El pasado 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe, donde dio a conocer los más recientes hallazgos, los obstáculos que ha padecido y los pendientes que quedan del caso de desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Este fue su último informe, después de declarar que no hay condiciones para que puedan continuar sus labores. 

Los dos últimos integrantes que permanecían trabajando en el caso, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, sumaron elementos y factores que permiten explicar lo que sucedió hace casi nueve años en Iguala: corrupción gubernamental a todos niveles, compenetración estructural con el crimen organizado y el abordaje castrense desde la perspectiva contrainsurgente que estigmatizó a los estudiantes. 

En suma, el Estado mexicano funcionó muy bien, pero en la lógica criminal y en agravio de los derechos de las víctimas. A quienes llevamos años escuchando pretextos de servidores públicos sobre la falta de coordinación interinstitucional y la “falta de voluntad” de otros niveles de Gobierno para avanzar en agendas de derechos humanos,  nos indigna el grado de articulación que tuvieron Ejército, Marina, Policía Federal, estatal y municipal, policías de tránsito, y otras instituciones. Ya sea para violentar los derechos humanos, o para encubrir y ocultar, hoy más que nunca toman sentido las palabras del Subsecretario Alejandro Encinas al hablar del caso: fue un crimen de Estado.

La salida del GIEI es agridulce. Agrio para las víctimas porque no hay asidero institucional dentro del país para continuar avanzando -a empellones y con muchos obstáculos- hacia la verdad y la justicia. Agrio también para una sociedad cansada de los “carpetazos” y la impunidad; solidaria con los padres y madres de los 43 y atenta a que este caso se resuelva. 

Es doloroso confirmar que los perpetradores de violencia, incluso crímenes de lesa humanidad, gozan de protección institucional. Quienes no cuentan con esta protección, parecen más una suerte de chivos expiatorios o “cuotas” para calmar los ánimos sociales (en este y otros casos emblemáticos). También muy decepcionante que este Gobierno no haya logrado resolver el caso, que haya abierto parcialmente información y decidido recular ante el poder castrense que se niega a que se conozca la verdad. La confirmación de la autonomía de facto de un actor institucional poco identificado con los principios democráticos transparencia y rendición de cuentas -las Fuerzas Armadas- es aún más inquietante.

El aspecto esperanzador radica en la demostración de que hay mecanismos extraordinarios que pueden abrir brechas donde muchas veces ni siquiera vemos caminos, que dan luz ahí donde prevalece la oscuridad. También porque sus informes son una radiografía del Estado mexicano, capturado por redes ilícitas de poder criminal, político y económico. A la par de esto, marcan una hoja de ruta para la resolución del caso y, aún más, para el cambio estructural en un país con más de 100 mil personas desaparecidas. 

A su paso, el GIEI deja testimonio duro y contundente de un país hundido en la lógica mafiosa que hoy mantiene niveles inaceptables de delitos y violaciones a derechos humanos. Su caminar está perfectamente documentado para el Gobierno que decida hacer suyas las recomendaciones emitidas y atender con seriedad las problemáticas que dieron pie a la tragedia de Iguala. Ahí están para la o el gobernante que decida poner en el centro a las víctimas.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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