persona que comete un abuso, delito, de esta naturaleza sino que en estas escuelas que ahora se reportan lo que se encuentra es un patrón en el cual el comportamiento es que un grupo de varias personas, de varios adultos hacen… llevan a cabo la violencia sexual organizada”, añadió el experto.
En tanto, el Reporte destacó que “se documentaron 18 escuelas [en 2021] en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada. La violencia sexual tomaba lugar en siete estados de la república. Se constataron dos casos en los que la escuela pública había sido capturada utilizando puestos desde la dirección hasta la intendencia para la comisión de delitos”.
Además, destacó que no se ha podido determinar la manera en que los delincuentes logran infiltrarse en los planteles educativos con cargos que van desde los profesores hasta directores de los planteles, incluido el personal de intendencia.
“Tampoco se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores del plantel o personal de intendencia”, se indicó en el documentó de la ODI, en el que también se subrayó que desde el primer reporte, y pese al impacto mediático que tuvo, la Secretaría de Educación Pública no ha implementado medidas para combatir este delito.
“No ha cambiado una sola política de la SEP. No hay mayor transparencia en las escuelas y no hay avances en la investigación de posibles conexiones entre los casos”, añadió la ODI, la cual enfatizó que aunque pareciera que se trata de casos que no tienen conexión, existen coincidencia en el tipo de violencia que se ejerce contra los menores.
“Se trata de casos aparentemente inconexos pero que llaman la atención por coincidencias en el tipo de violencia que describen los niños y niñas. En todos los casos, pequeños de entre tres y cinco años describen agresiones sexuales graves e inusuales que toman lugar en prescolares públicos y privados”, detalló el reporte.
“Narran que las agresiones sexuales son cometidas por varios adultos de manera conjunta. Coincide que varios niños y niñas son agredidos de manera grupal, incluso obligándoles a lastimarse entre sí”, se agrega en el documento, mismo que puntualiza que las víctimas han mencionado la presencia de cámaras así como el uso de disfraces y de somníferos al momento de las agresiones.
El reporte subrayó que se debe llevar a cabo una investigación más completa y sería debido a que existen coincidencias entre las denuncias de niños y niñas; a que se ha documentado que en una misma escuela han actuado de manera conjunta más de un agresor, por lo que también se necesita explicar su contratación.
Asimismo, afirma que no ha sido posible garantizar la transparencia, trayectoria e información de las condiciones administrativas en las que se contratan a los docentes, por lo que la ODI reitera su llamado a que se tomen acciones para que las escuelas del país sean un espacio seguro para todos los niños y niñas.
“El problema que tenemos es que la Secretaría de Educación Pública no aporta el expediente completo de cada persona que participa en estos casos, y no se sabe si estas personas ya cometieron o ya fueron acusadas de algún abuso”, dijo al respecto el doctor Gil, quien detalló que cuando se presentan este tipo de hechos, en la escuela la SEP sólo cambia de escuela al agresor, sin que reciba el castigo jurídico correspondiente.
La SEP “está ofreciendo a las mamás y a los papás ‘que se arregle aquí entre nosotros’, cuando la obligación legal es que se dé parte inmediata a la Fiscalía, este no es un asunto que puede arreglar la autoridad educativa, tiene que ser notificada la autoridad judicial, ese es el problema, se trata de llegar a un arreglo”, acusó el doctor Gil, quien detalló que “lo que hace la SEP es decir ‘no, aquí lo vamos a arreglar entre nosotros’ [aludiendo líos jurídicos]”.
“Una cuestión que nos preocupa muchísimo es el silencio de la Secretaría de Educación Pública, da la impresión de que está protegiendo a las personas, alegando quizás que es por el bien de la educación pública, de que no vaya a ser vista la escuela como un sitio inseguro, etcétera, pero es una barbaridad. No se está acusando a la escuela ni al magisterio en su conjunto, sino que ocurre en las escuelas y la responsable de las escuelas en el país es la SEP”, reiteró Gil.
“La documentación de casos expuesta deja más preguntas que respuestas. Su pretensión es exigir que se tomen las medidas necesarias para prevenir la continuación de este tipo de delitos y que se investigue exhaustivamente cada caso y cualquier posible conexión entre los mismos”, enfatiza el reporte.
