@guerrerochipres

El odio en redes sociales es una oscura oportunidad de involución política. Fanatismos, agencias, actores políticos, empresas que buscan dañar a otras. Adjetivos hirientes, burlas, negación digital del avance democrático material.

El anonimato es en buena parte una condición del furioso despliegue de insultos en esos mensajes. No únicamente. El calor de debates en diversos niveles, desde lo cuasi sicario, pasando a lo porro, de ahí a lo medianamente aceptable e incluso a la fina ironía y el gran humor respetuoso del otro.

Este fin de semana, estamos viralmente conscientes de ello, se registraron conductas que pueden ser claramente clasificadas como delictivas y que atentan contra la salud mental y seguridad infantil.

El ciberacoso del que fue víctima el hijo menor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, es semejante al que padecen miles de niñas, niños y adolescentes.

Si asumimos que la conformación de la identidad crecientemente transita por la construcción de perfiles digitales, las y los menores se hallan en una doble situación de riesgo: la derivada de su edad y el proceso antes indicado y la relacionada con entornos de polarización y odio que circulan en las redes sociales, donde los hijos de personalidades no están exentos de la violencia que genera más de 400 mil reportes al año de afectación a niñas, niños y adolescentes.

El ciberbullying es una de las actitudes más deleznables. De acuerdo con datos del Inegi, lo enfrenta el 21 por ciento de la población de 12 años o más que utiliza internet, es decir, 16.1 millones.

Más de la mitad de los casos están relacionados con mensajes o llamadas ofensivas contra los menores de edad y el 16 por ciento son críticas por su apariencia o clase social. Mientras conquistamos la realidad material del acceso a derechos en la capital nacional, en el mundo digital habita el humano salvaje.

Cuando decimos “con las y los niños, no”, justamente nos referimos a esa indiscutible necesidad de asumir colectivamente la defensa de uno de los sectores de la población más vulnerables a los ataques por medios digitales.

El anonimato en redes como Twitter —donde se viralizaron las agresiones, como también las manifestaciones de defensa al hijo del Presidente y repudio a los ciberacosadores— propicia un ambiente de discordia alimentado por la facilidad para crear y distribuir contenidos falsos y tendenciosos.

El hackeo de la cuenta de Sin Embargo para propagar parte de esos mensajes es un delito que no debe quedar en la impunidad. Actores corporativos, políticos o simples gandallas aprovechan esa facilidad a veces interpretada ambiguamente por las propias empresas de redes sociales y muchos usuarios.

La suplantación de identidad es uno de los motivos más habituales para hackear redes, entre otras razones, para defraudar, difundir información falsa desde cuentas con credibilidad o lanzar agresiones.

Visibilizar, reportar y denunciar esos ataques amplía las probabilidades de garantizar la seguridad infantil, acercar el acompañamiento emocional que puedan necesitar e investigar la suplantación de identidad.

Desde 2020, la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano, ha apoyado en más de 13 mil reportes de ciberdelitos. El robo de identidad y el ciberacoso figuran entre los primeros cinco.

Una coordinación permanente e intercambio de información con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) nacional y de la Ciudad de México, fortalece el combate a estos delitos.

Ante el anonimato en el que se ocultan los agresores y los ciberdelincuentes, la denuncia y visibilización de las conductas es la ruta para enfrentar y abatir la violencia digital.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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