Este primero de agosto de 2021, se decidirá si se ejerce el Estado de Derecho en México, o si no se ejerce, y la impunidad, de suyo asfixiante en el país, sigue imperando.

A propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se llevará a cabo una consulta ciudadano, para saber si los ciudadanos mexicanos desean que se procese a los actores políticos del pasado por las decisiones que hayan tomado. Aunque el ejecutivo de la Nación refiere que es para juzgar a los ex presidentes, no es de manera exclusiva así.

López Obrador propuso en un inicio la consulta, específicamente para juzgar a los ex presidentes que él considera integran el periodo que ha llamado “neoliberal”, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y, especialmente, Felipe Calderón Hinojosa, el ex mandatario nacional que más ocupa al actual presidente de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, modificó la pregunta propuesta por el presidente López Obrador, al confirmar que en México no se hacen leyes con nombre y apellido, inquisitorias y de carácter que afecten los derechos humanos de las personas. Entonces la pregunta que los mexicanos leerán en la consulta de este próximo domingo 1 de julio, que organiza el Instituto Nacional Electoral, es la siguiente, “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De esta forma, la consulta termina no siendo exclusivamente para los ex presidentes, sino para todos aquellos actores políticos que hayan encabezado un gobierno en los años pasados, incluido se supone, aquellos de la Ciudad de México, donde los ahora miembros de Morena, fueron gobierno con el PRD, o cualquiera de los estados de la República gobernados en el pasado por panistas o priístas. En general, “actores políticos” por “decisiones tomadas en los años pasados”. Por supuesto esto incluye también a ex secretarios de Estado, y representantes de paraestatales.

La cuestión es que en México, de acuerdo a su Constitución y sus leyes, procesar a cualquier actor político, no debería ser un hecho sujeto a una consulta, sino una obligación y facultad de la ahora Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), tanto como es, de quienes ocupan los cargos que en el pasado ostentaron esos “actores políticos”, denunciar las irregularidades que encontraron al tomar posesión, ante lo cual, y habiendo elementos que presuman la comisión de un delito, la FGE, o cualquier otra fiscalía estatal, tiene la responsabilidad de investigar y consignar.

El Estado de Derecho es precisamente eso, el sometimiento a las leyes promulgadas, por parte de los ciudadanos, las instituciones, las entidades públicas, los gobiernos y las entidades privadas, para mantener la gobernanza. Privilegiar este principio es garantizar el ejercicio del Estado de Derecho, considerando la separación de los poderes, la igualdad, la legalidad, la transparencia.

En este sentido, y suponiendo (poco sustentable, pues quién no va a querer que se juzgue a los “actores del pasado” si cometieron una conducta irregular), que en la consulta la mayoría votara por el no investigarlos, significaría que todos los delitos cometidos (en caso de tener pruebas) ¿quedarían en la impunidad?, pues sí, porque justamente eso es lo que se está preguntando.

La consulta ciudadana del 1 de agosto es para saber si los mexicanos quieren que se ejerza el Estado de Derecho o no. Un despropósito de las leyes mexicanas, que determinan en la Ley, que: “Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente Ley, y las demás disposiciones legales aplicables”. Precepto que no se debe llevar a consulta, sino ejercerlo como está mandatado en la Ley.

Si el presidente de la República, algún secretario de estado, gobernador, alcalde, diputado, o cualquier actor político, al llegar al cargo encontró, en la etapa de transición y posterior a la misma, que los “actores políticos del pasado¨, cometieron alguna irregularidad, la obligación que tiene es la de presentar una denuncia, y el Ministerio Público está obligado a investigarla y en dado caso consignarla. No hay más, la Ley es muy clara y precisa.

El propio presidente López Obrador, tuvo y tiene la oportunidad, para denunciar actos ilícitos que su administración haya detectado en el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto, sin embargo, fuera del proceso que se le sigue a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, o al ex director de PEMEX, indagación que heredó la actual administración, o aquellos procesados del área de seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no hay más. Mientras en campaña, de manera sistemática, desde 2006 hasta 2018, el hoy presidente López Obrador, prometió investigar la corrupción, fuera de eso, no lo ha hecho.

Hoy día, prefiere, en lugar de tomar acciones para las cuales está facultado, someter el Estado de Derecho a la voluntad del pueblo, y no ejercer la facultad que tiene, o respetar la que asiste a la Fiscalía General de la República, entidad que debiera iniciar la investigación sin necesidad de consulta.

Pero México está en un momento donde la voluntad de un presidente, proclive a las campañas políticas, ha decidido consultar el ejercicio del Estado de Derecho. Ojalá, si es que acaso la participación de la ciudadanía importa, se consultara también, si los mexicanos desean que los narcotraficantes, criminales organizados y delincuentes que tienen azotados a pueblos y ciudades enteras en este País, deben ser perseguidos, investigados y procesados, porque eso, tampoco se está haciendo. Lo que predomina en esta nación, es la impunidad.

Adela Navarro Bello

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