Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, es uno de los arquitectos de la llamada “Verdad Histórica” y se encuentra prófugo en Israel, donde no hay convenio de extradición con México.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contestó a su carta donde pedía la extradición de Tomás Zerón, exfuncionario mexicano que diseñó con otros la llamada “Verdad Histórica” del Caso Ayotzinapa, y dijo que está “ayudando” en la solicitud de cooperación, al tiempo de defender a las Fuerzas Armadas ante las críticas de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por impedir que las investigaciones avancen.
“Acabo de recibir una carta del Primer Ministro de Israel acerca de su interés por ayudarnos, porque allá está uno de los que participó en la fabricación de la ‘Verdad Histórica’, este señor Zerón participó en tortura, estamos solicitando que lo extraditen, estamos trabajando en eso. Ellos tienen toda la información. Primero había un pacto de silencio, nadie hablaba”, indicó en su conferencia matutina desde Nayarit.
Más tarde, cuestionado sobre los detalles de la carta, el Presidente contestó: “Están ayudando en la solicitud de cooperación, me dice [Netanyahu] su interés en ayudar, hay comunicación y lo están revisando, no puedo decir más, pero respondió la carta”.
“Hay de parte del Gobierno de Israel disposición de ayudarnos, están ayudando también del Gobierno de Estados Unidos, por ejemplo tenían grabaciones de algunos miembros de la delincuencia que habían participado, pedí a la Vicepresidenta Kamala Harris que nos las enviaran y sí las enviaron. Así avanzamos pero hay muchísimas cosas”, aseveró.
Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.
DEFIENDE A FFAA DE “CAMPAÑA” EN SU CONTRA
El Presidente también reiteró su defensa del Ejército ante las críticas de organizaciones de derechos humanos que cuestionaron a las Fuerzas Armadas por impedir que avancen las investigaciones, como denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe en el país sobre el Caso Ayotzinapa.
“No es cierto, yo voy a contestar porque soy el comandante de las fuerzas armadas, no es cierto, es una campaña en contra del Ejército sin fundamento, en general no tienen razón, es una campaña para socavar, debilitarlas. Si fuese cierto no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de jovenes de Ayotzinapa. Las fuerzas armadas han estado ayudando para que se haga justicia, pero hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejercito, sin pruebas sin elementos”, dijo también esta mañana.
“No ocultan información de nada, tienen muy claro que si un miembro o dos, cinco, 30 actuaron mal, no se puede permitir que por esa mala actuación se afecte una institución tan importante como la Defensa, que es lo que quieren los adversarios. “Quieren un Ejército mal visto, manchado, para que agencias de otros países, organismos de otros países, puedan venir a mandar en el país como lo hacían antes. La DEA entraba a México como quería”, recordó.
Además, se lanzó contra las organizaciones internacionales de este tipo, “financiadas por gobiernos extranjeros supuestamente para defender derechos humanos, la misma ONU actú de manera sectaria, parcial, tendenciosa”. “Sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos”, añadió, cuestionando que no se refirieron a la crisis política en Perú ni al “narcoestado” de Felipe Calderón en México.
“Son miles, todas cooptadas, controladas por los potentados económicos, políticos, hay una gran simulación en estas ONGs supuestamente en defensa de derechos humanos, y es claro que en el caso de Ayotzinapa, no hay un Gobierno que haya actuado en la historia reciente como lo hemos hecho contra autoridades”, dijo. “¿En qué país está preso el exprocurador y dos generales?”.
Y es que a principios de semana, los dos integrantes que restan del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Beristain y Ángela Buitrago, lamentaron que no pudieran continuar su trabajo en el esclarecimiento del paradero y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debido a la falta de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a documentos importantes para la investigación.
A la par, aseguraron que la documentación analizada no muestra una colusión entre los estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” y grupos criminales, y por lo contrario sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército y mandos policiales junto con estas cédulas del narcotráfico en Guerrero.
“Los mandos del 27 Batallón y del 42 Batallón tenían una colusión con el narcotráfico. Lo sabemos por las escuchas de Chicago y por informaciones que unos miembros de la delincuencia organizada han proporcionado. Sin embargo, Sedena niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo, interceptaciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes”, comentó Carlos Beristain este martes.
Así lo dieron a conocer este martes en la presentación de su sexto informe por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se trata de su último reporte antes de retirarse de México y después de ocho años de trabajo, mismos que fueron marcados por irregularidades por parte de las autoridades federales y falta de compromiso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acceder a registros militares que darían luz a los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