El documento también alerta sobre la posible conexión de estos casos de explotación sexual infantil y el incremento de lo producción y circulación de material de explotación sexual infantil, lo que penalmente se conoce como pornografía infantil, debido a que las nuevas tecnologías, explica el reporte, han “disparado el número de víctimas y perpetradores” de este delito.
“Tan solo en 2022, NCMC2 [una organización que recibe reportes de posible explotación infantil en línea] recibió 32 millones de reportes de páginas con material de explotación infantil”, destacó el reporte, en el que también se destacó que se logró identificar que gran parte de los perpetradores de explotación sexual infantil consumen material que involucra a menores.
“Se ha documentado que el 63 por ciento de los perpetradores consume material que involucra a niños, niñas y adolescentes de entre cuatro y 13 años de edad y el 24 por ciento ven material que involucra a víctimas de cero a tres años, material brutal o sádico y otro material violento”, se subrayó en el reporte.
“Hay una sospecha de una delincuencia organizada para la producción de pornografía infantil, alertó el doctor Manuel Gil, quien añadió que “No sólo es el daño a cada una de las pobres personitas y a las familias, sino que también está probablemente comercializándose lo que ocurre”, ya que “los hechos dan a pensar que estamos ante la muy probable delincuencia organizada con fines de venta de este material que es consumido en el mundo y que tiene ganacias de milies de millones de dólares”.
A este contexto, se suma la falta de credulidad de la que son víctimas los menores, ya que el reporte señala que “a pesar de que se sabe que este tipo de violencia existe, es común que los niños y niñas no sean creídos cuando denuncian lo que han vivido. Incluso autoridades especializadas en temas de explotación infantil muestran renuencia a creerles a las víctimas”.
En este sentido, México no es la excepción, ya que, sostiene el reporte, se suelen minimizar estas situaciones con argumentos como que “se trata de fantasías por parte de los niños y niñas”, “son dichos inducidos por parte de adultos”, “son confabulaciones con fines de extorsión a las escuelas”, además que se suelen ignorar aspectos organizados de la violencia y sólo se da seguimiento como “casos individuales de abuso sexual”.
Sobre este punto, el doctor Gil indicó que ante una denuncia de abuso sexual infantil la respuesta común de las autoridades educativas es calificar a los niños de fantasiosos o confundidos. “La respuesta en general [de las autoridades educativas] es: ‘los niños son muy fantasiosos, los niños se confunden, como le vamos a hacer caso a un niño de tres años, de cuatro años’”, explicó el doctor Gil.
Por ello, nuevamente señaló a la SEP de omisión, ya que pese a la documentación de los casos de explotación sexual infantil, la dependencia federal no se ha siquiera pronunciado al respecto, sólo intenta “evitar que esto se judicialice y de que se llegue a las fiscalías”. “Estamos ante una tragedia, estamos ante una barbaridad y ahí, digamos, el silencio de la Secretaría es aberrante, cómo podemos tener una Secretaría de Educación Pública que haga caso omiso de esto”, añadió.
Por ello, el reporte exhortó al necesario reconocimiento de esta problemática, ya que sólo así, ahondó, se podrá prevenir y combatir la misma. En tanto, el doctor Manuel Girl, destacó que al no haber un reconocimiento del problema y con ello la denuncia penal correspondiente, tampoco se tienen un total de víctimas de este delito. “Al no dar parte a la autoridad tampoco se tiene una estadística”, dijo Gil.
En tanto, el reporte también criticó que, hasta el momento, la respuesta del Estado mexicano ante estas denuncias de explotación sexual infantil haya sido también la omisión. En este sentido, también el doctor Manuel Gil hizo un llamando a que se difunda la problemática con la finalidad de “alertar a la opinión pública de lo que está sucediendo para que nos organicemos como sociedad y exijamos a la SEP”.
“El ejecutivo ignoró las denuncias concretas de escuelas capturadas por delincuencia en las que múltiples agresores actuaban conjuntamente. Simplemente respondió refiriéndose a la violencia contra la infancia de manera general”, criticó el reporte, en el que se recordó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) emitiría un informe, el cual “nunca sucedió y las denuncias por violencia organizada se ignoraron”.
“Es criminal el silencio de la autoridad, si no está haciendo algo, está siendo cómplice del problema”, concluyó el doctor Gil.
