En la revisión de los gastos que los partidos y sus candidatos hicieron en las campañas presidenciales, faltan muchos datos. No sólo no reportaron la totalidad de sus gastos, sino que hace falta información relacionada con los proveedores a los que pagaron millones de pesos.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) multó por mil 420 millones de pesos a los partidos que contendieron por la Presidencia de la República. La mayoría de las fallas fueron por la falta de información en bardas, espectaculares y propaganda en internet, documentación incompleta, mítines sin reportar y eventos registrados de manera extemporánea.
Las opacidades son varias y hay constancia en la página de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del INE. Con corte al 24 de julio, es decir, casi dos meses después de la elección presidencial, los partidos no han detallado la manera en cómo los tres candidatos: Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez; y sus partidos, Morena, PT, Verde, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano ejercieron millones de pesos.
En el caso de Claudia Sheinbaum, se reportó al INE 3 mil 413 operaciones por un gasto total de 425 millones 862 mil 258 pesos, pero ingresos por 388 millones 742 mil 593 pesos, lo que genera un faltante de 37 millones 119 mil 664 pesos.
En el apartado del reporte de montos pagados a proveedores, la información a la que se puede acceder es mínima.
En el caso de la virtual Presidenta Electa, únicamente reporta pagos a empresas por 91 millones 856 mil 980 pesos, sólo el 21.5 por ciento del gasto total y que abarcan a 35 proveedores.
En el caso de Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), los datos del INE indican que reportó mil 834 operaciones por 543 millones 476 mil 840 pesos, colocándose la que más dinero gastó en este proceso.
Aunque de sus ingresos sólo le falta reportar 236 mil 461 pesos, sobre la información de los proveedores a los que contrató sólo abarca lo referente a 113 millones 217 mil 946 pesos, es decir, el 20. 8 por ciento de todo su presupuesto.
Pero es en el caso de Jorge Álvarez Máynez en el que menos se conoce a quiénes contrató Movimiento Ciudadano para los distintos servicios de la campaña.
Máynez reportó al INE mil 209 operaciones por un gasto de 334 millones 123 mil 406 pesos de los que únicamente le hace falta sustentar 1 millón 522 mil 459 pesos, sin embargo, de la información de proveedores únicamente tiene información por 9 millones 057 mil 968 pesos, el 2.7 por ciento del total erogado.
Estos datos provienen de los registros realizados por los propios sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
Las multas propuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral son, para Morena, 392 millones 998 mil 524 pesos; Movimiento Ciudadano, 245 millones 72 mil 692 pesos; al Verde Ecologista de México, 200 millones 951 mil 832 pesos; al PRI, 196 millones 896 mil 699 pesos; al PAN, 168 millones 202 mil 419 pesos; al PT, 133 millones 501 mil 555 pesos y al extinto PRD, 83 millones 375 mil 227 pesos.
En la discusión del pasado martes, el Consejo General tuvo votaciones divididas y se cambiaron 22 veces los criterios de fiscalización. Algunos consejeros expusieron deficiencias en el trabajo de fiscalización, tiempo insuficiente para revisar a detalle, fallas técnicas en el Sistema Integral de Fiscalización y hasta falta de rigor para determinar los montos de las sanciones económicas.
El Consejero Jorge Montaño, Presidente de la Unidad Técnica de Fiscalización, dijo que las sanciones de la campaña federal pasarían de 785 millones de pesos a 300 millones de pesos menos y pidió esperar a que el área técnica haga los nuevos cálculos para saber en cuánto impactó en cada partido y replicó que no hay “rebajas” sino “criterios justos”.
En la misma sesión, la Consejera Carla Humphrey también propuso regresar las sanciones de los gastos no comprobados al 50 por ciento; la Consejera Claudia Zavala consideró que los partidos políticos fueron reincidentes en las irregularidades a la hora de comprobar sus gastos de campaña, por lo que estuvo en contra de cambiar el criterio y disminuir el porcentaje para calcular la sanción, pero se mantuvo el descuento.
